En las barriadas caraqueñas les temen a los camionetas negras blindadas con sus siglas. Sus acciones tienen puntos en común: apuntan a hombres jóvenes, los matan de pocos disparos y simulan enfrentamientos
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Las Fuerzas de Acciones Especiales han intervenido varios sectores populares caraqueños desde enero a la fecha: El Valle, Los Jardines del Valle, Catia, Petare, Las Adjuntas, Mamera, La Vega. A su paso han dejado muerte y actuaciones similares: asesinan de uno o dos disparos a hombres jóvenes, califican los hechos de enfrentamiento y allanan de madrugada.
De acuerdo a cifras de Monitor de Víctimas, entre enero a diciembre de 2019 fueron fueron ejecutadas extrajudicialmente 232 personas por funcionarios de este cuerpo policial, equivalente al 68% de las personas que fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caracas, que en total fueron 340.
En los últimos dos años en la medicatura forense de Bello Monte se ha hecho costumbre recibir denuncias de ejecuciones extrajudiciales por miembros de este órgano que depende de la Policía Nacional, la cual tuvo sus inicios en 2009 y fue adjetivada por el expresidente Hugo Chávez como “la policía humanista que está aquí para defender al pueblo”. Al compararla con la extinta Policía Metropolitana, Chávez aseguró que “se acabó la policía que reprimía al pueblo». Sin embargo, 10 años después el proyecto del hombre que gobernó el país hasta 2013 es sinónimo de miedo, golpes, puertas rotas y disparos a quemarropa, a pesar de que en la Constitución venezolana no se refleja la pena de muerte.
60 personas
fueron ejecutadas extrajudicialmente por funcionarios de las Faes en los municipios Libertador y Sucre, reporta Monitor de Víctimas, entre enero y febrero de 2019
Las Faes han sido señaladas de allanar viviendas sin orden judicial, asesinar a jóvenes y tratar a familiares de las víctimas sin piedad, como lo hicieron efectivos que integran la comisaría de la UD-3 de Caricuao cuando los deudos del ingeniero Roney Daniel Muñoz, de 27 años, acudieron a la sede a preguntar por su familiar, desaparecido 12 días atrás.
La respuesta que le dio el cuerpo táctico a la familia fue: “Si nosotros lo matamos, lo matamos. Si lo tenemos, lo tenemos. Váyanse de aquí”.
Esos mismos familiares vieron cómo sujetos con el rostro tapado y vestidos de negro lo secuestraron. Días antes el joven ayudó a dos hombres que habían quedado heridos en un operativo en Petare. El cadáver de Muñoz «se lo tragó la tierra» por 12 días. Fue en la morgue, a través de un examen de ADN, que se determinó que era Roney Muñoz. El joven fue quemado, asesinado a pedradas en la cabeza y además le cortaron ambas manos.
No solo la hostilidad ha marcado este cuerpo policial; también ha sido señalado de reprimir protestas cívicas, en mayor proporción entre los meses de enero y marzo, cuando ciudadanos han salido de sus hogares a protestar por la falta de servicios básicos como agua y luz, y también por exigir la renuncia del gobernante Nicolás Maduro.
Uno de esos ejemplos ocurrió en los días en queuna parte del país esperaba por la juramentación de Juan Guaidó. Alixon dos Santos Pizani, de 19 años, participó la tarde del 21 de enero en una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Sucre de Catia, junto a otros residentes del sector. Los manifestantes trancaron la calle y, minutos después, funcionarios de las Faes llegaron al sitio: dispararon e hicieron varios arrestos; uno de los tiros alcanzó a Pizani. El joven fue trasladado por conocidos al Hospital Periférico de Catia, donde falleció a los pocos minutos; residía con su abuela y su tía, laboraba en una panadería y junto a su primo servía de sostén familiar.
205 víctimas
aproximadamente, entre enero y febrero de 2019, ha dejado las Faes en todo el país, según indica Provea
La misma historia la vivió la joven de 20 años Stefany Jajoy Natera el pasado 23 de enero. La dama salió a manifestar luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recibiera juramento como presidente encargado de Venezuela en la plaza Juan Pablo II de Chacao. Al caer la noche de un día festivo para la oposición venezolana, Stefany decidió salir con vecinos a la avenida El Cuartel de Catia y cerraron la calle con escombros. La iniciativa del sector hizo que llegaran funcionarios de las Faes, quienes siguieron el mismo guión que en el caso de Pizani: dispararon en varias ocasiones, arrestaron a algunos lugareños y uno de los funcionarios disparó a matar. En este caso le quitó la vida a la joven.
