Lo que se sabe a un año de la tragedia que causó 19 muertes en Los Cotorros

Un año después, dos fuentes confirman que los jóvenes que provocaron la tragedia intentaban realizar un robo masivo en el Club Social de El Paraíso, pero en medio del hecho uno de ellos lanzó una bomba lacrimógena que desató la tragedia. El proceso judicial para castigar a los responsables continúa, pero no avanza con la celeridad que exigen los familiares de las víctimas

Redacción e investigación: Armando Altuve y Patzzy Salazar

–No puedo respirar, no puedo respirar.

El gas tóxico penetró y quemó sus mucosas nasales, nubló su visión en cuestión de segundos. Su respiración acelerada buscaba inhalar aire limpio, sentía como su garganta empezaba a estrecharse, sofocado no podía seguir de pie. Luis Roniel Guerra, de 19 años, antes de desplomarse cerca de la salida del local, ubicada en un estrecho pasillo con escaleras, empujaba con desespero a otras personas que amontonadas intentaban huir de la sustancia. Su cuerpo, ya desvanecido, quedó a merced de una estampida humana. Bárbara Bárcenas, de 29 años, oyó el desespero de Luis Roniel, pero su atención estaba centrada en saber dónde se encontraba su hermana Jennifer, a quien perdió de vista cuando el humo comenzó a expandirse y a concentrarse en el club. No pudo ayudar a Luis Roniel, pero tampoco dio con Jennifer, quien salió al rescate de uno de sus amigos, porque al inhalar tanto el gas lacrimógeno también se desmayó.

Bárbara y Luis Roniel acudieron junto con sus hermanos y otros amigos a una fiesta que culminó con la muerte de 19 personas, entre ellas, adolescentes y adultos. La madrugada del 16 de junio de 2018 un adolescente, tras una álgida discusión, detonó una bomba monofásica en el interior del Club Social de El Paraíso, conocido popularmente como Los Cotorros, donde en principio, se tenía previsto realizar una celebración de prograduación que, al final, terminó siendo abierta a todo público. La expansión y concentración del gas tóxico en el espacio produjo que los asistentes corrieran hacia la salida principal para escapar del humo.

La fiesta realizada el 15 de junio fue nombrada The Legacy, y era la primera vez que tenía como sede el Club de Los Cotorros, un establecimiento registrado el 1 de julio de 1982 y cuyo dueño es de nacionalidad ecuatoriana. El evento estaba pautado para el mes de abril, pero fue suspendido por fallas logísticas, según contó una fuente a El Pitazo. El festejo estuvo a cargo de un grupo de promotores encabezado por Jesús Navas, un joven de 17 años que se ha dedicado a organizar espectáculos en locales nocturnos caraqueños junto a su hermanastra María de los Ángeles Arcia, de 19 años, quien actualmente está detenida por los sucesos.

El evento fue promocionado por redes sociales a través de la página de Facebook Rumba Rumba Caracas. Estaba fijado que a la actividad asistirían 120 personas, pero según el número de entradas vendidas esa noche acudieron 180, una cifra inferior a la mencionada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien apuntó que en el espacio se concentraban más de 500 personas. Se supo, por fuentes ligadas al club, que el salón tiene una capacidad para 300 asistentes. “Ese espacio era inmenso y la mayoría de las personas nos concentramos más hacia la tarima, incluso quedaba otro espacio libre hacia los baños”, contó Santiago Omaña, de 19 años, sobreviviente de la tragedia que actualmente reside en Argentina.

The Legacy se vendió bajo el concepto de una fiesta de pro-graduación a través de un flyer difundido en Facebook. El evento había sido promocionado, previamente, en tres instituciones educativas del oeste de Caracas. La edición de esta fiesta ha sido publicitada varias veces en Facebook y, en ocasiones pasadas, se realizó en otras zonas de la ciudad capital. En la página de Facebook de Rumba Rumba Caracas, en la que se detallaron los costos de las entradas, se indicaba que el espectáculo en Los Cotorros regalaría una experiencia de “desmadre, gozadera, sonido aturdidor y buena vibra”.

Resultó lo contrario.

