Caracas. La Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), una ONG que defiende y promueve los derechos humanos de migrantes, rechazó la práctica de las devoluciones en caliente iniciada por el Gobierno de Sebastián Piñera el domingo 13 de febrero, por considerarla inconstitucional y violatoria del derecho al asilo.
«Mientras no exista un plan de coordinación con los países limítrofes, las reconducciones, devoluciones en caliente o push backs (que dicho sea de paso están prohibidas en el Derecho Internacional), no podrán llevarse a cabo, ya que implica una vulneración del derecho a la libertad de tránsito establecida en la Constitución Política chilena vigente, así como del Derecho al Asilo consagrado en el Artículo 14 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos», sostuvo la ONG mediante un comunicado el lunes 14 de febrero.
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La ONG indicó en el texto que recogió testimonios de migrantes, en su mayoría venezolanos, que recibieron instrucciones del personal Carabineros y las Fuerzas Armadas apostados en la frontera norte de dirigirse al Complejo Fronterizo para realizar un trámite de autodenuncia, en el cual aquellos que resultaran con antecedentes serían devueltos a Bolivia.
«La ‘reconducción’ como se está ejecutando dificulta el acceso a personas, previamente reconocidas como población de interés del Acnur en el año 2018 como lo es la población venezolana, que pudiesen necesitar protección internacional«, añadió Asovenchile en el comunicado.
Vulnerabilidad y desprotección
Sostuvo que los migrantes no han sido acogidos por Bolivia, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y desprotección, al quedar varados e impedirles la posibilidad de apelar a esta sanción. Asimismo, la ONG venezolana solicitó al Gobierno de Chile estudiar con especial atención los casos de niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan con sus familias o sin acompañantes, bajo la Convención de los Derechos del niño, suscrita por Chile en 1990.
Consideró urgente la implementación de mesas de trabajo integradas por el gobierno central, autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y el empresariado chilenos, a fin de implementar medidas dirigidas a evitar la creación de lo que considera “corralitos”, similares a los creados en la frontera entre México y Estados Unidos.
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Abogó por una solución consensuada, integral y respetuosa de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la situación migratoria y de refugiados que se presenta en la frontera de Chile con Bolivia y Perú.
«Las decisiones unilaterales solo traerán más consecuencias negativas para el país y todos sus habitantes», sostuvo Asovenchile, antes de denunciar el hostigamiento y amenazas a defensores y activistas de la comunidad migrante, entre ellos a la abogada venezolana Pamela Celedon.
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El Gobierno de Chile inició la práctica de lo que llama la reconducción de migrantes, después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería el sábado 12 de febrero, tras la publicación de su reglamento.
Se trata de devoluciones en caliente al país de donde proceden quienes sean sorprendidos ingresando a Chile por pasos no habilitados o trochas o con documentos falsificados, según establece la nueva ley.
