Bogotá.- Las autoridades de Colombia y España capturaron a 24 personas que presuntamente forman parte de una red de prostitución y trata de personas, según informó este martes 22 de junio la policía colombiana.
Las autoridades de Colombia capturaron en la población de Espinal, en el departamento del Tolima, a Manuel Enrique Bastidas Herrera, solicitado en extradición por la justicia española por cargos relacionados con integración de organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
De acuerdo con el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 5 de Segovia, Bastidas haría parte de una red que contactaba, entre 2017 y 2018, en Colombia a mujeres en situación de vulnerabilidad, preferiblemente venezolanas.
En desarrollo de la «Operación transnacional Úbeda» también fueron rescatadas 26 mujeres, la mayoría venezolanas, y se logró la captura de 19 personas en España y 5 en Colombia.
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«En total, fueron capturadas 24 personas, cuatro de ellas en Bogotá, una en Villavicencio (centro) y 19 en España. En total 23 eran de nacionalidad colombiana y una nacida en ese país», detalló la Policía colombiana en un comunicado.
Entre las mujeres rescatadas hay una menor de 16 años que, según las investigaciones, pudo salir de Colombia «con documentos de autorización falsificados por la organización».
Los delincuentes tenían como fachada en Colombia una academia en la que supuestamente dictaban clases de belleza, ubicada en Villavicencio, en donde «eran escogidas las víctimas especialmente entre los 16 y los 25 años de edad».
En Colombia, una mujer era la encargada de convencer a menores de edad y jóvenes de escasos recursos con falsas promesas de trabajo en España, lo que presuntamente les iba a representar la posibilidad de obtener dinero para ellas y sus familias.
También les prometía billetes de avión, alimentación y tramitar documentos para el desplazamiento a Europa.
Ya en España, las mujeres eran trasladadas a diferentes viviendas de Úbeda, en Andalucía (sur), donde les «retenían sus documentos personales y las despojaban de sus celulares para impedir cualquier comunicación con sus familiares, amigos o autoridades».
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Para evitar su fuga, la red las obligaba a firmar pagarés por sumas que ascendían inicialmente hasta los 3.300 euros, cantidades que se incrementaban día a día por concepto de manutención o multas.
«Lamentablemente, las víctimas no tenían otro camino que cancelar sus deudas a través de la explotación sexual a la que eran sometidas», agregó la Policía.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y constreñimiento a la prostitución.
