La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar No. 984-19 el 9 de diciembre de 2019, solicitada por la organización de derechos humanos Defiende Venezuela, a favor de un niño de 15 meses de edad hijo de una madre venezolana, por considerar que se encuentra en grave riesgo, urgencia y daño irreparable como resultado de la pérdida del vínculo familiar al ser separado de su madre, víctima de trata de personas en Trinidad y Tobago.
El infante es hijo de Isis Carol Villalobos, quien desde hace más de un año se encuentra en una residencia para niños bajo la protección del Estado de Trinidad y Tobago debido al proceso judicial abierto con respecto a la custodia del niño, entre la madre y una supuesta pareja adoptiva residente en Trinidad y Tobago, quienes la transfirieron a ese país y la obligaron a renunciar a la custodia de su hijo, reseña una nota de prensa de Defiende Venezuela.
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Durante más un año no se le ha permitido a la señora Villalobos tener contacto alguno con su hijo hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia de Trinidad y Tobago decida sobre su custodia. Se espera que la decisión se dicte en enero de 2020, pues se ha pospuesto sin motivo en reiteradas ocasiones.
En agosto de 2018, durante el sexto mes de embarazo, un amigo de Isis Carol Villalobos se puso en contacto con ella en Caracas para sugerirle que diera a su hijo en adopción en Trinidad y Tobago, para lo cual su contacto en ese país se encargaría de pagar todos los gastos en que incurriera. La mujer fue enfática en que deseaba conocer a los futuros padres adoptivos personalmente.
Una vez en Trinidad y Tobago, a la señora Villalobos —que planeaba estar por solo tres días— le fue suministrada una sustancia que le indujo el parto y fue recluida con su bebé en la residencia de sus contactos iniciales en la isla, quienes resultaron ser sus captores. Le sustrajeron al recién nacido y lo ubicaron en una habitación contigua, y luego la obligaron a firmar un documento en el que renunciaba a la custodia de su hijo. La mujer regresó a Venezuela, pero al corto tiempo volvió a Trinidad y Tobago para iniciar una batalla legal para recuperar a su hijo.
Por todas estas razones, la Cidh instó a Trinidad y Tobago a tomar todas las medidas necesarias para proteger los intereses del bebé, especialmente aquellos que protegen sus derechos a la integridad personal, identidad y vida familiar.
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El niño no ha sido amamantado durante más de un año, privándosele de la fuente que proporciona toda la energía y los nutrientes que el necesita durante los primeros meses de vida, lo que puede tener un gran impacto en su salud. Estas condiciones pueden producir daños psicológicos, culturales e incluso físicos durante el desarrollo de su vida adulta. En consecuencia, la falta de medidas para establecer un contacto efectivo entre madre e hijo, como un procedimiento de visita, para garantizar el bienestar del niño podría causar secuelas sustanciales en su crecimiento y formación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos concordó en que la separación familiar debe ser en todo caso de carácter temporal, ya que cada Estado debe tomar las medidas para garantizar la reunificación familiar, así como la posibilidad de establecer un régimen de visitas para mantener el vínculo familiar del niño con su madre, preservar sus relaciones familiares y garantizar su bienestar.
Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, señala que este caso marca un importante hito en la visibilización de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo a las que están sujetas las mujeres y niños venezolanos que se ven forzados a migrar a países vecinos debido a la crisis que sufre Venezuela.