Una fiesta que se convirtió en tragedia

El expediente del Ministerio Público N° MP-214747-2018 de la Fiscalía 14° de Control del Área Metropolitana de Caracas, presentado en agosto del año pasado y que contiene una acusación formal sobre el caso, detalla que cuatro adolescentes identificados plenamente en el recurso, y un mayor de edad, Gilberto Alejandro Petit Quintero, nacido el 20 de mayo de 1999 y residente de la urbanización UD4 de Caricuao, en Caracas, iniciaron una «riña» en la que partieron botellas, sacaron armas de fuego y una bomba lacrimógena que terminó siendo detonada por uno de los menores de 16 años. Cuando los asistentes al espectáculo intentaron escapar del gas, quedaron atrapados en un pasillo estrecho que tiene una escalera que conecta el salón de fiesta con la salida principal del recinto.

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Jóvenes que relataron su experiencia durante la fiesta, coinciden en que previo al estallido de la granada monofásica hubo una primera pelea en las cercanías del baño de caballeros que obligó a parar la música y a encender nuevamente las luces del salón. No detallan con precisión el motivo de la disputa, pero en principio se atribuía a un lío de faldas. Lo que sí aseguran es que Gilberto Alejandro Petit estaba presente en la discusión.

A él lo reconocen por una fotografía que se difundió en redes sociales tras la tragedia, y en la que aparece con una camisa blanca de detalles rojos y en medio de dos de los adolescentes detenidos por los sucesos. Se supo por los testimonios que los promotores del evento, Jesús Navas y María de los Ángeles Arcia, se habían acercado para apaciguar los ánimos caldeados. Sin embargo, pocos minutos después, otro botellazo alertaba que la pelea aún no se había resuelto. Y luego el humo sorprendió a los asistentes.

El expediente de la Fiscalía sobre el caso calificado como de conmoción nacional, destaca que la granada encontrada era de tipo de mano lacrimógena, elaborada de material sintético y de color negro, cuya acción química es asfixiante e irritante. “Su uso en recintos cerrados y de poca ventilación puede causar heridas graves y hasta la muerte”, resalta el informe. Pero, en la información relacionada con la autopsia de los fallecidos, que también está en el expediente, no específica el compuesto químico de la bomba del artefacto que inhalaron las víctimas.

Mónica Kräuter, química y profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) y quien se ha especializado en el estudio de estas bombas, indica que hay tres sustancias permitidas para la fabricación de estos artefactos que solo son empleados para el control de manifestaciones públicas que se tornan violentas o disturbios. Kräuter apunta que del arsenal que hay en Venezuela, 90% tienen gas de tipo CS (clorobenzilideno malononitrilo). Este gas, cuya vida útil oscila entre 3 a 5 años, puede causar la muerte a personas asmáticas, alérgicas y cardíacas, enfatiza Kräuter.

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Los marcos internacionales han sido claros sobre en quién recae el almacenamiento y resguardo de las bombas lacrimógenas: la Convención sobre las Armas Químicas de 1997 firmada por Venezuela, determina que estos artefactos solo deben estar en manos de las Fuerzas Armadas de los respectivos países. Igualmente, el Código Penal venezolano en su artículo 296 establece que aquellas personas que utilicen una granada u otra munición para generar terror y desorden en el público, que disparen armas de fuego, lancen sustancias explosivas o incendiarias contra la gente o propiedades, serán penados con prisión de tres a seis años.

A un año del suceso, los familiares de las víctimas insisten en conocer detalles de la procedencia de la bomba que aseguran, apalancados en versiones preliminares recogidas durante el proceso de juicio de los implicados, fue ingresada por Gilberto Alejandro Petit al recinto sin ser requisado previamente por algún integrante de la seguridad. Poco se ha dicho sobre esta inquietud; pero lo único que se sabe es lo que dijo el pasado 25 de julio de 2018 el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, quien asomó que el arma química había sido comprada en Catia, al oeste de Caracas. No dio más detalles.

