Caracas.- Migrantes venezolanos en Ecuador denunciaron a El Pitazo que son víctimas de desalojos forzosos por parte de sus arrendatarios, quienes recurren a amenazas, agresiones y suspensión arbitraria de servicios para que los inquilinos desalojen sus inmuebles, pese a estar vigente la Ley de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea Nacional de ese país.
La Ley de Apoyo Humanitario establece que durante la cuarentena obligatoria y hasta 60 días después de que culmine, no se ejecutarán desahucios a arrendatarios de viviendas. La Defensoría del Pueblo de Ecuador alertó sobre la recurrencia y crecimiento exponencial de los casos de desalojos forzados de arrendatarios a escala nacional, con un total de 234 alertas para junio de 2020.
El pasado sábado 22 de mayo, la venezolana Rossana Graterol, quien vive con su hijo de 14 años y sus dos hijas de 13 y 8 años, denunció que fue víctima de una agresión física, al igual que su hija mayor, por parte de sus arrendadores y por funcionarios de la Policía Nacional de Quito.
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«Llegó la dueña, su esposo y cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Quito, pero uno de ellos sin uniforme. La señora empezó a gritar que me iban a sacar, a pesar de que ya habíamos acordado en abril que yo comenzaría a buscar otro lugar, y yo le expliqué que no podían sacarme así. El policía que no estaba uniformado me empezó a decir que él podía sacarme», contó Graterol a El Pitazo.
La venezolana señaló que el funcionario vestido de civil comenzó a romper los vidrios de la ventana y buscaba cortar el servicio de agua de la casa, por lo que cuando sus hijos se percataron de la situación se acercaron. En vista de ello, el hombre golpeó en las costillas a la menor de 13 años. «Cuando veo la situación, enfrento al señor para defender a mi hija, y cuando estoy discutiendo con él, los policías nos rociaron gas pimienta a mi hijo de 14 años, quien también se encontraba allí, y a mi», afirmó.
Graterol acudió a la Fiscalía del Norte de Quito a las 7:40 pm el día de los hechos, pero dijo que no se le realizó el informe médico forense, debido a que el fiscal de turno alegó que poseían «golpes leves». «Ya eran las 9:00 pm y me dijeron que con el video era evidencia suficiente para la denuncia, así que volviera al día siguiente para formalizarla», indicó.
Aquiles Cordero, venezolano que vive en Manta junto a su esposa embarazada, hijos, cuñado, su pareja y sobrinos, señaló a El Pitazo que también fue víctima de desalojo forzoso. Sostuvo que el arrendatario pidió a unos conocidos que trabajan en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) que le cortaran el servicio como medida de presión para desalojarlo.
«Ellos alegan que el desalojo es porque los vecinos se quejan por el ruido de los niños. Nosotros no nos hemos negado a desalojar, pero le pedimos un tiempo para buscar otro sitio», expresó el venezolano, quien afirma que recibe constantemente mensajes con amenazas e insultos por parte del casero, pero que este los elimina poco tiempo después de que son enviados.
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El pasado 13 de mayo acudieron trabajadores de la Cnel, junto con dos funcionarios de la policía, a la casa en la que viven ambas familias para cortar el servicio eléctrico. «El dueño no se aparece por la casa, tiene un familiar que trabaja en la Cnel y les piden el favor de que nos corten el servicio sin tener una orden legal», manifestó.
Cordero acudió a la Fiscalía, pero no se procesó la denuncia debido a que habían funcionarios policiales involucrados en el hecho. «Nos dijeron que no procede porque hay policías involucrados. Entre ellos se cuidan las espaldas. Solo recibimos apoyo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia quienes nos asesoraron, pero de resto nada», afirmó.
