En la quinta transversal de la cuarta avenida de Los Palos Grandes no se registraron hechos de violencia durante la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 30 de julio. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) migró a los votantes del Colegio Schönthal —ubicado en esta zona y uno de los más grandes de Chacao— a la sede de la Unefa en Chuao, que en sus adyacencias (los alrededores de Cubo Negro) ocurrieron acciones de represión durante las protestas antigubernamentales de este año. Al final de la jornada, sólo se registraron 3.051 votos, de 7.444 posibles. Dos máquinas dañadas y mesas instaladas en el tercer piso, que dificultaban la participación en el proceso de personas con discapacidad y ancianos, fueron las denuncias más recurrentes.
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La reubicación de centros electorales se oficializó en dos fechas: un primer lote de 75 recintos el 29 de septiembre (según registros de la Mesa de la Unidad), y otro de 201, el 13 de octubre, según reseñó el Poder Electoral en su sitio web. Dos días antes, la medida había sido anunciada por Tania D’Amelio, rectora principal del ente, a través de su cuenta de Twitter: “El CNE reubicó 119 centros de votación donde se produjeron hechos de violencia, hostigamiento y sabotaje cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente”, precisó. No obstante, y pese a las discrepancias entre el boletín oficial y la portavoz, la organización Súmate contabilizó 273 sitios, en 17 estados: 70 por problemas de infraestructura y 203 por violencia.
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda y Táchira fueron los estados afectados por la segunda medida, argumentada en el asesinato de 15 ciudadanos en el marco de los comicios del 30 de julio. Sin embargo, de este listado sólo Mérida, Táchira y Lara registraron homicidios ese fin de semana; cuatro en las cercanías de centros electorales. En contraste, Sucre y Zulia, donde ocurrieron dos asesinatos durante las protestas contra la ANC, no fueron incluidos en las reubicaciones por violencia (sí por infraestructura).
Las inconsistencias continúan. Los electores que debían sufragar en el Liceo Mario Briceño Iragorry, del municipio Iribarren del estado Lara, fueron reubicados en la Escuela Nacional Bolivariana Bararida, en la avenida Libertador, de la zona este de Barquisimeto. No obstante, precisamente en la avenida Libertador fue asesinado Luis Zambrano, el 30 de julio. Esta reubicación contradice los parámetros bajo los cuales el CNE migró 203 (de 273) recintos en el país.
“Si esa fuese realmente la razón (violencia), se ha debido proceder a reubicar a esos electores en otros centros de votación desde que se diseñó la infraestructura electoral”, explica Luis Lander, presidente del Observatorio Electoral Venezolano, para quien la migración de centros obedeció a propósitos partidistas. Comenta que coincide con lo que en Latinoamérica se ha denominado como “ratón loco”, una estrategia política que tiene como fin desorientar al elector. “Estas reubicaciones cambian las condiciones y desmotivan el voto. Estimulan la abstención”.
Salvador Martí, profesor e investigador de Ciencia Política de la Universitat de Girona (Cataluña, España), explica en un artículo publicado en la revista Santiago a qué se debe el nombre: “Se le llama ratón loco porque el elector se comporta como tal, camina de casilla en casilla, busca su nombre en varias listas nominales para poder votar, y al no localizarlo, lo más probable es que se desespere y ya no vote”. El autor señala que esta práctica dificulta la localidad en los centros que tienden a ser de oposición, y que fue una estrategia utilizada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega para cometer fraude electoral, específicamente en las elecciones de 2012.
El estadístico venezolano Félix Seijas Rodríguez coincide con Luis Lander, y sostiene que las medidas fueron planificadas. “El gobierno ya venía trabajando el ánimo de los opositores. Primero, mermaron el ánimo dándole al voto connotaciones negativas, haciéndoles creer que no serviría de nada sufragar. Luego, dos días antes, hacen este cambio de centros, y terminan de acentuar el disgusto”, asevera. Plantea, además, que el proceder del CNE fue incongruente. “Si cambias a los electores a otros centros y lo justificas diciendo que así evitas posible actos violentos, estás diciendo que el Plan República no puede entonces garantizar la seguridad en los centros de votación”, interpreta.
Nélida Sánchez, coordinadora nacional de contraloría ciudadana de la organización Súmate, coincide. “Si bien es cierto que ocurrieron hechos violentos en el espacio de la Constituyente, posterior a esa elección no se han suscitado inconvenientes. El CNE con ese argumento incluso pone en tela de juicio la capacidad por parte de CEOFAN de garantizar la seguridad al electorado”, sentencia.
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Obstáculos restaron votos a la MUD
Reinaldo no votó el 15 de octubre. Su centro electoral en Guarenas, el colegio San Nicolás de Bari, fue reubicado en la escuela rural Zenobia Vergara de Chiquito, a cinco kilómetros de distancia. La mañana de las regionales, colectivos armados amedrentaron con robos y disparos al aire a los votantes que se trasladaban a este destino. La abstención en el centro migrado —el más grande del municipio— fue de 61%.