Tampoco las autoridades aclaran nada sobre la ausencia de seguridad en el local. Los familiares denunciaron que en el establecimiento no hubo personal que custodiara los espacios y evitará el ingreso de armas de fuego y bombas lacrimógenas. Testigos aseguran haber visto a dos hombres de seguridad, pero que no hacían requisas adecuadas; incluso coinciden en que se habían escapado al momento de la detonación del artefacto. «A mi jamás me revisaron cuando entré», recuerda Elvira Gómez, sobreviviente de la tragedia de Los Cotorros.

El Pitazo tuvo acceso a un modelo del contrato que es presentado por la gerencia del Club Social de El Paraíso a todos los arrendatarios interesados en realizar eventos en sus espacios. La cláusula 5 establece que las personas que alquilan el salón contratarán por su cuenta servicios de seguridad privados o contarán con la presencia de los efectivos de orden público del Estado. Pero además se señala que cualquier hecho irregular que ocurra durante las actividades realizadas, el arrendador podrá dar fin al evento.

Hay más: la persona que firmó el contrato, incluso, aceptó los términos establecidos en la cláusula 15 que indica que “la arrendadora no se hace responsable de los daños y perjuicios que pueda sufrir el arrendatario o cualquiera de los asistentes a la fiesta por causas de fuerza mayor, casos fortuitos, por ruina, incendio o derrumbe”. Pese a esta disposición, la decisión del Ministerio de Interior y Justicia de mantener el local clausurado después de asegurar que sus dueños incumplían artículos de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, aún se mantiene vigente. El Pitazo no pudo conocer quién de los organizadores firmó el contrato para realizar la fiesta The Legacy en Los Cotorros.

Un obstáculo en la salida

En el expediente, el Ministerio Público resalta que cuando las personas salieron despavoridas se encontraron con la sorpresa de que un adolescente de 17 años mantenía «cerrada» la puerta del local y amenazaba de muerte con un facsímil de arma de fuego e impedía el paso a los presentes «para evitar que salieran y facilitar la salida de sus cómplices por estos hechos».

Testigos presenciales consultados por El Pitazo, y que luego apoyaron con el desalojo de las víctimas del recinto, aseguran que el adolescente de 17 años salió del local minutos antes de la detonación de la bomba lacrimógena. El joven, que lucía una camisa roja y un mono gris, se escondió en un árbol ubicado frente a la entrada principal del establecimiento y sacó el arma, que incluso varias personas les pareció que no era falsa. Los que lo vieron no dudan en afirmar que se trata del muchacho que aparece en aquella foto al lado derecho de Petit.

Pese a lo descrito en el expediente de la Fiscalía, al igual que en algunas versiones de los familiares dadas a conocer en medios de comunicación sobre el cierre de la puerta principal, un trabajador del Club de Los Cotorros, que prefirió reservar su identidad, señaló que ni la puerta principal ni la reja que está al comienzo de las escaleras estaban cerradas al momento de la detonación. Aclaró que el gas de la bomba aún no se había propagado por el pasillo que daba hacia la salida del establecimiento, por lo que podrían haber salido del lugar sin inconvenientes. Pero el adolescente que los apuntó con el arma falsa impidió la huida mientras las personas atrapadas se empujaban entre unos y otros.

–Sal, sal, sal, que por tu culpa va morir este gentío. –Ese comentario fue lo que Santiago Omaña alcanzó a oír con claridad de la boca del adolescente que portaba el facsímil.

“El chamo que tenía camisa roja se la quitó y apuntó con el arma hacia la reja que luego cerró. Él le dijo a alguien: ꞌsabes que si abres, te disparoꞌ, y se fue corriendo. Después se abrió la reja, pero como había tanta gente desmayada en la escalera no se podía salir rápido. El vigilante pudo abrir otra puerta del local y empezamos a salir por allí”, recordó Santiago, quien es novio de Elvira Gómez, una de las sobrevivientes de la tragedia y hermana de Giannina Gómez, que falleció con apenas 14 años tras asfixiarse.

Los sobrevivientes contaron que entre el reducido espacio que queda entre la reja y las escaleras, persona a persona se fueron amontonando y formaron una montaña humana. Brazos, cabezas, piernas y manos quedaron aplastados, no se diferenciaba a quién pertenecía cada extremidad. Esta situación, generada en medio de la estampida, es la razón que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, atribuye a las muertes. Aunque en las dos únicas declaraciones públicas conocidas, en las que el funcionario hizo mención a los sucesos de El Paraíso, no enfatizó que la bomba había sido el detonante del desenlace fatal.

