Caracas. El 12 de abril de 2019, Cristian Silva estaba abatido y apenas sacó energías para dirigirse con su hermana al ambulatorio de Manoa, en San Félix, estado Bolívar, en búsqueda del tratamiento para contrarrestar los síntomas de una enfermedad que ya había sufrido antes, pero que en esta oportunidad lo golpeó tan fuerte que le arrebató el sueño por tres noches seguidas: tiene malaria, y, con ese episodio, suman siete recaídas que ha tenido por la enfermedad.
A partir de agosto del año pasado, según logra calcular, el paludismo lo ataca sin contemplación. Sin mucha precisión, asegura, que en sus 33 años de vida le ha dado malaria hasta 20 veces.Cuando acudió al dispensario de Manoa, le diagnosticaron malaria mixta -en su organismo se alojaron los dos parásitos frecuentes que producen malaria o paludismo en el país: plasmodium vivax y falciparum.
Su últimas recaídas fueron causada por el vivax. No había cumplido con el tratamiento antimalárico porque no se lo dieron completo, tampoco acató el estricto reposo porque regresó a la mina, ubicada en El Dorado, en el municipio Sifontes, que registra mayor transmisión de malaria en el país, donde, además de explotar oro de forma ilegal, está expuesto a la plaga que causa la enfermedad y, por consiguiente, contrae nuevas infecciones. “En la mina, la plaga no duerme, ni de día ni de noche, yo iba a trabajar y me enfermaba”.
La mina como epicentro de la malaria
Las minas son el epicentro de la malaria y son, al mismo tiempo, la raíz de la dispersión de la epidemia.
Malariólogos coinciden en que, pese a la atención brindada actualmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -que da acompañamiento técnico al Ministerio de Salud- y otras organizaciones con medicinas y diagnóstico temprano, el Gobierno no ha implementado acciones para frenar la explotación de oro en zonas donde hay transmisión activa del paludismo, actividad que funge como uno de los factores que influyen en el aumento de casos con la enfermedad.
“En este momento hay una percepción de que se están entregando medicinas; pero aún no se ha abordado el tema central que es la minería ilegal”, señala Leopoldo Villegas, médico y experto en malaria. La conclusión es que Venezuela pierde la batalla contra el paludismo.
La epidemia de malaria se expandió sin control a toda la geografía nacional, en medio de una crisis económica y política que, a la larga, derivó en una emergencia humanitaria compleja que vulneró el derecho a la salud y la vida y de la alimentación de los venezolanos.
El alto costo de la vida y la escasez de alimentos empujaron a gran parte de la población a las minas del sur del país en busca de mejoras económicas. El desplazamiento masivo hacia esas poblaciones, donde hay transmisión de malaria, contribuyó a que la enfermedad se propagara en otros estados del país, incluso a naciones fronterizas como Colombia y Brasil.
De acuerdo con reportes extraoficiales de médicos, basados en data oficial y estudios en zonas endémicas, en 18 estados del país se produjeron casos autóctonos de malaria. La propagación, incluso, llevó el parásito hacia zonas urbanas y localidades que, históricamente, habían reportado casos de paludismo.
Hoy en la red hospitalaria de las 24 entidades del país se diagnostican pacientes con malaria. “La gente va a las minas, regresa con los bolsillos llenos, pero trae consigo la malaria y la siembra en las poblaciones”, enfatiza José Noya, médico y malariólogo del Centro de Estudios de Malaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
La urbanización de la malaria
José Félix Oletta, exministro de Salud e integrante de la Alianza Venezolana por la Salud, asegura que el proceso de expansión de la malaria agudiza la lucha contra el paludismo, que en Venezuela se logró librar en 1961, cuando la OPS lo certificó como el primer país de América en avanzar en la eliminación de la malaria de su territorio.
“Uno de los problemas graves que se ha enfrentado es la urbanización de la malaria. Si no hace el trabajo completo de control de vectores, repartición masiva de mosquiteros, rociamiento intradomiciliarios, vigilancia epidemiológica e identificación precoz de casos y tratamiento efectivo, el problema no se resolverá”, apunta Oletta. El Ministerio de Salud no ofrece datos epidemiológico desde el 2017. Venezuela cerró ese año con más de 411.586, lo significó un aumento de 70% con respecto a casos que reportó en 2016, y se calculó un cifra de fallecidos de 312 pacientes.