Mariela, su hermana, y su mamá, de 86 años, tampoco sufragaron. El centro de votación en el colegio Juan Pablo II, de La California Sur, donde están inscritos desde hace varios años, fue desplazado a la escuela José Mercedes Santeliz —que recibió a votantes de dos centros— en el barrio Campo Rico. Mariela relata que el autobús habilitado por la MUD trasladaba a los electores hasta la entrada del sector, en la avenida Francisco de Miranda. Ahí, debían subir en Jeep hasta la última parada de la comunidad, y ascender por escaleras hasta el recinto educativo. Ante la imposibilidad de llevar a su madre, decidieron quedarse en casa. La abstención en el Juan Pablo II fue de 62%.
Tras la reubicación de centros electorales, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, aseguró que la medida no afectaría el proceso, pues los centros sólo representaban 1,5% de los recintos habilitados para la elección. No obstante, una investigación de El Pitazo precisó que en Miranda —estado adjudicado al PSUV— el índice de abstención en centros desplazados incidió en el total de abstención de la entidad y favoreció al candidato oficialista, dado que en los centros seleccionados por el CNE, para ser afectados por la medida, dominaba tradicionalmente el voto opositor.
Como Reinaldo, Mariela y su familia, 122.217 electores del estado Miranda, cuyos centros fueron reubicados, no ejercieron su derecho. Representan 14% de la abstención total en la entidad, donde la diferencia entre el gobernador electo oficialista Héctor Rodríguez y el candidato opositor Carlos Ocariz fue de 86.388 votos. Ocariz impugnó, el 26 de octubre, estos resultados ante el CNE por irregularidades y lo que considera delitos electorales. Aseguró que llevará su denuncia a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
Para determinar la incidencia de la reubicación de centros electorales en el índice de abstención, la Unidad de Investigación de El Pitazo construyó una base de datos, con información sobre las 273 sedes migradas, registradas por la organización Súmate. En esta tabla se identificó el tipo de zona (residencial, popular, rural o barrio) y de reubicación (violencia o infraestructura) de los recintos, para verificar la existencia de un patrón de migración; se compararon los resultados entre las regionales de 2012 y 2017 para fijar la tendencia política histórica de los 273 centros, y se cotejó el número de mesas y la abstención de ambos comicios para conocer la variación. Se señalaron también irregularidades externas que pudieron perjudicar el proceso durante la jornada electoral del 15 de octubre.
El contraste de la data arrojó que en los recintos reubicados del estado Miranda (51) la abstención alcanzó 53,35%; es decir, sólo 106.864 electores, de 229.081 posibles, ejercieron su derecho al voto, afectando de forma considerable la abstención total de la entidad, de 858.859 votantes. En las regionales de 2012, la abstención en los mismos centros alcanzó 39,22%, 14 puntos porcentuales por debajo de la abstención del 15 de octubre.
De estos centros, 65% estaban ubicados en zonas residenciales, y 36% fueron reubicados en barriadas o zonas rurales, de complicado acceso. Dos corresponsales de El Pitazo, en el estado Miranda, reportaron, además, situaciones de violencia y fallas de logística en los municipios Los Salias y Plaza.
Aunque en la data de El Pitazo no se visualiza cuántos de estos 122.217 electores no sufragaron por voluntad propia y cuántos deseaban votar pero vieron obstaculizado su voto, sí puede corroborarse la tendencia política histórica de la entidad. En 2012, en los 51 centros reubicados, los resultados fueron favorables para la MUD, que se adjudicó 90% de lo votos. En 2017, la tendencia se repitió, esta vez con 86%.
La afirmación coincide con los estudios de Ratio UCAB, empresa de análisis y estrategia de la Universidad Católica Andrés Bello, que proyectaba que la gobernación de la entidad sería ganada por Carlos Ocariz, con 60% de los votos.
No obstante, el desplazamiento de centros no sólo influyó en las gobernaciones perdidas por el partido opositor. En Mérida —uno de los cinco estados adjudicados a la MUD— donde 211.973 electores no sufragaron, la abstención de los centros reubicados, que sumó 51.585 votos, representó 24% de la abstención de la entidad, que fue además la que sumó más reubicaciones (60).
Abstención mecánica es motivo de nulidad
Determinar si el índice de abstención de los estados con centros reubicados fue consciente o producto de las situaciones descritas en este reportaje (amedrentamiento, distancia entre centro origen y centro destino, acceso complicado a nuevos recintos) requiere de un complejo estudio de campo, afirma el estadístico Félix Seijas Rodríguez. No obstante, señala que, efectivamente, un porcentaje de este factor podría ser consecuencia de los obstáculos durante el proceso electoral. Define esta variable como “abstención mecánica”, y asegura que su comprobación sería motivo de nulidad y repetición de los comicios.