El Ministerio Público confirmó que, efectivamente, otro grupo de personas logró salir minutos después por una “puerta adyacente” del club social. Esa salida, según un trabajador del local, es la de emergencia y está ubicada en la segunda planta del recinto, cerca de los sanitarios. Santiago, junto con Manolo Jean Celestin, quien era su vecino y el vigilante de guardia de Los Cotorros, y su amigo Cristian Guevara, de 19 años, ayudaron a sacar de la edificación a las personas afectadas por los gases.

Luego de horas, Santiago supo que entre en el tumulto del pasillo se encontraba Gilberto Alejandro Petit.

Bárbara Bárcenas, ya consciente, no se explica cómo salió del lugar ni sabe cuánto tiempo estuvo desmayada. Preocupada, y a pesar de que en el ambiente seguía condensado el olor a pólvora ácida, ingresó nuevamente al interior del establecimiento para buscar, sin éxito, a su hermana. Minutos después, Jennifer fue sacada del club por unos amigos de Bárbara, quien luego la tenía en sus brazos dormida y golpeada. No reparó en medir su pulso, separó los párpados de uno de sus ojos y notó que su mirada estaba fija, su pupila negra cubría casi toda la superficie ocular. “Yo sabía que mi hermana estaba muerta”, sentenció.

Cuando Bárbara llegó al hospital Miguel Pérez Carreño con su hermana, luego de que fuese montada en una patrulla del Cicpc, una trabajadora del centro de salud le confirmó el fallecimiento de Jennifer, quien fue ingresada a la morgue con los otros cadáveres de los jóvenes asfixiados. Allí se percató de que no estaba solo Jennifer, sino también Luis Roniel, quien horas antes le decía angustiado que perdía la respiración. Luis Roniel estaba hinchado, tenía un golpe en la frente y, en su ropa, tenía marcas de las suelas de los zapatos de las personas que salieron corriendo del club. Bárbara recuerda haber visto más cuerpos en ese espacio. “Nosotros creemos que allí hubo más de diecinueve muertos”, aseguró.

En ese mismo hospital, y entre los cadáveres, se encontraba Adrián Blanco Morales, quien murió con 16 años. Adrián había salido de su casa a las 11:00 p.m. con tres de sus amigos del baloncesto, y estando en el taxi que los llevaría a la fiesta, su madre lo despidió echándole la bendición. Según el estudio forense registrado en el expediente del Ministerio Público, Morales junto al resto de las víctimas fallecieron por los mismos motivos: edema cerebral severo, asfixia mecánica por sofocación, edema cerebral y cierre de la glotis causada por la inhalación del gas tóxico.

Con Gianinna Gómez Suárez (14), Jennifer Bárcenas (25), Luis Roniel Guerra (19) y Adrían Blanco Morales (16) fallecieron: Adrianny Paz (16), Alejandro Durán Escobar (21), Angie Castro (16), Cristóbal Altuve Valenzuela (17), Marcos Altuve Valenzuela (18), Félix Eduardo Contreras (19), Kleiber Eloy Berrío Corona (17), Keisnel Tovar (21), Leslie Alexandra Peñuela (32), Lourdes Katherine Palacios Navas (21), Jorghen Alexander Castro (19), Yois Yanin Betancourt Castro (16), Arianny Regalado (14).

17 personas murieron la madrugada del 16 de junio, en su mayoría, en el Hospital Pérez Carreño. Ariadna Franquiz (14), amiga y compañera de colegio de Gianinna Gómez, falleció el 18 de junio en la emergencia de ese centro de salud después de sufrir un paro respiratorio. Un mes después, el 18 de julio, en el Pérez Carreño, murió Johanny Amaro (16).

Cuando Santiago y Cristian sacaban a algunas de las personas desmayadas, las dejaban en el suelo de la calle para que tomaran aire. Cerca del local habían patrullas de la Guardia Nacional, cuyos efectivos, según denunciaron los sobrevivientes, no les prestaron auxilio a los afectados. Luego de horas, tres vehículos del Cicpc llegaron al sitio y trasladaron a algunos de los heridos y ahogados al Pérez Carreño y a la Clínica Popular de El Paraíso. “Un guardia nos dijo que no se meterían en eso porque a nosotros nadie nos mandaba a ir a fiestas”, rememoró Bárbara Bárcenas.