La diseminación reveló, además, el aumento de la incidencia parasitaria anual para el año 2017 de 28 por cada 100.000 habitantes, un incremento de 723% con relación al año 2000, según estimó la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Solo para ese año, según datos de la Dirección General de Salud Ambiental, a la que accedió El Pitazo, en todo el país había una situación de epidemia por malaria. En 2018, según los reportes, en las 24 entidades se diagnosticaron casos con la enfermedad.
Sin plan de eliminación del paludismo
Villegas asegura que el panorama de la malaria en Venezuela es similar a una “historia de horror”. El médico indica que, a las fallas en el suministro de medicinas, se suma que el Ministerio de Salud no cuenta con un plan de eliminación del paludismo con metas claras y presupuesto para reducir el número nuevos casos ni las muertes.
La debilidad de Estado en materia preventiva y de control quedó evidenciada en el último Informe Mundial de Malaria 2018, en el que se señala que la inversión para prevención de malaria en Venezuela en 2017 por cada persona en riesgo fue de apenas 0.3 dólares, la más baja de América y el mundo. Para ese año, cerca de 16 millones de venezolanos estaban en riesgo de contraer paludismo.
En su informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que el número de rociamientos intradomiciliario con insecticidas residuales descendió de 2.739.290 personas de 2015 a 3.900 en 2017; incluso la dotación de mosquiteros impregnados con insecticidas resultó insuficiente, pues en 2016 se repartieron 80.000; pero en 2017 no hubo distribución.
Sin jornadas constantes
Pacientes entrevistados por El Pitazo en los ambulatorios de Manoa y Vista al Sol de San Félix, en Bolívar, coincidieron en que las autoridades sanitarias de la localidad no implementan jornadas constantes de rociamiento de insecticidas dentro de los hogares.
El Ministerio de Salud deberá, a juicio de Villegas, adaptar la repartición de los mosquiteros tratados con insecticidas y el rociamiento intradomiciliario, dependiendo de las características de la zona endémica y el comportamiento de los vectores.
Aunque, advierte, que debido al número de casos nuevos registrados en el país, que superan los 400.000, el impacto de estas acciones no daría resultados tan alentadores para bajar la carga palúdica.
“Los porcentajes de impacto de las intervenciones serán mínimos por la cantidad de carga parasitaria o personas infectadas, por eso se requerirán de medidas de impacto masivo, que permitan el abordaje incluso de pacientes asintomáticos. Lo ideal sería adaptar las dos intervenciones recomendadas (rociamiento intradomiciliario y mosquiteros impregnados de insecticidas) dependiendo de las zonas, pero debe existir un plan de eliminación de malaria y eso no lo hay en Venezuela”.
Prevención y control
En miras de aglutinar esfuerzos para reducir la malaria en el país, en julio del año pasado, luego de la visita de la directora de la OPS a Venezuela, Carissa Etienne, se aprobó un Plan Maestro para atención del VIH, la tuberculosis y la malaria.
En esa estrategia, aprobada por el Ministerio de Salud, se fijó un presupuesto de 16.495.441,74 dólares para atender las áreas de prevención, control y tratamiento para paludismo por tres años.
Oletta subraya que aún no hay evidencia sobre el logro de asignaciones para ejecutar el Plan Maestro para la atención de la malaria, a excepción del caso de los 5 millones de dólares donados por el Fondo Global para Lucha contra la Malaria, Tuberculosis y VIH el año pasado para comprar antirretrovirales.
El actual representante de la OPS en Venezuela, José Federico Hernández, no precisó detalles sobre contribuciones de recursos para la ejecución del Plan Maestro, pero acota que la institución, que coopera con el Ministerio de Salud y ejecutan acciones por proyectos. Por eso, por ejemplo, indica han logrado atender en las zonas donde se reporten más incidencia.
Señaló que esperan recibir 149.000 mosquiteros impregnados de insecticidas (algunos de acción dual para ser usados en camas y hamacas) y más de 4.000.000 de tratamientos para malaria producida por vivax y falciparum, gestionado a través del Fondo Estratégico de la OPS, que están siendo destinados, especialmente en poblaciones del estado Bolívar y Amazonas.
“Nosotros hacemos un acompañamiento técnico y son las instituciones del país las encargadas de ejecutar. Nuestro objetivo está centrado en el diagnóstico temprano y tratamiento porque creemos que es la mejor alternativa para reducir la carga de malaria”, dijo Fernández.
