Guarenas. A pesar de tener una sentencia condenatoria por homicidio calificado en 2010, lo que lo exime de beneficios según el Código Orgánico Procesal Penal, el jueves 25 de julio le fue concedida una medida sustitutiva de privación de libertad, con régimen de presentación, al director de la Policía Municipal de Brion, José Miguel Oliveros Gómez.
Tras cuatro meses de investigaciones por el asesinato del funcionario de la Policía de Chacao Eligio Duarte y el exfuncionario de ese mismo cuerpo Fernando Lira, las fiscalías 94° nacional y 10° en el estado Miranda del Ministerio Público (MP) determinaron que existían pruebas suficientes para comprobar la participación directa del director de Polibrión, José Miguel Oliveros Gómez en ese doble homicidio, ocurrido en Guarenas el pasado 6 de marzo.
Primero prófugo
El pasado 28 de junio se emitió una orden de captura contra Oliveros Gómez. Sin embargo, el oficial, quien es efectivo de alto rango de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) en el estado Miranda, se mantuvo prófugo de la justicia durante casi un mes.
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El pasado domingo 21 de julio fue capturado durante las primeras investigaciones de la muerte, en extrañas circunstancias, de la comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Jenifer Sanoja, en virtud de que estuvieron juntos ese fin de semana en Higuerote.
La audiencia de presentación en tribunales se realizaría el lunes 22 de julio, pero antes de celebrarse el procedimiento, en la sala se presentó el Fiscal Superior del estado Miranda, Omar Jiménez, quien solicitó reunirse en privado con los fiscales 94 nacional y 10 de la entidad.
El acto fue diferido para el martes 23 de julio, pero por el apagón nacional se volvió a diferir para el jueves 25 de julio.
En esa oportunidad, la fiscal décima del MP en el estado Miranda, Clarissa Espinoza, solicitó que le fuese otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad al procesado.
También pidió que fuera cambiada la calificación jurídica y grado de participación de «coautor» a «cómplice necesario«, con lo que se lograría disminuir la pena impuesta.
La solicitud fue inmediatamente admitida por la juez cuarta de control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, con sede en Guarenas, Liliana Machado, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretaria del tribunal y le otorgó al supervisor Oliveros libertad condicional bajo régimen de presentación, durante seis meses.
Denuncias de corrupción
Durante las investigaciones sobre el asesinato de los Polichacao Eligio Duarte y Fernando Lira, tras colectar 14 conchas y un fragmento de plomo en el vehículo donde se trasladaban las víctimas, la fiscal Clarissa Espinoza, junto al fiscal 94° nacional Armando Saavedra y su auxiliar Rayglith Mora, todos con competencia en derechos humanos, determinaron que Oliveros habría accionado una subametralladora marca H&M, modelo MP5A3, calibre 9mm, arma que estaba en su poder según el informe del acta de asignación de armamento de la Faes, de ese 6 de marzo.
Los fiscales solicitaron la orden de captura, pero después de la visita del Fiscal Superior de Miranda, Omar Jiménez, los fiscales 94° no acudieron a la ausencia de presentación y, repentinamente la fiscal 10° solicitó una medida cautelar.
«Estamos frente a una trama de corrupción. La fiscal décima actuó siguiendo instrucciones del Fiscal Superior del estado Miranda, pero nosotros vamos a seguir denunciando y seguiremos exigiendo que se haga justicia», señalan los familiares de Duarte y Lira, así como sus compañeros de labores.
Caso de los hermanos Herrera
Cabe destacar que el pasado mes de mayo, la juez cuarta de control en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, Yelitza González, fue destituida tras otorgar libertad plena, por falta de evidencias, a los hermanos Adán y Anthony Herrera, quienes fueron detenidos por razones políticas, el pasado 30 de abril, durante el alzamiento militar desarrollo en la ciudad capital.
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Los hermanos Herrera continúan privados de libertad en la Policía Municipal de Plaza y, en predios judiciales, los alguaciles, secretarios de tribunales y asistentes jurídicos aseguran que «nadie quiere hacerse cargo del caso de los hermanos Herrera para no perder sus puestos de trabajo«.
Desde la destitución de González, la nueva juez de ese tribunal es Liliana Machado, anterior secretaria del juzgado.
El director de Polibrion también se desempeñó como la máxima autoridad de la Policía Municipal de Pedro Gual (Cúpira).
Más denuncias
Habitantes de ese poblado barloventeño, que son familiares de víctimas agrupados en organizaciones de derechos humanos y que pidieron mantener sus identidades en reserva, aseguraron a El Pitazo que «el funcionario es responsable de varios asesinatos y es líder de mafias delincuenciales que se dedican al robo, secuestro y extorsión en la zona».
Fuentes ligadas a las investigaciones contra Oliveros Gómez señalaron que el funcionario forma parte de la red de corrupción del sistema judicial en el estado Miranda, de acuerdo con un organigrama revelado, en el que se mencionan los jueces, fiscales, alcaldes y directores de cuerpos de seguridad en la entidad.
