La ausencia de campañas preventivas por parte del Estado, la debilidad institucional, la poca cultura de hacer denuncias y la crisis social que obliga a muchos padres a migrar dejando a sus hijos al cuidado de terceros, han incidido directamente en el aumento de casos de abuso sexual infantil en la región
Redacción: Arturo Rodríguez
.
Entre los meses de marzo y septiembre del año 2018, dos casos de abuso sexual en contra de menores de edad consternaron a los habitantes del estado Cojedes. Los delitos ocurridos en los municipios Anzoátegui y Ricaurte presentaban varias similitudes: en el primero el victimario era el padre y en el segundo el padrastro, habitaban junto a las víctimas y fueron descubiertos después de que se constató el embarazo en ambas.
En marzo de 2019, un hombre fue detenido en el municipio Tinaco por haber abusado sexualmente de dos niñas durante cinco años, aproximadamente, según informó la Policía de Cojedes.
Estos tres casos acontecidos en diferentes zonas rurales de la entidad cojedeña, puerta de los llanos venezolanos desde la región central del país, presentaron características muy particulares y distantes de los abusos sexuales ocurridos en las zonas urbanas. Las principales: el prolongado tiempo de violencia sexual y la inexistencia de denuncias.
A pesar de que en estos tres casos los responsables fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado y se encuentran privados de libertad, el largo tiempo que sufrieron las víctimas y la existencia de varios casos en la región, invitan a reflexionar en torno a si existen políticas eficientes de protección para los niños, niñas y adolescentes (NNA) que habitan en las zonas rurales del país.
También si en estas comunidades conviven con un mayor riesgo de abuso sexual debido a las características sociales que les rodean, y si los familiares o vecinos conocen a qué instituciones deben dirigirse en sus municipios para formular las denuncias de estos casos.
Cifras que alarman
Las constantes noticias acerca de casos de abuso sexual infantil publicadas por los medios informativos nacionales y regionales han creado en la población un estado de alerta y precaución. En diciembre de 2018, el Ministerio Público (MP) informó sobre 4.891 casos de abuso sexual infantil entre agosto de 2017 y diciembre de 2018.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció a finales de agosto de 2019, que ese cuerpo detectivesco manejaba un balance de 1.180 casos de abuso sexual entre enero y agosto de este año. El organismo ha desarrollado campañas a través de las redes sociales con mensajes como: “Sin tregua con los pedófilos” y “No al abuso sexual infantil, detenerlo es tarea de todos”.
Aunque no existan cifras precisas en el estado Cojedes debido a las políticas de confidencialidad de estadísticas implantadas por el gobierno nacional, una fuente interna del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) del municipio San Carlos, informó que en los últimos seis meses ese despacho ha recibido entre tres y cuatro denuncias de abuso sexual infantil por mes, es decir, casi un caso por semana.
La informante aseguró que la migración ha incidido directamente en el incremento de los casos de violencia sexual en contra de los menores de edad debido a que muchos padres migraron y dejaron a sus hijos bajo el cuidado de terceros, lo cual ha aumentado el riesgo y la vulnerabilidad de los infantes.
También agregó que los casos tienden a aumentar durante el periodo vacacional, debido a que los niños pasan más tiempo en sus casas y en las de familiares o amigos. Explicó que tras recibir las denuncias estas son remitidas al Ministerio Público, quienes se encargan de todo el procedimiento legal pertinente.
39% de los Consejos de Protección de las zonas rurales de Venezuela no recibió denuncias por abuso o explotación sexual
Cecodap
Poca cultura de denuncia
La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) en su informe de 2018, publicado en mayo de 2019, indicó que el 39% de los Consejos de Protección de las zonas rurales de Venezuela no recibió denuncias por abuso o explotación sexual, y no porque no existan los casos, sino por debilidades institucionales y situaciones que vulneran el derecho de protección de los NNA.
El informe detalló que los consejeros de protección presumen la existencia de casos en sus municipios, y estiman que las personas no acuden al Consejo de Protección porque denuncian ante otras instancias como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio Público (MP).
Sin embargo, el Cicpc subdelegación San Carlos, encargado de recibir las denuncias de siete de los nueve municipios del estado (San Carlos, Tinaco, Anzoátegui, Rómulo Gallegos, Ricaurte, Girardot y Pao de San Juan Bautista) ha registrado menos de 10 denuncias de abuso sexual infantil durante el año 2019 esto según indican, debido a la poca cultura de denuncia que existe en las comunidades donde se presenta con mayor incidencia este delito.
En la Fiscalía Superior del Ministerio Público de San Carlos se negaron a brindar información oficial sobre la cantidad de denuncias porque consideran que publicar estas cifras expone y atenta contra las víctimas de abuso sexual infantil en la región.
