Las medidas financieras impuestas por Estados Unidos desde agosto de 2017 le han servido a Nicolás Maduro de escudo para no asumir su responsabilidad en el colapso de la economía venezolana, que se originó tras la destrucción del aparato productivo, la promoción de las importaciones y el derroche de la renta petrolera. Antes a las sanciones, en 2016, 56% de las familias estaban en pobreza extrema y más de 4.700 hogares reportaban haber perdido en promedio ocho kilos de peso
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En diciembre de 2014 un grupo familiar de cinco miembros necesitaba 3.5 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria de 60 productos. Ese año inició la recesión en Venezuela con una contracción económica del 2.3%, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), y a partir de allí arrancó una crisis económica que cumplirá seis años este 2019.
La tesis de un plan desestabilizador, que trató de fijar el gobierno de Nicolás Maduro, intentaba superar la realidad de una caída global del precio de petróleo, cuya exportación representa la columna de la economía venezolana. De haber alcanzado los $100 por barril a inicios de 2014, pasó a $47.05 al finalizar el año, lo cual ocasionó una disminución en el ingreso de la República.
Sin embargo, la situación económica estaba comprometida antes de la recesión. En 2013, la inflación cerró en 56% y se registró una reducción en la asignación de divisas para medicamentos e insumos, de acuerdo con el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
En abril de 2014, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales denunció que el inventario era crítico: fallaban más de 200 fármacos de uso diario, no había insumos para aplicar tratamientos de quimioterapias, hemodiálisis o para realizar exámenes de laboratorio. Los proveedores habían cerrado el crédito al gobierno venezolano meses atrás porque la deuda llegaba a $1.300 millones.
Al cierre de ese año, la inflación se ubicó en 68% y había dificultades para adquirir productos como leche en polvo, azúcar, aceite, pollo, harina de maíz, así como Losartán y Atamel. En la medición de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) se concluyó que 48% (3.5 millones) de los hogares estaban en pobreza.
Entre las alarmas que encendió el equipo de investigadores de la Encovi estaba el retroceso de Venezuela hasta finales de la década de los 80′ y mitad de los 90′, cuando se aplicó un ajuste económico que llevó al país a tener, en 1995, una inflación de 56.6%.
En febrero de 2018, ya con la economía en ruinas, el Gobierno aún tenía un dólar preferencial a 10 bolívares fuertes, cuando el paralelo se cotizaba en 210.500 bolívares. Ese diferencial convirtió en ricos a algunos y a millones los sumergió en la pobreza extrema
Manuel Sutherland, economista
Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió casi un trillón de dólares por la venta de petróleo y otras exportaciones. Solo en 2012, con la bonanza petrolera, el país percibió 100.000 millones de dólares. Es decir, Hugo Chávez obtuvo grandes riquezas que en lugar de ahorrarlas e invertirlas, quintuplicó la deuda externa, expropió, despreció la posibilidad de producir y convirtió al país en dependiente de las importaciones.
En un estudio del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) que dirige el economista Manuel Sutherland, se expone que de haber ahorrado 40% de las exportaciones, las reservas internacionales estarían por el orden de los $325.000 millones y no en $8.115 al 20 de junio de este año, según el BCV.
En la retórica que usaba Maduro para ese año, la crisis económica tenía su raíz en un boicot ejercido por sus adversarios. En una entrevista ofrecida a RT el 14 de enero de 2016, indicó que “la buena distribución de la riqueza” producto de la bonanza, les daba un sustento para enfrentar la época de bajos ingresos petroleros y la “guerra económica”.
