Presos y familiares, desde espacios diferentes, sufren las consecuencias de la falta de servicios y alimentos, en medio de una crisis económica que se refleja fuera y dentro de los calabozos. Además de las fallas estructurales del sistema de justicia venezolano, la dificultad impuesta por el COVID-19 agrava la situación de los internos en El Rodeo, el Inof y centros de detención preventiva en la entidad mirandina
Por: Pola Del Giudice, Lidk Rodelo y Rosanna Battistelli
Sin comida y sin agua potable. Así transcurre el día a día de las 580 privadas de libertad que pagan condena en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda. Se trata de la única cárcel de mujeres de la región capital del país, cuya capacidad es de 350 reclusas.
Ariana (nombre ficticio para proteger su identidad) sufre las consecuencias de estas carencias, que se han agudizado durante la cuarentena decretada por el Gobierno nacional, a propósito de la pandemia de COVID-19, a tal punto que el hambre ya se nota en su delgado cuerpo y en su estado de ánimo, donde el desgano se ve reflejado.
La falta de alimentos es una irregularidad que se está investigando en el Inof. Desde el 18 de junio de 2020, el Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios intervino el penal por el presunto desvío de la comida. La directiva acusa a las presas de robarse los alimentos y, como castigo, las señaladas fueron recluidas en “el tigrito”, una celda de pequeñas dimensiones, desprovista de luz, agua y baño.
“En ese lugar las privadas de libertad hacen sus necesidades detrás de la sala de castigo donde tienen que cavar un hueco y después taparlo. Eso es indigno. Tampoco les dan comida y están tan lejos de nosotras, por lo que desconocemos qué necesitan”, contó Ariana a El Pitazo, el 29 de julio, vía telefónica.
Al hacinamiento hay que sumarle las terribles condiciones sanitarias que prevalecen en los calabozos, la falta de agua potable, de implementos de limpieza y de otros insumos necesarios para la higiene personal
Carlos Nieto Palma, abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador general de la organización no gubernamental “Una Ventana a la Libertad” (UVL)
Un proceso detenido
Ariana es víctima del retardo procesal. Desde hace tres años espera ir a juicio. Su delito estipula una condena de seis años y diez meses, y aunque aspiraba a introducir un recurso de redención de la pena, ya perdió las esperanzas.
La mitad de la población penal del Inof está en las mismas condiciones legales que Ariana y, mientras tanto, el “Plan Cayapa”, ofrecido por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en el mayo de 2016, sigue en deuda. “Las libertades que se otorgan benefician a mujeres que ya cumplieron la pena. Las autoridades dicen que forman parte del plan para descongestionar las cárceles y por buen comportamiento, pero eso es falso. Desde el año 2011 no se ha concedido ningún indulto en este penal”, asegura Ariana.
El abogado Carlos Nieto Palma, especialista en Derechos Humanos y coordinador general de la organización no gubernamental “Una Ventana a la Libertad” (UVL), considera que el retardo procesal es el peor maltrato que viven los reclusos venezolanos y asegura que esta situación se ha agravado durante la cuarentena, ya que los procesos judiciales están detenidos. “Para el 2019, 70% de los presos no tenía sentencia firme”, acotó.
Cifras de muertes en El Rodeo se disparan
La situación en el Internado Judicial de El Rodeo, ubicado en la localidad mirandina de Guatire, no es diferente a la que se vive en el Inof. Al retardo procesal, la falta de agua y la desnutrición, que ha sido denunciada por los propios privados de libertad, se suman las complicaciones de salud.
Desde que se inició la cuarentena, que dio pie a la suspensión de visitas y del ingreso de paquetería, se ha reportado el fallecimiento de 12 reclusos en el penal Rodeo 3, que forma parte del nuevo régimen penitenciario, según documentación de UVL, y cuya población penal asciende al menos a 790 presos. Seis de esas muertes se produjeron en apenas dos semanas, entre el 14 y el 28 de junio. Todos los decesos tuvieron una causa común: estaban asociados a enfermedades que no recibieron atención médica ni tratamiento farmacológico.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 43, establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Para la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Yajaira Forero, quien preside la subcomisión de seguimiento a las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad y presos comunes del parlamento, lo que ocurre en las cárceles es el reflejo de la crisis humanitaria que se vive en el país.
“¿Para qué se prohíbe que los familiares puedan llevar alimentos y medicamentos a los reos si el Estado no puede asumir esas funciones? El incremento en las cifras de muertes en El Rodeo, así como en otras cárceles, durante la cuarentena, obedece a esa incapacidad”, consideró.
La veo una vez al mes y por 20 minutos. En ese tiempo me repite que no es una delincuente y yo lo sé. Siempre me envía cartas, me cuenta que está triste y a la vez asustada por su salud
Odelia Fernández, madre de una joven detenida en el Cicpc de Ocumare del Tuy
Una pena colectiva
Las vicisitudes que enfrentan a diario los privados de libertad también dan coletazos a sus familiares. Padres, hermanos y parejas se ven afectados no solo en el aspecto emocional, sino en el trajín que pasan a diario para llevarles comida y en la lucha para que se aceleren los trámites judiciales.
Helen Fernández, de 25 años, tiene cuatro meses presa junto a su esposo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, estado Miranda, por el delito de robo agravado y agavillamiento. Su madre, Odelia Fernández, residía en Caracas, pero luego de este incidente se mudó a la parroquia Nueva Cúa del municipio Urdaneta, en los Valles del Tuy, para garantizar la alimentación de su hija.
