Caracas. Considerado el segundo mayor éxodo de población del planeta, la migración forzosa venezolana se encuentra, en buena parte, en una situación de desprotección en materia consular en el mundo, revela el más reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH Ucab).
Con base en entrevistas realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 en varios países de las Américas y Europa, el CDH de la Ucab concluye en la investigación Desprotegidos: Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior que, salvo excepciones, la población venezolana en el exterior no se siente representada ni apoyada por su Estado.
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El estudio identifica el origen de lo que considera una situación de indefensión jurídica de millones de venezolanos en el exterior – que también afecta a nacionales de esos Estados que residen en Venezuela – en la existencia de un gobierno bicéfalo en nuestro país.
Es decir, a raíz de la declaración de un gobierno de transición el 23 de enero de 2019 y la designación de representantes diplomáticos ante más de 40 países y organismos multilaterales, se produjo una situación de ruptura de relaciones de varios Estados con el gobierno representado por Nicolás Maduro, que no se limitó al ámbito diplomático, sino que, en algunos casos, se extendió a las relaciones consulares, refiere el centro de investigación de la Ucab.
“Actualmente nos encontramos con una situación atípica, donde hay consulados en manos de representantes de Nicolás Maduro, otros están en manos de representantes del gobierno de transición que ejercen algunas funciones consulares y en otros países con servicios consulares duales, es decir, conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno de transición, lo que incide negativamente en los derechos de los venezolanos en el exterior”, afirmó Ligia Bolívar, responsable de la investigación, mediante una nota de prensa.
Derechos restringidos en casa
La investigación del CDH de la Ucab advierte que las restricciones para el ejercicio, por ejemplo, del derecho a la identificación comienzan dentro del país, «en la medida en que el Estado no produce los documentos que está obligado a emitir o lo hace con extremada lentitud, lo cual genera barreras de acceso que solo parecen ser superables a través de actos de corrupción».
Es el caso de la obtención de documentos como la cédula de identidad, la partida de nacimiento, el pasaporte o la certificación de calificaciones y títulos para la educación.
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El informe subraya además que la falta de simplificación de trámites «ha conducido al surgimiento de redes de corrupción en las que participan gestores y funcionarios de diversas dependencias del Estado».
Servicios consulares deficientes
El documento Desprotegidos: Impacto de la ausencia de servicios consulares en los
derechos de la población venezolana en el exterior destaca que a los obstáculos para la obtención de los documentos de identidad en Venezuela se suman la ausencia o limitación de servicios consulares en el exterior derivada de «la pugna entre dos bloques que reclaman la legitimidad de la representación del país».
Aunque personas entrevistadas por el CDH de la Ucab que residen en diferentes países de las Américas y Europa reconocieron la existencia de un servicio consular eficiente y con funcionarios dispuestos a brindar orientación y buscar soluciones, especialmente en lo que respecta al trámite del pasaporte y prórroga, en otros países, sin embargo, la gestión fue catalogada de «poco transparente».
«No se brinda orientación a los ciudadanos y se realizan cobros en efectivo al margen de las tasas oficialmente establecidas», apunta la investigación, al destacar además el hecho de que no se proporciona ningún recibo o constancia de pago, «lo que dificulta el seguimiento de los trámites y la verificación de su realización por parte de los funcionarios».
La valoración negativa aumentó cuando los entrevistados fueron consultados sobre la asistencia consular para casos de emergencias de salud, robos, detenciones, defunciones y repatriación de fallecidos, entre otros, salvo algunas excepciones.
«El balance general es el de un servicio deficiente, frente al cual el ciudadano se siente en minusvalía, toda vez que los funcionarios no actúan con la debida diligencia en el desempeño de sus atribuciones», se lee en el documento.
Situación de indefensión en Colombia y Estados Unidos
La investigación a cargo de la profesora Ligia Bolívar destaca el caso de los venezolanos en Colombia y Estados Unidos, países que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro pero sí al gobierno interino de Jun Guaidó.
Sin embargo, observa que las funciones de caracter consular asumidas por los representantes de este último tienen un alcance limitado que impide a los venezolanos acceder a ciertos documentos o realizar determinados trámites.
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Y aunque de acuerdo con el derecho internacional, un país que no tiene relaciones diplomáticas ni consulares con otro Estado desarrolla acuerdos con un tercer país para que se haga cargo de los servicios consulares de sus ciudadanos, eso no ocurre en el caso de Venezuela.
«Situaciones como las de Colombia y Estados Unidos también constituyen una violación de los compromisos internacionales de Venezuela hacia sus ciudadanos fuera del país, en la medida en que no ha buscado opciones para representar y brindarles asistencia consular«, reseña el informe del CDH de la Ucab.
Sin derecho a la reunificación familiar
Uno de los derechos más vulnerado por la ausencia o limitación de los servicios consulares es el asociado a la unidad familiar de los venezolanos en el exterior, a causa de la imposibilidad de obtener un pasaporte o renovar el existente, refiere la investigación del CDH de la Ucab.
«Muchas personas salieron de Venezuela dejando familiares atrás hasta estabilizarse y contar con recursos para llevar a otros miembros de sus familias a su nuevo lugar de residencia. En el transcurso de este tiempo, familiares que permanecen en Venezuela se encuentran atrapados e imposibilitados de reunirse con sus seres queridos fuera del país, debido a la falta de pasaporte«, precisa el documento.
El centro de investigación de la Ucab recogió también testimonios de personas que han perdido oportunidades de empleo debido al vencimiento del pasaporte. «Igualmente se conocieron casos de personas que se encontraban en condición regular en un país, pero que al expirar su pasaporte no podían estamparle una nueva visa y, en consecuencia, perdieron el empleo; al dejar de percibir ingresos no pudieron pagar vivienda ni autosostenerse, por lo que pasaron a ser una carga para el país receptor», indica el informe.
Asimismo, identificaron la violación del derecho a la identificación en la ausencia de servicios consulares para el registro de hijos de padres venezolanos y nacidos en otros países.
Recomendaciones
Frente a la deficiencia en la producción de documentos por parte del Estado venezolano, que afecta a los ciudadanos dentro y fuera del país, la investigación Desprotegidos: Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior exhorta a los países de acogida a avanzar hacia una mayor flexibilidad en los requisitos exigidos a los venezolanos.
Asimismo, llama a restablecer los servicios consulares con Venezuela, «aun cuando se mantengan suspendidas las relaciones diplomáticas, a fin de asegurar que tanto los ciudadanos venezolanos como los de otros países que residen en Venezuela no se vean afectados en el disfrute de sus derechos a causa de diferencias políticas entre Estados«.
«En este contexto resulta poco realista que los países receptores exijan a personas
provenientes de Venezuela con necesidad de protección internacional, documentos que el Estado venezolano no produce o no certifica», destaca el informe.
