EN CUARENTENA CON EL AGRESOR (I)
Muchas mujeres están confinadas con parejas violentas, lo que compromete sus vidas. Desde que comenzó el año, activistas venezolanas denuncian el aumento de los femicidios. En entrevista con El Pitazo, especialistas coinciden en la necesidad de evaluar el acompañamiento a las víctimas y las políticas públicas que permitan reducir las desigualdades sociales y situaciones de vulnerabilidad de mujeres y niñas
En medio de una emergencia global, con un sistema sanitario colapsado, fallas constantes de todos los servicios básicos y una crisis por escasez de combustible, la violencia de género no resalta en las noticias. De acuerdo con el Monitor de Femicidios, registrado por la antropóloga Aimee Zambrano, entre enero y abril de 2019, hubo 46 asesinatos a mujeres; en igual período de 2020, la cifra fue de 91, lo que significa un aumento de 49,5%. Solo en marzo, mes en el que se decretó la cuarentena, ocurrieron 21 femicidios (12 más que el año pasado).
En Venezuela no hay datos oficiales que permitan determinar el aumento de las denuncias de víctimas de violencia de género durante el confinamiento por la propagación del nuevo coronavirus. La última vez que se ofreció esta información fue a finales del año pasado, cuando Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que, entre agosto de 2017 y noviembre de 2019, el Ministerio Público atendió a 101.249 víctimas de violencia de género, aunque solo se lograron 9.427 acusaciones.
Tampoco se ha emitido ningún mensaje –ni antes ni después del estado de alarma–, desde la gestión de Nicolás Maduro, acerca de los casos de femicidios. El Ministerio Público solo ha difundido esta información en 2015, un año después de que se tipificara el asesinato de mujeres en razón del género como delito. Desde que comenzó 2020, organizaciones civiles denuncian un aumento en los casos de femicidios, cuya incidencia fue de uno diario durante el primer mes del año.
De los 25 países del mundo con tasas más altas de femicidios, 14 se encuentran en Las Américas y Venezuela es uno de ellos, por lo que inferimos que los niveles de violencia de género, especialmente de violencia doméstica aumentarán
Yolima Arellano, abogada especialista y coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres –núcleo andino–
El femicidio es la expresión máxima de la violencia por razones de género y, más allá de las cifras, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la necesidad de generar políticas públicas para proteger a mujeres, adolescentes y niñas de sus agresores, que generalmente se encuentran dentro del círculo cercano de la víctima. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2017, cerca de 87.000 mujeres fueron asesinadas intencionadamente y más de la mitad por miembros de su familia. De los 167 femicidios que se registraron en Venezuela durante 2019, 42 fueron cometidos por las parejas de las víctimas, 31 por familiares y 29 por exparejas.
El ciclo de la violencia contra las mujeres, explicado en 1979 por la psicóloga estadounidense Lenore Walker, consta de cuatro fases: calma, acumulación de tensión, explosión y luna de miel, que es cuando el victimario muestra arrepentimiento y conductas compensatorias.
El período de aislamiento obliga a muchas mujeres a quedarse en casa con su agresor y a alejarse de los recursos que pueden ayudarlas a salir de este ciclo. Como lo explica Yolima Arellano, abogada especialista y coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres –núcleo andino–: “El encierro aumenta la tensión y el estrés derivados de preocupaciones ante la incertidumbre sobre la salud, el trabajo, los recursos económicos, la soledad; las relaciones conflictivas que vienen arrastrándose durante un lapso prolongado de tiempo o que no terminan de estabilizarse, entre otros aspectos; reforzando el aislamiento de las víctimas al separarlas de las personas y/o servicios que puedan apoyarlas”.
Según las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), si el confinamiento se prolonga por seis meses más, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género en el mundo.
Georgia Rothe, analista en la Organización Latinoamericana Asuntos del Sur y abogada experta en violencia de género, expone que para una víctima confinarse con el agresor implica miedo, incertidumbre y dolor: “Significa lo de siempre (…) Pero ahora sin períodos de alivio. Muchas de estas mujeres se ven obligadas a guardar silencio, y a tomar una actitud de sumisión, como mecanismo para evitar agresiones. En situaciones de encierro, el ciclo de la violencia se repite y se repite cada vez con más frecuencia y esto es peligrosísimo, no solo por el daño físico que nos puede causar, sino en el daño psicológico que nos va consumiendo como gotera constante”.
En Venezuela, además, significa la sobrevivencia a unas condiciones de vida cada vez más deterioradas. “Incluso la violencia sistemática que padecen las mujeres pudiese parecer una necesidad postergable, porque las otras necesidades inmediatas y básicas te distraen: falta de agua, de medicamentos, de electricidad, la gasolina, el petróleo. Lo evidente es que, si las políticas no son proporcionales a la crisis, y no se genera un plan de acción específico para atender este contexto respecto a las mujeres, los resultados no van a ser suficientes para aplanar los impactos”, asegura Rothe.
ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2019, HUBO 46 ASESINATOS A MUJERES; EN IGUAL PERÍODO DE 2020, LA CIFRA FUE DE 91. SOLO EN MARZO, MES EN EL QUE SE DECRETÓ LA CUARENTENA, OCURRIERON 21 FEMICIDIOS.
¿Hogar, dulce hogar?
El aislamiento social como medida para contener la pandemia ha generado un repunte en los casos de violencia doméstica en el mundo, como lo confirmó António Guterres, secretario general de la ONU. “Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19.Pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas”, dijo a principios de abril, cuando la orden de quedarse en casa apenas sumaba unos días en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Rothe destacó que hay un imaginario colectivo que ubica al hogar como el lugar más seguro, pero no es así para muchas mujeres. “El dulce hogar” es un espacio de alto riesgo, explica y especifica que 65% de los casos de violencia de género se desarrollan dentro de la casa y en 88% de las violaciones a niñas y adolescentes ocurren dentro del núcleo familiar. “Para las supervivientes de violencia y para quienes están en riesgo de sufrirla, una de las consecuencias del COVID-19 es el acceso limitado a recibir ayudas que pueden ser vitales, como los servicios psicosociales, de salud y de seguridad”, dice.