Marco legal poco severo
En Venezuela, el marco legal no es tan severo como podría suponerse: el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (Lopna) indica que «Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años. Si el acto sexual implica penetración la prisión será de quince a veinte años y si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena se aumentará de un cuarto a un tercio”.
Sobre el abuso sexual en el ámbito familiar, el trabajo investigativo de Cecodap reveló que esta fue la primera causa de denuncia en los Cpnna, y que en 2018 hubo un incremento preponderante de situaciones donde los padres eran los victimarios, tal como ocurrió en los municipios Anzoátegui y Ricaurte del estado Cojedes.
Especialistas de distintas áreas coinciden en que la familia debe permanecer vigilante ante los cambios físicos y cognitivos que presente sus NNA, ya que podrían indicar la existencia de algún tipo de abuso sexual
Debilidad institucional
Los Consejos Municipales de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) evidencian diversas debilidades institucionales en la entidad, la principal de ellas vinculada al desconocimiento en las poblaciones más aisladas de Cojedes de la existencia de estos despachos.
El escaso personal de trabajo con el que cuentan, integrados en su mayoría por entre cuatro y seis personas, resulta una cifra considerablemente baja para abarcar municipios de extensa territorialidad como Girardot, Pao de San Juan Bautista y Tinaco.
Otra debilidad importante es que no registran cifras precisas sobre los casos de abuso sexual infantil ni las zonas de mayor riesgo, una irregularidad que contribuye al desconocimiento y desinformación sobre las dimensiones reales de este delito en la entidad y cómo prevenirlo eficazmente.
Indicadores de abuso sexual infantil
Especialistas de distintas áreas coinciden en que la familia debe permanecer vigilante ante los cambios físicos y cognitivos que presente su niño, niña o adolescente, ya que estos podrían ser indicadores de la existencia de algún tipo de abuso sexual.
El pediatra José Gregorio Rodríguez, quien ha laborado en centros hospitalarios de varias zonas rurales de Cojedes, advierte que no se deben ignorar o minimizar indicadores funcionales como la dificultad para caminar y sentarse, además de la presencia de infecciones, irritaciones, hemorragias y hematomas en las zonas genitales de los infantes.
También se refirió a los cambios repentinos de conducta tales como la agresividad o pasividad excesiva, así como el miedo de asistir a la escuela o casa de algún familiar en particular: “El estado de vigilancia constante sobre los cambios de los niños puede significar la prevención para que un abuso sexual no ocurra”.
Rosángela Goncalves, psicóloga clínica especializada en orientación sexual, quien laboró durante ocho años en el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de San Carlos, alertó que el abuso sexual infantil sucede con mayor frecuencia de lo que muchos padres y representantes creen, además señaló que en gran medida el victimario es alguien muy cercano, como un familiar, amigo o vecino.
Sobre el rol de la familia de un niño abusado, declaró que la empatía debe prevalecer, porque habitualmente los padres no logran tener el control de la situación y esto puede hacer surgir otros problemas.
En referencia a la importancia de la terapia, informó que cada niño y adolescente representa un caso particular y por eso debe ser tratado como tal. Detalló que generalmente el proceso inicia con entrevistas y terapias de juego que buscan crear empatía para que el niño de forma espontánea exprese las emociones que tiene contenidas.
Goncalves recomendó a los padres concientizar y leer más sobre estos casos que a veces parecen aislados, pero que realmente pueden suceder en cualquier hogar. Puntualizó que es importante supervisar constantemente a los niños y adolescentes cuando utilizan las computadoras y teléfonos para poder intervenir a tiempo si existe alguna irregularidad.
Ante la presencia constante de estos casos en Venezuela, urge que el Estado desarrolle campañas preventivas
Más información y menos tabúes
En Venezuela, al igual que en gran parte de Latinoamérica, el abuso sexual infantil es un tema del que voluntariamente gran parte de la sociedad prefiere no hablar, principalmente por estar rodeado de un sinfín de tabúes.
Ante este silencio, la desinformación arropa en primera instancia a los padres, quienes son los principales responsables de concientizar a sus hijos sobre la existencia del abuso sexual infantil y cómo evitarlo, pero también abarca a los docentes de instituciones educativas e incluso al personal que labora en organismos destinados a proteger y defender los derechos de los NNA.
Ante la presencia constante de estos casos en Venezuela, urge que el Estado desarrolle campañas preventivas en las que priorice las zonas en donde se presenta con mayor incidencia este delito y en las que los infantes tengan mayor vulnerabilidad por las características sociales que los rodean.
También es necesario el aporte de los medios de comunicación con la creación de contenidos de calidad que aporten herramientas a padres, tutores, docentes, niños, niñas y adolescentes, en los que se fomente la investigación, prevención y denuncia, a fin de contrarrestar y reducir el impacto de este problema social en el país.