Diana Altuve, hermana de los fallecidos Cristóbal y Marcos Altuve, está convencida de que Cristóbal seguía con vida cuando fue sacado de Los Cotorros. Pues asegura que, en uno de los videos que circuló en redes sociales y mostraba el momento en el que se desalojaron a las víctimas, percibió a su hermano menor flexionando sus piernas. “Una persona que está muerta no puede mantener la pierna en esa posición”, sostuvo.

“Todos los chamos salieron con signos vitales, pero ninguna autoridad prestó atención ni los ayudó a acercarse a los hospitales. Los mismos muchachos se encargaron de cargar y llevar caminando a los más afectados a los hospitales. La mayoría llegaron más estropeados de lo que estaban y sin vida”, contó una persona que estuvo en la fiesta, bajo reserva de su identidad. Él dijo que solo uno había muerto en el pasillo de la entrada principal de Los Cotorros.

Un intento de robo

Hay una situación que se convirtió en un secreto a voces entre las personas que fueron a la fiesta en Los Cotorros; pero que las autoridades no han mencionado: las denuncias sobre el robo masivo que pretendían realizar los responsables de las muertes en el local de El Paraíso y que no se concretó por la activación de la granada. Sin embargo, las versiones de los sobrevivientes y familiares de las víctimas apuntan que, tras la tragedia, a muchos de los asistentes, incluso aquellos que estaban inconscientes, personas desconocidas los despojaron de sus pertenencias, entre ellas celulares y prendas de vestir. “A muchos de los que sacaron desmayados los estaban robando frente a los guardias nacionales”, contó Bárbara Bárcenas.

Cuando Bárbara llegó al Pérez Carreño, notó que a la mayoría de los fallecidos les faltaban zapatos y ropas, como es el caso de Luis Roniel Guerra, a quien vio en la morgue del centro asistencial. «Luis Roniel no tenía sus zapatos puestos”, dijo.

La hipótesis del robo masivo no se queda solo en estos testimonios.

Mientras la novia de Santiago Omaña luchaba por su vida en la terapia intensiva de la clínica Loira de El Paraíso, agentes del Cicpc lo trasladaron aproximadamente a las 2:30 de madrugada del 16 de junio, junto a su amigo Cristian, a la sede principal del organismo, en la avenida Urdaneta de Caracas para rendir declaraciones. Pero antes, los efectivos regresaron con ellos a Los Cotorros para hacer una pesquisa en el lugar y recolectar evidencias.

–Chamo, nos engañaron. Vamos presos –le dijo Santiago a Cristian. En el Cicpc duraron dos días detenidos.

Cuando ingresaron, los jóvenes fueron encapuchados y esposados previamente y los ubicaron en unos asientos colocados en un pasillo de la División Contra Homicidios del Cicpc. Con ellos estaba el vigilante del local, Manolo Jean Celestin, quien había sido detenido por el caso y lo habían vinculado con la muerte de los 19 jóvenes. En la delegación policial, Santiago les vio la cara a los responsables del ingreso y detonación de la bomba monofásica.

Santiago, Cristian y Manolo fueron testigos de una discusión que sostuvieron los cuatro adolescentes y Gilberto Alejandro Petit. En el intercambio de palabras, Santiago oyó a uno de los adolescentes decir que la intención no era detonar la bomba lacrimógena en la fiesta, sino de robar a los asistentes.

No era hazaña nueva: Petit admitió allí que, horas antes de la tragedia, junto con sus secuaces, habían aplicado este modus operandi en una fiesta en Caricuao, zona donde él reside. Solo que, en esa oportunidad en Los Cotorros, la bomba sería empleada para despertar el pánico, aunque, horas antes de su activación, Petit jugaba con el artefacto pasándolo de mano en mano y alardeando que tenía el control de la fiesta. Esa versión coincide con la que está plasmada en el expediente del Ministerio Público.