A esta víctima se le suma el comerciante Yohni José Godoy Buitrago, de 29 años, residente de la parroquia La Vega, a quien también presuntamente mataron funcionarios vestidos de negro, con capucha y con las siglas de las Fuerzas de Acciones Especiales por exigir la renuncia del gobernante. A Yohni le dieron dos disparos; luego se lo llevaron y lo dejaron en el Hospital Miguel Pérez Carreño. De acuerdo con familiares, llegó sin signos vitales.
En el tercer mes del año en curso, habitantes de El Valle, Los Jardines de El Valle, San Martín, Ruíz Pineda y el centro de Caracas han denunciado actuaciones de funcionarios del mismo órgano del Estado cuando los vecinos han salido de sus casas a reclamar por no tener servicio de agua ni luz, luego de los apagones nacionales ocurridos desde el 7 de marzo.
Uno o dos tiros, antecedentes y enfrentamientos
El 5 de febrero, entre gallos y medianoche, miembros de las Faes realizaron diversos operativos por tres sectores del municipio Libertador: Las Adjuntas, La Paz y Montalbán. El procedimiento policial dejó siete ajusticiamientos: Cleiver Skyu Bolívar Gómez, de 18 años, fue una de esas historias.
El joven, quien residía en el piso 9 de la torre B de los edificios construidos por la Misión Vivienda en La Paz. Se encontraba durmiendo cuando unos uniformados derribaron la puerta de su apartamento de una patada y le dieron dos disparos en el pecho, según lo relatado por sus deudos. La víctima se ganaba la vida como vendedor de ropa en el mercado El Cementerio, en un negocio familiar.
Con respecto al patrón de antecedentes, este lo personifica la historia de Stiwar Jeremy Sosa Lobo, de 29 años. Su padre, Óscar Sosa, narra que el 18 de enero, las Faes llegaron a la vivienda de su hijo, rompieron la puerta, lo sacaron de su cuarto y, posteriormente, “le agarraron la mano, pusieron su dedo pulgar y el índice en un captahuellas y le dijeron: ‘Tienes antecedentes’; luego le dieron un disparo en el pecho. La testigo del hecho fue su pareja, a quien también golpearon.
Stiwar residía en las Brisas de Propatria, específicamente en el sector Coco Frío, en el callejón la Cruz Baja; se encontraba bajo régimen de presentación, pues hasta 2011 estuvo preso en la cárcel de La Planta
por el delito hurto; pagó durante tres años.
Los niños corren y guardan sus pertenencias de valor, pues saben que además de matar esos asesinos se llevan todo lo que encuentran a su paso
Una muestra de esta clase de enfrentamientos se recopiló el pasado 9 de febrero, cuando todos los asientos de la morgue de Bello Monte estaban ocupados por varios grupos familiares que esperaban la entrega de los cuerpos de 17 víctimas que, entre el viernes 15 y domingo 17 de febrero, fueron asesinadas por el cuerpo táctico de la Policía Nacional Bolivariana.
De forma extraoficial se conoció que estos 17 jóvenes habían recibido «el código N° 62», el cual, en argot policial, indica que fallecieron en un enfrentamiento policial. Jeiberson Fabier Molina Castro, de 18 años, es uno de los rostros de esa cifra. Falleció luego de que funcionarios de las Faes entraran a su residencia en el kilómetro 7 de El Junquito, y le dispararon una vez en el pecho. La víctima tenía antecedentes por microtráfico de drogas, y cuando era adolescente estuvo detenido varios meses por ese delito.
En la misma retórica, al sur de la ciudad, en El Valle, específicamente en la parte alta de Las Terrazas, fue asesinado Michelle José Atencio, de 22 años. El joven cuidaba de sus tres hermanos menores (de 18, 14 y 12 años) cuando los funcionarios llegaron a su casa y le dispararon cuando aún estaba en su cama; luego echaron varios tiros al aire “para fingir que mi hijo se enfrentó”, dijo su madre.
Además de estas prácticas similares, según relatos, otro factor que ha constituido la acción del cuerpo táctico es la generación de miedo en las mentes de los afectados. Madres, padres, abuelos, tíos, hermanos y familiares que habitan en barriadas indican que cuando llegan camionetas blindadas con hombres vestidos de negro, con capucha y mostrando armas “los niños corren y guardan sus pertenencias de valor, pues saben que además de matar esos asesinos se llevan todo lo que encuentran a su paso”.
