Investigación

Líderes de megabandas criminales que operan en prisiones venezolanas amenazan a propietarios y entrenadores de los centros de talentos que forman a peloteros. Su...

Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja acusa al organismo de haber revendido su apartamento

La industria siderúrgica es víctima del desmantelamiento de sus plantas. Trabajadores denuncian que equipos en buen estado son desguazados para hacerlos pasar como chatarra y venderlos en el exterior. Pero ello también ocurre en el sector petrolero, en obras en construcción abandonadas y en depósitos de propiedad privada. Desde 2019 se exportaron al menos 711.362 toneladas métricas de material ferroso, cuyos envíos llegaron principalmente a Turquía

La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento...

La reactiva creación de CasaLab 2020 C.A es un cultivo de irregularidades. La empresa impuesta para realizar las pruebas moleculares a los viajeros que aterricen en Venezuela no tiene trayectoria conocida en el sector y solo uno de sus tres propietarios tiene experiencia en bioanálisis. Fue registrada el 10 de febrero de 2021 con un capital que no llega a tres dólares y los detalles sobre su contratación pública se mantienen encapsulados. Son, a lo sumo, evidencias de una medida oficial que no garantiza diagnósticos rápidos ni contención efectiva del COVID-19, pero sí ingresos expres en divisas

La investigación Universidades en Rojo de El Pitazo y Connectas aborda un tema poco evaluado: la destrucción y politización de la educación superior en Venezuela. Hallazgos demuestran la estafa de las ofertas de la Misión Alma Mater y el proceso de la asfixia presupuestaria aplicada por el gobierno a las universidades que se resisten a su control. A esto se suma la discriminación política aplicada en las instituciones controladas por el gobierno, que ha llegado incluso a la expulsión de estudiantes

En 2017, con apenas 28 años, comenzó a dirigir la filial de una empresa del sector de petróleo y gas llamada Geods de Venezuela, cuya sede matriz está en Barbados. Esta es una de las cuatro compañías que constituyó al lado de Juan Andrés Marco Perozo Urdaneta. Ambos son acusados por la justicia venezolana de traición a la patria, terrorismo y obstrucción a la libertad de comercio y otros delitos

Este es el retrato de una de esas tantas familias fracturadas: mamá y papá se fueron indocumentados a Colombia y sus cuatro hijos pequeños quedaron –también sin papeles– con los abuelos en un barrio de Petare. Una historia contada en clave epistolar entre Liza López y Ginna Morelos

Entre 2008 y 2019 se asignaron más de 14 mil millones de dólares a la institución y programas del Estado encargados de garantizar la protección integral de niños y adolescentes en el país. Sin embargo, en las calles, barrios y casas hogares se evidencia cómo a miles de niños se les vulneran sus derechos: pasan hambre, no van al colegio, son violentados e incluso asesinados. ¿Qué pasó con los recursos? ¿No alcanzaron o no llegaron?

Antes de emprender la carrera para buscar una alternativa terapéutica  para el COVID-19, el ingeniero químico, Raúl Antonio Ojeda Rondón, trabajó entre 2008 y 2018 en Petróleos de Venezuela. Denunció que fue salpicado por las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios e instituciones del gobierno de Maduro. En 2018 fue detenido por el Sebin por presuntos delitos de corrupción. Ahora, tras el anuncio oficial de las gotas para frenar el nuevo coronavirus, enfrenta a las críticas de expertos que dudan sobre el rigor científico de la medicina