Desde Nueva Cúa hasta la sede del Cicpc de Ocumare hay más de 17 kilómetros, que Odelia recorre a pie todos los días con una vianda que muchas veces solo tiene arroz o un pedazo de pan. “Salgo a las 5:30 am y llego a las 8:30 am, a veces es poco lo que puedo llevarle a mi hija porque no estoy trabajando, pero su comida nunca le falta”, contó a El Pitazo el 3 de julio.
Más allá de la preocupación por la falta de recursos, a Odelia la trasnocha el problema de salud que presenta su hija. Un quiste en un seno amerita un eco urgente, pero la falta de vehículo y de dinero retrasa los exámenes de la joven, quien tiene antecedentes familiares de cáncer.
El hacinamiento y las condiciones de insalubridad son dos características comunes de los calabozos en Venezuela l Cortesía UVL
Antes de ser detenida, Helen vivía en el sector La Veraniega de Ocumare y trabajaba en el mercado de Coche vendiendo bolsas. Un día se le daño el televisor y lo llevó a reparar a Cúa, pero por no tener dinero para pagar la reparación, su esposo se molestó, la agredió y la llevó hasta el lugar donde estaba el aparato. Allí el hombre discutió con el técnico, lo golpeó y se llevó el televisor. La víctima formuló la denuncia. Helen y su esposo fueron arrestados.
Tras el hecho, los voceros del Clap le suspendieron la caja de alimentos a Helen y con ello limitaron la comida de sus hijos de ocho y cinco años, quienes hoy dependen de un tío y su abuela. Helen tampoco puede volver al sector donde residía, ya que ocuparon su casa, “es decir, que solo tiene la ropa que lleva puesta”, añade con preocupación su progenitora.
“La veo una vez al mes y por 20 minutos. En ese tiempo me repite que no es una delincuente y yo lo sé. Siempre me envía cartas, me cuenta que está triste y a la vez asustada por su salud”, contó Odelia, quien acotó que en los cuatro meses que su hija lleva detenida le dio sarna, le salieron abscesos en la cabeza, perdió peso y está pálida, debido a las condiciones del lugar donde está recluida.
El abogado Carlos Palma Nieto afirma que el hacinamiento sigue siendo una invariable en los Centros de Detención Preventiva (CDP) del país, y ello aumenta el riesgo de enfermedades. El registro de UVL indica que en los CDP de los 19 estados que motoriza hay 2.664 presos, pero la capacidad de estos recintos es de 7.191. “A esto hay que sumarle las terribles condiciones sanitarias que prevalecen en los calabozos, la falta de agua potable, de implementos de limpieza y de otros insumos necesarios para la higiene personal”, señaló Palma Nieto al presentar un informe especial de estos recintos carcelarios en cuarentena.
En opinión del abogado, la decisión de suspender las visitas durante la pandemia ha significado una mayor crisis alimentaria para la población detenida en los calabozos policiales. “Sin mencionar que los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos son en sí mismos un posible agente de contaminación de COVID-19, pues entran y salen a los CDP, de acuerdo a su horario de guardia, y tampoco disponen de efectivas medidas de prevención y protección”, añadió.
La suspensión de visitas durante la pandemia ha significado una mayor crisis alimentaria para la población detenida en los calabozos policiales l Cortesía UVL 
Al menos tres motines con muertos y heridos se han registrado en los calabozos en lo que va de cuarentena l Cortesía UVL
El tiempo de Dios…
Leida Germany también vive en carne propia lo que significa tener a un hijo preso. Para llevar esta carga se aferra a lo que su muchacho le dice en cada carta: “El tiempo de Dios es perfecto”. Su crisis económica es grave, tanto así que por ocho meses vivió a las afueras del hospitalito de Charallave. Actualmente, una amiga le dio abrigo en su casa en Ocumare del Tuy.
Según el estudio “Perfil socioeconómico de los familiares privados de libertad en Centros de Detención Preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira”, realizado por UVL, en marzo de 2020, 92% de los familiares de los presos están en pobreza extrema: 66,67% percibe un ingreso mensual equivalente al salario mínimo y 25% obtiene ingresos menores al salario mínimo mensual.
Leida hace esfuerzos para llevarle comida a su hijo Alexander, quien fue detenido cuando era un adolescente tras sostener una riña. El joven estuvo recluido en el Servicio de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, del estado Miranda, (Sepinami) y salió gracias a un beneficio para hacer labor social; sin embargo, no se presentó más y quedó solicitado. Años más tarde fue detenido cuando vendía aliños en Charallave. Hoy tiene 27 años. Su caso es llevado por los tribunales de Caracas y las dificultades que representa el traslado retrasan su juicio.
Todo preso tiene doliente
A Leonor González la vida le cambió al igual que a Ofelia y a Leida cuando su hijo, Manuel González, fue arrestado por porte ilícito de arma de fuego y tenencia de dos plantas de marihuana, a los 24 años.
González reside en el sector 23 de Enero de Ocumare del Tuy. Afortunadamente la sede del Cicpc le queda cerca, pues desde hace seis años es su destino fijo cada mañana para garantizar que su hijo se alimente con lo poco que le prepara, ya que se mantiene con lo que hace su esposo vendiendo café.
El hijo de Leonor está a punto de cumplir su sentencia de siete años, y aunque se supone que debió ser trasladado a una cárcel, todo indica que culminará su condena en el CDP, donde, en teoría, los presos deben pasar solo 48 horas.
Manuel también tiene complicaciones de salud. Padece problemas de retención de líquido y nutrición. Su cuerpo luce delgado y sus huesos sobresalen en su pecho como muestra de la falta de nutrientes. Así lo describe su madre mientras se seca las lágrimas con un pañuelo donde quedan las huellas del dolor que causa tener un familiar tras las rejas. “Todo preso tiene doliente”, sentenció.
