La crisis que atraviesa el país ha tocado profundamente a los pueblos aborígenes de la entidad amazónica; desde tiempos ancestrales se dice que estas comunidades no tienen fronteras. A partir del año 2019 la migración ha sido masiva; los integrantes de 22 etnias huyen del hambre por la falta de ingresos necesarios para alimentarse bien, llevándolos a abandonar sus comunidades en busca de una mejor calidad de vida y sobrevivir al COVID-19
Por: Mickey Véliz
Los 22 pueblos indígenas que están asentados en el estado Amazonas ―según el censo de 2011― cada vez son más vulnerables. Durante décadas han afrontado las dificultades económicas con la venta de sus artesanías y con la agricultura, pero desde que se decretó la crisis humanitaria compleja la historia dio un giro: la población deja sus tierras ancestrales para migrar.
Robert Manuel López Escobar es un ejemplo de la nueva realidad de los habitantes originarios de Amazonas. Es un indígena jivi de 34 años de edad, residente de la comunidad Brisas del Mar, ubicada en el eje carretero Sur del municipio Atures. Es licenciado en educación y ha sido uno de los innumerables profesionales que migró a Colombia para buscar un trabajo bien remunerado.
El 5 de enero de 2021, utilizó los caminos ilegales en la frontera junto a dos primos para llegar a Villavicencio, capital del departamento colombiano del Meta donde se encuentran desde el 2019 su mamá y sus tres hermanos; ellos se fueron del país huyendo de la precaria situación económica. Señala que fue difícil dejar a su esposa y dos hijas, pero se sintió obligado: estaban pasando necesidades.
Robert López es licenciado en educación y, por su bajo salario, se alejó de su familia durante cinco meses para irse a Colombia a trabajar | José Torres
En su equipaje llevó lo necesario: su cédula de identidad y el carnet migratorio, incluyendo la tristeza por dejar a sus tres grandes amores, pero lo empujaban las ilusiones y esperanzas de reunir el dinero necesario y regresar por ellas en cinco meses.
Comenta que duró tres semanas para llegar a su destino. Durante su recorrido se quedó sin dinero y sin comida, por lo que tuvo que pedir cola y dormir en diferentes lugares: en Puerto de Morganito, que pertenece al municipio Autana en Venezuela, además de Puerto Nariño, Santa Rita y Cumaribo, en el departamento del Vichada, ya en territorio colombiano.
Asimismo, estuvo en Puerto Gaitán y Puerto López, hasta llegar a Villavicencio. Comenzó a trabajar en construcción ganando 40.000 pesos diarios, su horario lo obligaba a trabajar arduamente de lunes a sábado. Sostiene que lo más difícil era mandarle dinero a su esposa a Venezuela, y costear sus gastos que incluían pagar el arriendo y los servicios en la casa donde se estaba quedando.
En los ambulatorios no hay médicos, medicinas ni insumos. La seguridad alimentaria no existe. Solo en el municipio Atures hay 1.500 comunidades que se están quedando desiertas
Pablo Tapo, luchador social indígena
“Estábamos pasando hambre, ya no teníamos ropa. Con mi sueldo de docente solo compraba para comer una sola vez al día. Me vi obligado a abandonar mi país y, sobre todo, a mi familia, para buscar nuevas oportunidades. No fue nada fácil; cruzar las trochas en medio de la pandemia fue muy arriesgado. Los botes que trasladan a la gente no son seguros y sentí miedo muchas veces de perder la vida”, recuerda.
Informe revelador
Robert forma parte de los 5.000 indígenas que han abandonado sus comunidades en la zona norte y sur del municipio Atures, en la capital de Amazonas. Decidió migrar a los departamentos Guainía, Vichada y Meta, en Colombia, según censo presentado por líderes indígenas el pasado 29 de abril, en rueda de prensa realizada en el vicariato apostólico de Puerto Ayacucho.
“En Brisas del Mar hay 22 casas y 18 están deshabitadas, todos se fueron a Colombia. La crisis económica y la pandemia han paralizado las actividades en las comunidades porque ya el bolívar no vale, el pasaje lo cobran en peso colombiano, y así protestemos, nos toca pagarlo”, enfatiza López, quien regresó a su comunidad por su esposa e hijas.
Según el informe Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas del Amazonas Venezolano hacia Colombia y Brasil presentado en abril por el coordinador del Grupo de Investigaciones de la Amazonia (Griam), Luis Betancourt, 3.971 personas entre jivis, uwottüja y baré están registrados como migrantes aborígenes del estado Amazonas que ingresaron a Puerto Carreño, capital del Vichada.
