Guanare.- Este 1° de junio se cumple un mes de la masacre del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello), ubicada en Guanare, estado Portuguesa. Tras el hecho se registraron 47 asesinatos y, al menos, 67 heridos de consideración. La tragedia intentó ser borrada con la evacuación y posterior clausura de la cárcel por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario, despacho que ordenó el traslado interpenales de los 2.103 reclusos hacia otras zonas del país.
De los heridos graves poco se supo. Posterior al hecho de sangre, la ministra Iris Varela visitó el Hospital Miguel Oraá, donde están recluidos 30 sobrevivientes de esta masacre a la espera de insumos y material médico quirúrgico para afrontar los procedimientos de cirugía y otras terapias ordenadas por los especialistas. Hizo la promesa de enviar lo necesario, pero aún no se concreta el compromiso.
A los dos días siguientes de haberlos ingresado al hospital sólo intervinieron quirúrgicamente a los que tenían heridas en el estómago y a tres que ameritaron amputación de uno de sus brazos. Todos los demás, es decir la mayoría, que son casos por traumatismo, los postergaron, y esta es la fecha que todavía no los han operado, reveló a El Pitazo uno de los familiares de las víctimas, cuyo nombre omitimos por razones de seguridad.
De acuerdo con el testimonio ofrecido a El Pitazo, fue hace una semana cuando se iniciaron los diagnósticos por rayos X. Los familiares desconocen si faltaron algunos por las pruebas o necesitaron repetir algunas placas, pues el 28 de mayo los volvieron a sacar del hospital para hacerles estos exámenes. Fueron llevados al ambulatorio del Ipasme porque en el Miguel Oraá no se cuenta con el servicio.
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«Todo va muy lento», lamenta la fuente. Para que sea posible el ofrecimiento de la ministra es necesario que la dirección del hospital envíe al despacho de Varela el informe médico detallado de cada caso. “Temo que esos documentos no han sido referidos a Caracas. Llego a esta conclusión basada en que veo que aún están haciendo radiografías”, advirtió.
La lentitud del proceso de atención a estos enfermos preocupa, incluso, al personal médico. “Esos muchachos están en riesgo de perder la vida: ellos perdieron mucha sangre, reciben sólo almuerzo por parte del hospital, las condiciones de higiene del lugar son pésimas, no hay trabajadores que aseen, de eso se encargan los mismos familiares. No hay jabón, cloro. Entonces, ellos están en riesgo de adquirir cualquier infección adicional a la que tienen producto de sus heridas. Algunos ya tienen salmonella”, reveló un especialista en medicina interna adscrito al Miguel Oraá, con petición de mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
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Otra cosa que conspira contra la evolución satisfactoria de los reclusos hospitalizados es la falta de personal de enfermería. “Hay muy pocos profesionales de este ramo laborando, por lo que hay días en que los presos no reciben su tratamiento porque no hay quien se los cumpla y, en otras ocasiones, lo reciben sólo los que pueden comprar una inyectadora porque a veces el hospital no tiene para dárselas. Casi todos son de lejos, así que los que no tienen familiares acá después de tantos días están sin dinero”, indicó otro familiar entrevistado.
El entrevistado señaló que el hospital ha garantizado la terapia de antibióticos, pero ello no es suficiente para una tragedia de estas dimensiones. «El llamado es al gobernador Rafael Calles y al Ministerio de Salud para que se ocupen de estos 30 sobrevivientes, cuyos derechos humanos siguen siendo vulnerados”, expresó.