Sutherland rebate este argumento y señala que la deuda financiera de Pdvsa se multiplicó por 10 y el gobierno, encabezado por Hugo Chávez, «dilapidó» el excedente petrolero y comprometió la renta futura al endeudarse abruptamente, en lugar de invertir en el mantenimiento de los equipos de la estatal. Para el economista, este elemento es clave para comprender el porqué la producción petrolera cayó a 732.000 barriles diarios este año, después de haber extraído 3.5 millones de barriles y ser el tercer productor de crudo, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Al respecto, el exministro de Finanzas de Chávez, Rodrigo Cabezas, aporta que el endeudamiento arrancó en 2007, cuando el Estado suscribió deudas pagaderas en dólares y recibió bolívares por parte de los tenedores de los bonos que no se emplearon para adquirir las maquinarias ni mantener o superar el récord de los más de 3 millones de barriles, sino que se fueron por «el túnel de gasto corriente».
En sus análisis, Sutherland destaca que el Estado aplicó una política de protección inversa que consistía en, supuestamente, abaratar las mercancías extranjeras para estimular la importación, manteniendo un tipo de cambio sobrevaluado que al final terminó por destruir la producción nacional.
«En febrero de 2018, ya con la economía en ruinas, el Gobierno aún tenía un dólar preferencial a 10 bolívares fuertes, cuando el paralelo se cotizaba en 210.500 bolívares. Ese diferencial convirtió en ricos a algunos y a millones los sumergió en la pobreza extrema», enfatiza.
Más cerca de las sanciones
La primera sanción financiera para Venezuela fue impuesta por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, el 25 de agosto de 2017. Se les prohibió a los norteamericanos participar en las emisiones de bonos de Petróleos de Venezuela y a partir de allí, el Gobierno estadounidense ha emitido otras seis medidas entre 2018 y 2019, las cuales le han servido a Maduro para justificar la debacle de la economía.
“Yo repudio todas las sanciones porque hacen daño y generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, daños financieros, monetarios y económicos”, expresó Maduro el 21 de mayo de 2018, cuando Estados Unidos prohibió comprar deudas de Pdvsa, en respuesta al cuestionamiento de la reelección presidencial por carecer de transparencia.
Pero Félix Oletta, integrante de la Alianza Venezolana por la Salud, desestima el argumento oficial y destaca que de 2014 a 2017, antes de las sanciones, el Estado venezolano no otorgó divisas para la importación de medicinas e insumos, lo cual perjudicó la fabricación nacional que depende de la adquisición de aluminio, cartón o plásticos especiales.
La pobreza siguió en ascenso. En 2015, el 73% de los hogares estaban en situación de pobreza y, en 2016, llegó a 82%, de los cuales 52% estaban en el rango extremo. En el informe de ese año, la Encovi reportó que, de las 6.500 familias, 4.745 refirió haber perdido ocho kilos y medio de peso en promedio.
Otro agravante fue la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario mínimo. En julio, un trabajador que percibía 97.531 bolívares requería 14 veces su sueldo para comprar la canasta alimentaria valorada en 1.440.000 bolívares.
Al cierre de 2017, 87% de los hogares eran pobres, la inflación llegó a 2.616% y un trabajador requería 93 salarios mínimos para comprar la canasta alimentaria que cerró en 16,5 millones.
Yo repudio todas las sanciones porque hacen daño y generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, daños financieros, monetarios y económicos
Nicolás Maduro
Sutherland asegura que, el primero de noviembre de 2018, cuando ocurre la primera sanción contra el Estado venezolano, que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos participar en las transacciones relacionadas con el oro que se extraía de Venezuela, la caída del Producto Interno Bruto era de 32%, y casi la mitad de la economía se había perdido.
Señala que las sanciones profundizan la crisis que inició en 2014 e impiden la recuperación de la economía.
Gustavo Márquez, ex ministro de Comercio e Industria, apunta a que con estas medidas merman aún más los ingresos de la República, se acelera la recesión económica y se profundiza la parálisis en el sector industrial, situaciones que se originaron por “políticas erradas, corrupción e ineficiencia en la revolución”.