Arellano apunta que el confinamiento significa para la víctima de violencia el riesgo de perder su vida y la de sus hijos e hijas, así como la afectación a su integridad física, reproductiva, psicológica y sexual.
Aunque algunos mandatarios de la región desestiman la gravedad de la situación. Como Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, que luego de 14 días de aislamiento voluntario, 4 femicidios y una llamada por violencia de género cada 13 minutos –según medios locales–, dijo: “Lamentablemente es un efecto colateral muy grave del confinamiento, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida, lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados”.
En una investigación de la red de periodistas Distintas Latitudes se explica que de acuerdo con el registro de la línea telefónica de apoyo a víctimas creada por la alianza del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer), las denuncias por violencia doméstica no presentaron un incremento significativo: en marzo fueron 15 casos y en abril (hasta el 21 de ese mes), las especialistas ayudaron a 23 mujeres. Antes de la cuarentena se calculaban mensualmente de 30 a 32 llamadas.
Pero la razón puede ser que en confinamiento el agresor tiene mayor control de todos los espacios y, por supuesto, de la víctima. “Todas las crisis aumentan las agresiones; por eso, mientras más contextos vulnerables atraviesen a las mujeres, más propensas son a padecer violencias. Sabemos que una de las estrategias más utilizadas por los agresores es el aislamiento de la víctima: separarla de su círculo de amistades, alejarla de su familia, restringirle la comunicación y el contacto con el mundo exterior con el objetivo de hacerla sentir desprotegida, aislada y sola. Esto le permite al agresor dominar con mucha más facilidad. (…) En tiempos de cuarentena obligatoria, todas esas situaciones se reducen al mínimo y es casi imposible la salida de la situación violenta por estos medios”, apunta Rothe.
Muchas de estas mujeres se ven obligadas a guardar silencio, y a tomar una actitud de sumisión, como mecanismo para evitar agresiones. En situaciones de encierro, el ciclo de la violencia se repite y se repite cada vez con más frecuencia y esto es peligrosísimo, no solo por el daño físico que nos puede causar, sino en el daño psicológico que nos va consumiendo como gotera constante
Georgia Rothe, analista en la Organización Latinoamericana Asuntos del Sur y abogada experta en violencia de género
Más que leyes y registros
A finales de marzo, la Unfpa comenzó una campaña en alianza con el Ministerio de la Mujer (Inamujer), la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés), la Comisión para para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Fundamujer, el CEM-UCV y Cepaz sobre la prevención de la violencia basada en género frente a la pandemia por COVID-19.
Jorge González, representante de la Unfpa en Venezuela, explica que el ministerio es el ente gubernamental encargado de recibir las denuncias y aunque hasta ahora no hay un registro de las llamadas al 911, se espera que la alianza con el órgano logre crear conciencia en la ciudadanía “sobre el hecho de que la violencia contra la mujer no es un problema privado entre una pareja, sino que se trata de un delito”.
Coincide en la necesidad de repensar las políticas públicas y los programas de protección y atención en situaciones extraordinarias: “Lo que tenemos es la evidencia, desde mensajes aparentemente en broma en las redes y otras manifestaciones, que indica que en general se intensifica la violencia en situaciones de encierro social y que las mujeres que están confinadas con su agresor están en un riesgo aún mayor porque sus posibilidades de defensa se ven reducidas”.
SEGÚN LAS PROYECCIONES DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SI EL CONFINAMIENTO SE PROLONGA POR SEIS MESES MÁS, SE PREVÉN 31 MILLONES DE CASOS MÁS DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL MUNDO.
González opina que, en materia legislativa, Venezuela está unos pasos adelante con respecto al continente. Agregó: “La ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una diferencia muy importante en Venezuela a favor de las mujeres, sin embargo, debemos avanzar del derecho en lo formal al efecto en lo material, es decir no basta con tener una excelente ley, debemos garantizar el acceso a la justicia, pero fundamentalmente debemos fortalecer las instituciones y la sociedad toda para proteger y atender una mujer que pueda ser víctima de violencia”.
Arellano coincide y asegura que la respuesta del Estado debe ser inmediata y las medidas deben considerar las realidades de todos los grupos y así tener mayor alcance. “(Los gobiernos) Deben incrementar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento jurídico en línea; mediante dispositivos tecnológicos como mensajería de texto, redes sociales, aplicaciones y webs a fin de ampliar la participación social y poder asistir a las mujeres que no cuentan con telefonía móvil o internet. Los operadores de justicia y servicios policiales y judiciales deben garantizar prioridad a los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, a fin de evitar la impunidad de los agresores”.
Cuando la cuarentena apenas se flexibiliza en Venezuela, las especialistas coinciden en que, frente a la incertidumbre sobre la pandemia, hay que evaluar el acompañamiento a las víctimas y replantear las políticas públicas con el objetivo de reducir los índices de violencia y los impactos emocionales, físicos y sexuales en niñas, adolescentes y mujeres. Insisten en que los derechos humanos de la mitad de la población no pueden postergarse, mucho menos en un país –y un continente- cuya desigualdad va dejando cada vez más víctimas.
“De los 25 países del mundo con tasas más altas de femicidios, 14 se encuentran en Las Américas y Venezuela es uno de ellos, por lo que inferimos que los niveles de violencia de género, especialmente de violencia doméstica aumentarán”, asevera Arellano.