“La abstención mecánica es la provocada por factores ajenos al elector. Si alguien quería sufragar, y por las reubicaciones, máquinas dañadas, intimidación… no logró hacerlo, esta persona pasa a formar parte de este índice”, explica el especialista. “Si se prueba que esta cifra pudo haber cambiado el resultado, el CNE debe declarar nula la elección y repetirla”.
Su planteamiento es validado por el artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en sus apartados 2 y 3; y el artículo 222:
Artículo 215. La elección será nula: 1. Cuando se realice sin previa convocatoria del Consejo Nacional Electoral. 2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate. 3. Cuando el Consejo Nacional Electoral o el órgano judicial electoral correspondiente determine que en la elección realizada no se ha preservado o se hace imposible determinar la voluntad general de los electores y las electoras.
Artículo 222. Declarada la nulidad de la elección de un cargo electo nominalmente, deberá convocarse a nueva elección.
Seijas acota que, si bien, cuantificar los casos de abstención mecánica es un proceso difícil, el elector tiene la posibilidad de introducir un reclamo ante el CNE, si este fuese su caso. “En teoría, cualquier ciudadano puede y debe ser escuchado. Si alguien siente que se le impidió su derecho al voto, puede reclamar”.
Luis Lander explica que, a pesar de las trabas, el descontento con la gestión de Nicolás Maduro provocó que el porcentaje de votantes fuese alto. “La abstención no fue dramáticamente alta. Cumplió con el promedio de las elecciones de este tipo, aunque la condiciones no fueron normales. Esto se debió a que la motivación de los electores, en estos comicios, no era concretamente elegir a su gobernadores, sino manifestar su apoyo o no al gobierno”.
Reubicaciones incumplen con Ley de Procesos Electorales
“Se violó el carácter personalísimo del voto”, advierte Nélida Sánchez, también jubilada del CNE tras 27 años de servicio. La especialista explica que después de que se ha publicado el registro electoral, donde se especifica el centro y la mesa de cada elector, no deben existir cambios, con la única salvedad de alguna emergencia (un desastre natural, por ejemplo).
Su planteamiento se corrobora en el Artículo 32 del Reglamento de Procesos Electorales:
El Registro Electoral Definitivo a los efectos de un proceso electoral convocado deberá ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral, el cual ordenará su publicación en el Portal Oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral. Una vez aprobado el Registro Electoral Definitivo, no podrá ser modificado.
Según el cronograma del CNE para la Regionales 2017, la aprobación del Registro Electoral Definitivo y su publicación debía concretarse el 12 de septiembre. Pero, la migración de los primeros centros de votación se registró dos semanas después.
Las reubicaciones no sólo se hicieron fuera del tiempo legal; tampoco cumplieron con el protocolo, en los recintos desplazados por infraestructura, indica Sánchez. En estos casos, las fallas de los centros (estructurales, por remodelación, reparación, falta de electricidad…) debieron identificarse oportunamente durante la evaluación de catastro, para incluir los cambios de sede en el Registro Electoral Definitivo. La especialista aclara que este tipo de migraciones no son nuevas, pero su aplicación en otros procesos había cumplido con los requerimientos y lapsos, para evitar obstaculizar el derecho al voto.
Sánchez agrega que, si no se logra habilitar el centro en el que el elector se ha inscrito, la reubicación debe hacerse en el centro más cercano. “Dónde votar es una decisión del elector, cada quien puede escoger al momento de inscribirse el centro que más le guste o le convenga”, destaca.
No obstante, la migración del centro de la Medicatura Rural Paloma de Chamberry, del municipio Uracoa en Monagas, al centro Hugo Chávez Frías, ubicado en un caserío en Boca de Guara, a 15 kilómetros, ejemplifica que el CNE procedió de forma contraria.
La reubicación incorrecta y extemporánea de recintos de votación no fue la única irregularidad durante las elecciones regionales. Súmate y OEV denunciaron al menos 18 irregularidades previas a los comicios: retraso en el cronograma electoral y fecha de las elecciones, exclusión de los cargos de legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, retraso en la publicación del registro electoral definitivo, una jornada de inscripción insuficiente e ineficaz, exclusión de 17.000 personas del registro electoral y el impedimento para sustituir candidatos, destacan en la lista.
Asimismo, la MUD denunció, días después de las elecciones, siete irregularidades en el proceso: mesas dañadas o que no se instalaron, migración de centros de votación, votos nulos producto de la no sustitución de candidatos, chantaje y coacción a los trabajadores públicos con el carnet de la patria, electores con votos múltiples, prórrogas irregulares y obstáculos a las auditorías ciudadanas .
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“No puede ser que el CNE actúe sin equidad, sin transparencia y sin igualdad de condiciones hacia el electorado”, expresa Sánchez. “El CNE tiene la responsabilidad de garantizarle a los electores el ejercicio del derecho al sufragio. Cuando no informa de manera oportuna, y lo hace prácticamente a oscuras, se está cercenando el derecho a la participación y, por ende, también se atropellan los derechos humanos”.
