La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cumplió su segunda jornada de reuniones. Desde representantes del gobierno de Nicolás Maduro hasta organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones a derechos humanos fueron escuchados este jueves 20.
Aproximadamente seis horas duró Bachelet en la Casa Amarilla. Allí escuchó las peticiones del gobierno de Maduro, que se resumían en la intermediación de la alta comisionada para levantar lo que califican de “bloqueo económico”.
Aunque en un principio se tenía previsto que hablaran Vladimir Padrino López y Aristóbulo Istúriz, fue el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, quien, finalmente, señaló qué hay 4.800 millones de euros bloqueados que “servirían para traer medicamentos, alimentos y cubrir necesidades sociales”.
Por su parte, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab,responsabilizó a los medios de comunicación de “generar matrices de opinión negativas”. Según el funcionario, su despacho ha atendido 6.700 actos conclusivos desde agosto de 2017 hasta mayo de 2019 relacionados con protestas.
Los alrededores de la Casa Amarilla fueron tomados por funcionarios de Casa Militar, nuevamente vestidos de civil. Un detalle que llama la atención es el hecho de que casi todos son muy jóvenes. El cierre de accesos a la plaza Bolívar generó molestia entre los ciudadanos, quienes cuestionaban la decisión.
Bachelet abandonó la dependencia de la Cancillería a las 3:15 pm, aunque a los medios acreditados se les había dicho más temprano que ya se había ido.
La caravana la llevó nuevamente hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para reunirse con parte del cuerpo diplomático acreditado en el país. Esta reunión duró aproximadamente hora y media.
Esta segunda jornada no estuvo exenta de protestas. A las afueras del Pnud se concentraron distintos sectores para exponer sus denuncias y tratar de ser escuchados por la alta comisionada.
Inmediatamente partió a la Universidad Metropolitana para reunirse con organizaciones no gubernamentales y víctimas de la represión. La conversación está calificada como una de las más importantes de su visita. Allí escuchó a familiares que perdieron a seres queridos durante las protestas, a quienes perdieron a sus allegados debido a ejecuciones extrajudiciales, a parientes de presos políticos e incluso a personas excarceladas.
El diputado Gilber Caro fue uno de los presentes. Señaló que busca ser la voz de quienes aún continúan en prisión. Le pidió a Bachelet visitar las cárceles. Relató que estaba llegando de Valencia, donde está su causa, y se consiguió con que el tribunal no sabía ni cuándo salió.
Carmen Helena Bracho, madre de Miguel Castillo,asesinado durante las protestas de 2017, también acudió al llamado. “Mi hijo fue asesinado con las armas que, se supone, están para defender al país. Hace 25 meses fue asesinando mi hijo y no hay justicia. No hay ni siquiera copia del expediente”.
La petición tanto de víctimas como de las ONG e incluso de la Asamblea Nacional es que se establezca una oficina permanente del Alto Comisionado que vigile el respeto a los derechos humanos y que también pueda ser receptora de denuncias. Pero no es algo tan sencillo. El director de Provea, Rafael Uzcátegui, explica que debe haber la voluntad política, en este caso del gobierno de Maduro, y se debe garantizar que no habrá represalias contra quienes denuncien.
En cuanto al poco tiempo de su estadía en el país y si es suficiente, Uzcátegui considera que Bachelet “no viene a corroborar nada. Ya está el informe de su misión, que es muy complejo. Ella vino a escuchar a las víctimas. Eso es algo valiosísimo”.
La reunión duró con las ONG duró poco más de tres horas. Para este viernes, último día de su visita, Bachelet sostendrá conversaciones con Juan Guaidó y Nicolás Maduro.
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