Enfatiza Sutherland que las penalizaciones que afectan enérgicamente a los venezolanos comenzaron el 28 de enero de este año, cuando se congelaron los activos de Pdvsa y se prohibió que las empresas norteamericanas tuvieran negocios con la estatal. Esto quiere decir que Pdvsa ya no puede venderle crudo a su principal cliente ni importar la gasolina de Citgo, una refinería que posee Venezuela en territorio estadounidense.
Para Márquez, la exportación de crudo a Estados Unidos es vital para Venezuela porque son los únicos clientes que le generan flujo de caja, a diferencia de China, con quien está atada por contratos y suministros que debe honrar con barriles de petróleo.
Haciendo la salvedad de que la asistencia humanitaria y las remesas personales continuarían sin inconvenientes, el Departamento del Tesoro recurrió nuevamente a la sanción el 17 de abril de 2019. En esta oportunidad, la medida fue dirigida al Banco Central de Venezuela por ser utilizado por el mandatario para “saquear los activos de los venezolanos y beneficiar a los corruptos”.
El secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Steven Mnuchin aseveró que las transacciones regulares con tarjeta de débito y créditos estaban garantizadas. No obstante, el BCV y la Superintendencia de Bancos ordenaron a las entidades crear un sistema de crédito independiente al de Visa, Mastercard y Maestro, el cual deberá estar listo antes de febrero de 2020.
Sutherland expone que es muy difícil implantar otro mecanismo para hacer la transacciones porque resulta muy costoso y la tecnología sería muy precaria. Advierte que las decisiones políticas de Estados Unidos favorecen ideológicamente al gobierno de Maduro, quien se escuda en las sanciones para no admitir su responsabilidad en la crisis venezolana.
Henkel García, director de Econométrica, afirma que las últimas sanciones afectan a los ciudadanos porque se complican las transferencias en divisas con el extranjero y se termina presionando a la banca privada.
A quiénes afectan
Desde el año 2015, 32 países han emitido 31 sanciones, de las cuales 24 han estado dirigidas hacia más de un centenar de ciudadanos cercanos al mandatario por incurrir en violaciones de derechos humanos o por estar asociados en delitos como el narcotráfico, como en el caso de Tareck El Aissami. Pese a que Maduro destaca que son ataques contra la República, estas medidas bloquean las cuentas y propiedades personales, no interfieren el ingreso que debería utilizarse para importar bienes y servicios.
Ahora bien, de la cifra total, seis afectan directamente la economía del país, y, en consecuencia, a los más vulnerables, es decir, al 82% de las familias venezolanas que se consideran pobres, según la Encovi de 2017. Los menores de edad con padecimientos y adultos mayores son los más perjudicados y se hacen más dependientes económicamente del Estado.
El Cifo explica que con el cierre total del mercado financiero, Maduro debe aplicar triangulaciones de pagos para importar, con la amenaza de que quien sirva de intermediador pueda ser sancionado por Estados Unidos por contribuir con un gobierno abiertamente cuestionado y señalado de estar inmerso en delitos de lesa humanidad.
Los sancionados
La administración de Trump no ha sido la única en bloquear los activos a ex funcionarios o miembros del entorno del mandatario. Canadá, 28 países de la UE, Suiza y Panamá han asumido medidas similares para denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Los más sancionados por los cuatro países y la UE son Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral; Maikel Moreno, presidente del Poder Judicial, y Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC. Mientras que a Maduro lo ha penalizado Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Cada vez que se anuncian sanciones contra funcionarios venezolanos, los voceros hacen énfasis en que estas medidas son temporales y pueden levantarse siempre y cuando colaboren con la restitución de la democracia. Fue el caso del general Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quien estuvo detrás del alzamiento militar fallido del 30 de abril, y recientemente declaró en Estados Unidos que Maduro es el jefe de una empresa criminal.
De las 31 sanciones, 23 han sido impuestas por Estados Unidos, 4 por Canadá, 2 por la UE, 1 por Suiza y otra por Panamá.
