Entre 2008 y 2019 se asignaron más de 14 mil millones de dólares a la institución y programas del Estado encargados de garantizar la protección integral de niños y adolescentes en el país. Sin embargo, en las calles, barrios y casas hogares se evidencia cómo a miles de niños se les vulneran sus derechos: pasan hambre, no van al colegio, son violentados e incluso asesinados. ¿Qué pasó con los recursos? ¿No alcanzaron o no llegaron?