Caracas.– La Corte de Apelaciones de Coyhaique (ciudad de la Patagonia chilena), a solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) de la región de Aysén, frenó la deportación de dos venezolanos que ingresaron a Chile de manera irregular
Ambos profesionales argumentaron que fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares, refiere el organismo nacional de derechos humanos chileno en su página web.
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La Corte respondió así al recurso de protección presentado por el Indh a favor de estos dos venezolanos que relataron que policías peruanos, previo pago de 15 dólares cada uno, les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en esa zona existen minas antipersona que ponían en riesgo sus vidas.
La nota del Indh indica que, ya en suelo chileno, los venezolanos habían iniciado los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería, a fin de conseguir visa sin, por ahora, recibir respuesta.
Pese a estas gestiones, la intendencia de Arica y Parinacota había ordenado la expulsión de estos dos venezolanos, por lo que el Indh en la Región de Aysén (zona donde residen estos migrantes) presentó un recurso de amparo en su favor.
El organismo nacional de derechos humanos chileno aseguró, el 25 de febrero en el recurso, que la decisión de la intendencia “está revestida de características de arbitrariedad e ilegalidad, desde que se vulnera el principio de inocencia y, en general, el debido proceso, al disponer una sanción administrativa sin el antecedente que la propia norma hace exigible, esto es, la sanción penal, y, por ende, la constatación judicial del ingreso clandestino”.
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“En este contexto cobra relevancia que los amparados hayan sido víctimas de una red de tráfico de migrantes, lo que podría haber motivado aún más su llegada a Chile en busca de protección, tomando en consideración las vulneraciones de las que fueron objeto”, argumentó el Indh en el recurso presentado.
El organismo nacional de derechos humanos chileno indica, además, que estas dos personas residían en Venezuela, donde se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, lo que les impedía ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en Petróleo y de paramédica y farmacéutica.