Justicia lenta

El Ministerio Público reseñó en su acusación formal, que tanto los cuatro adolescentes como Gilberto Alejandro Petit fueron capturados luego de que testigos presenciales los reconocieran. Eso ocurrió en el hospital Pérez Carreño, donde atraparon a Petit y a uno de los jóvenes. Los sobrevivientes, al verlos en la emergencia, le gritaron a los funcionarios de la Guardia Nacional que ellos habían lanzado una granada en la fiesta. Los responsables de la tragedia llegaron al centro asistencial, según cuentan los familiares de las víctimas, a verificar el estado de salud de uno de sus amigos que habría resultado lesionado tras la estampida humana en Los Cotorros. Los otros implicados, según fuentes policiales, fueron detenidos al ser ubicados luego de que se comunicaran por Facebook con Petit.

El 16 de junio de 2018, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en un contacto telefónico con el canal Venezolana de Televisión (VTV), dijo que habían sido detenidas seis personas: cuatro adolescentes y un mayor de edad. Luego se conoció que Manolo Jean Celestin Canela, de 41 años, vigilante del Club Social El Paraíso, y Myriam Elena Guzmán Cargua, de 42 años, hija del dueño del local y encargada de la contabilidad del establecimiento habían sido aprehendidos por los hechos. Sin embargo, ambos fueron dejados en libertad después de presentar pruebas que comprobaran su inocencia, aunque Celestin, quien estuvo recluido por dos meses, salió con una medida de régimen de presentación cada 21 días.

En el expediente del Ministerio Público se acusa a Gilberto Alejandro Petit de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría, uso de adolescentes para delinquir, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento. Asimismo, se le acusa a los cuatro adolescentes, dos de 16 años de edad y dos de 17 años, de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría, homicidio intencional calificado frustrado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría, detentación de artefacto explosivo en grado de coautoría y agavillamiento. A uno de los adolescentes de 17 años se le acusó por uso de facsímil y privación ilegítima agravada.

Para el caso de los hechos ocurridos en Los Cotorros, el Tribunal 8° de Control del Área Metropolitana de Caracas, aceptó el 29 de junio de 2018, la acusación realizada contra los cuatro adolescentes implicados en la detonación de la bomba lacrimógena y muertes ocurridas el 16 de junio de 2018.

La Fiscalía 117º del Área Metropolitana de Caracas fue la encargada de presentar la acusación en contra de los cuatro adolescentes que se realizó en diciembre, recordó Yelitza Morales, madre de Adrián Blanco Morales, una de las víctimas mortales. “Fue en ese mes porque en los tribunales había gaitas por todos lados”.

Yelitza Morales afanada porque se haga justicia y los responsables de los acontecimientos ocurridos hace un año en el Club de Los Cotorros no queden impunes y paguen como se debe los delitos por los que son acusados, se ha vuelto sabedora de la ley y sigue de cerca todo el proceso judicial que busca condenar a los implicados.

Morales contó que durante la audiencia preliminar, dos de los adolescentes se declararon culpables y los otros dos inocentes. “Uno admitió que detonó la bomba y el otro que tenía un arma falsa y que había cerrado la puerta”. A los dos jóvenes se les dio la pena máxima de 10 años que establece la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

“Como ellos admitieron los hechos les dieron una rebaja de la mitad o un tercio de la pena. Son seis años y ocho meses de los cuales cinco están privados de libertad, un año bajo régimen de presentación y el resto de los meses deben hacer trabajo comunitario”. Con lágrimas, Morales no puede entender cómo a unos jóvenes que le quitaron la vida a 19 personas, la Lopnna los proteja tanto. “¿Cómo es posible que solo se le den 10 años de prisión y por reconocer los hechos les reduzcan la condena?”, se pregunta Morales.

La inquietud de Morales supone un choque con lo establecido en el marco jurídico, pero para el abogado penalista Joel García, el aumento de penas no evitará que el sentenciado rectifique su conducta delictiva e indica que el Estado debe asegurar espacios de formación ciudadana y que los centros de reclusión sean lugares que persigan la reinserción del preso en la sociedad. “Estos jóvenes también son víctimas de un sistema que no ofrece oportunidades, de hogares donde no hay construcción de valores. Cuando esas fallas se resuelvan, la sociedad tendrá menos personas que incurran en delitos”, reflexionó García.