El investigador Luis Betancourt reveló en un informe que los indígenas están abandonando sus comunidades porque no reciben atención del gobierno | José Torres 
Inés Blanco estuvo en Colombia durante un año y regresó a Venezuela porque no se adaptó. Dejó a sus dos hijos y nietos quienes no desean volver | José Torres
Betancourt revela que estas personas están radicadas en 25 asentamientos y se les está tramitando la documentación para darle la nacionalidad colombiana para que reciban los beneficios que otorga el gobierno. Acotó que este trabajo de investigación duró tres meses, y se llevó a cabo por la falta de información de los organismos oficiales venezolanos, quienes permanecen en silencio ante los que está ocurriendo.
“La crisis que se vive en Venezuela ataca fuertemente a la población indígena que es la más vulnerable. En las comunidades no funcionan los servicios, la gente está desnutrida, están pasando mucha hambre. La única opción que tienen es irse por tiempo indefinido buscando una mejor estabilidad para vivir”, puntualiza el representante del Griam.
El coordinador del Movimiento Indígena de los Derechos Humanos de Amazonas, Pablo Tapo, añade en otro informe, que manejan un estimado de 4.560 indígenas entre jivi, uwottüja, puinave, arawaco, piapoco, curripaco, baniva, sáliba y yeral que cruzaron la frontera desde las trochas en los municipios Atabapo, Rio Negro y Atures por ser jurisdicciones fronterizas.
Dejar mi casa fue muy difícil, no me quería ir, mis hijos me dijeron que era por mi bien
Inés Blanco, de Betel de Picatonal
A su juicio, las comunidades se están quedando solas porque desde el 2017 los entes de gobierno no han resuelto el problema de los servicios. Indica que la luz falla constantemente, el transporte es caro y deficiente, el gas tarda cinco meses en llegar al igual que la bolsa de productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). “La necesidad está ocasionando que nuestros hermanos se vayan”, menciona Tapo.
“En los ambulatorios no hay médicos, medicinas ni insumos. La seguridad alimentaria no existe, solo en el municipio Atures hay 1.500 comunidades que se están quedando desiertas”, destacó el luchador social de la etnia baré, aseverando que el desplazamiento por las 30 trochas que existen en el municipio capital es constante. “Cruzar el río Orinoco es peligroso, conocemos de accidentes que se han generado porque muchos cruzan en la noche”, agregó.
Difícil decisión
“Dejar mi casa fue muy difícil, no me quería ir, mis hijos me dijeron que era por mi bien”, dice Inés Blanco, de Betel de Picatonal, quien partió junto a sus dos hijos a Colombia, en 2019. Asegura que estuvo un año trabajando a pesar de su edad, viendo el sufrimiento de muchos indígenas que son maltratados y que viven en una pieza con un techo que cubren con bolsas de plástico.
“Me regresé porque vivir allá es muy caro y no estaba acostumbrada. Mis hijos se quedaron, me vine con mi nieta. Vendía mis remedios caseros, la gente se estaba enfermando de coronavirus y gracias a eso pude reunir mi pasaje para llegar a mi comunidad”, manifiesta la indígena jivi, de 66 años.
Los caminos ilegales son utilizados por los indígenas de diferentes comunidades quienes cruzan el rio Orinoco para llegar a sus destinos | José Torres
Helen García, indígena yeral de Pavoni, vio partir a su esposo a San Gabriel de Cachoeira, Brasil, hace siete meses. “Es difícil lo que estamos viviendo en Venezuela, tengo un hijo de cinco años que está acostumbrado a su papá, quien tuvo que irse buscando un trabajo que nos diera para sobrevivir. Estamos en comunicación, pero no es igual. Yo también me voy cuando me envíe el dinero”, dijo.
Travesía peligrosa
El camino que recorren los indígenas en busca de una mejor forma de vivir resulta muy peligroso. Eso es lo que refleja el informe presentado en diciembre 2020 por la ONG Kapé Kapé, según el cual “el fenómeno de migración masiva forzada desde Venezuela hacia países vecinos no ha parado desde 2016”.
El trabajo determina que durante los últimos meses el desplazamiento de indígenas es arriesgado porque implica emprender un viaje ilegal por las restricciones puestas por los gobiernos para prevenir la propagación del COVID-19, sin embargo, muchos desafían el peligro y utilizan los llamados caminos verdes a través de la vía fluvial y terrestre para llegar a sus destinos.
Es difícil lo que estamos viviendo en Venezuela, tengo un hijo de cinco años que está acostumbrado a su papá, quien tuvo que irse buscando un trabajo que nos diera para sobrevivir
Helen García, indígena yeral de Pavoni
El sociólogo Javier Sánchez insiste en que la migración se debe a la ausencia de bienestar social en sus zonas, lo que ha obligado a integrantes de pueblos aborigen a marcharse de sus comunidades a otros países con consecuencias nefastas.
“Fuera de su territorio, el indígena sufre de aislamiento, desprecio, abuso, manipulación, violación de derechos humanos y desarraigo cultural”, refiere Sánchez, quien es indígena del pueblo jivi y funcionario de la oficina de Derechos Humanos del vicariato apostólico de Puerto Ayacucho.