Los otros dos jóvenes que no admitieron los hechos pasaron a fase de juicio. “El juicio es muy lento porque primero deben ir todos los padres, uno a uno a declarar y solo reciben a un testigo por audiencia. Después de que terminen con los padres tienen que ir los testigos presenciales y los que estuvieron cerca de los hechos: guardias, policías, especialistas”, explicó Morales.

Los cuatro adolescentes actualmente se encuentran recluidos en la Entidad de Atención Socioeducativa de Coche, adscrito al Ministerio para el Servicio Penitenciario, ubicado en Caracas. Sin embargo, Morales explicó que a los dos jóvenes que se declararon culpables hace seis meses en la audiencia preliminar, apenas ahorita, en junio de 2019, es que los llevaron a los tribunales para hacer formal la sentencia.

Dos meses después de los hechos, el 8 de agosto de 2018, el Tribunal 5º de Control del Área Metropolitana de Caracas del Ministerio Público, solicitó la captura contra María de los Ángeles Arcia por su vinculación en los sucesos de El Paraíso. Fue detenida el 25 de agosto por funcionarios del Cicpc luego de que se entregara voluntariamente. Las fiscalías 36º Nacional y 14° del Área Metropolitana de Caracas acusaron a Arcia por omisión de los delitos de homicidio intencional calificado y homicidio intencional frustrado ejecutados con alevosía por motivos fútiles. Actualmente, está recluida en la sede de la subdelegación oeste del Cicpc en Propatria.

Austria Suárez, madre de la fallecida Giannina Gómez, contó que Arcia conocía a sus hijas. Incluso, días antes de la fiesta The Legacy, Arcia se había acercado a ellas para invitarlas al evento en Los Cotorros. El 15 de junio, Elvira y Santiago se habían encontrado con ella en la entrada del club social. Arcia se había encargado de detalles logísticos del evento relacionados con el recibimiento de los asistentes y el cobro de las entrada. Tenía un punto de venta en la mano y los brazaletes para identificar a los asistentes. El Ministerio Público emprende una averiguación contra ella por estar en el grupo de personas que habría permitido el ingreso de personas con armas al club de Los Cotorros.

El 23 de mayo de 2019, a casi un año de los hechos de El Paraíso, se presentó la acusación en contra de María de los Ángeles Arcia y Gilberto Alejandro Petit. En el caso de Petit, su audiencia preliminar fue diferida aproximadamente seis veces por problemas con el traslado principalmente. “Nosotros en noviembre del año pasado hicimos una protesta en el Ministerio de los Servicios Penitenciarios para ver qué pasaba con Petit. En ese momento nos informaron que lo habían trasladado a El Rodeo y que él no iba a las audiencias pautadas porque la boleta estaba siendo enviada a Tocorón, prisión donde en principio se encontraba”, contó la madre de Adrián. Las autoridades aún están tras la pista de un hombre de 40 años que está prófugo y que, presuntamente, forma parte de los organizadores del evento y estaba encargado de la contratación del personal de seguridad de la fiesta.

En estos doce meses transcurridos después de la tragedia, los padres de las víctimas lograron reunirse y abrir un grupo de WhatsApp, cuyo nombre les recuerda que no deben flaquear ante el objetivo a trazar: Justicia. La mayoría de los familiares han ido a las audiencias en los tribunales y, estando allí, reciben muestras de apoyo, así como mensajes poco alentadores: “Que la justicia es un camino difícil de conseguir, que alguien pagará para que el caso quede impune”. Se escucha cualquier cosa en los pasillos, pero Austria Suárez, a quien le ha tocado superar la partida abrupta de Giannina y acompaña a Elvira en la recuperación de su salud tras las consecuencias que dejó el gas tóxico que inhaló, conserva el aplomo. “Sabemos que nuestros hijos no regresarán, pero no aceptaremos que nos digan que no podremos hacer justicia. Nos han dicho que será difícil, que durará años, que no podremos con el Estado. Pero haremos que esto que pasó en ese club no se olvide”.