Por razones políticas, 483 hombres están privados de libertad en Venezuela. La Dirección General de Contrainteligencia Militar es el órgano encargado de torturar y desaparecer por días a quienes se oponen políticamente a Nicolás Maduro o a quienes denuncian casos de corrupción en la Fuerza Armada Nacional
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Quinientos veintiocho. De acuerdo con la Organización No Gubernamental Foro Penal, ese es el número actualizado de presos políticos en Venezuela, quienes, aseguran sus familiares, son sometidos por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro a múltiples tratos crueles e inhumanos, prohibidos en el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución.
Sus muñecas están rotas, perdieron la audición y no tienen noción del tiempo. Fueron detenidos sin orden judicial, desaparecidos por días y presentados en tribunales a destiempo. Esta es la situación de los presos políticos a los que se les aplica un patrón de violencia por oponerse políticamente al “proyecto revolucionario” del chavismo.
El Gobierno los llama traidores a la patria, pero es incapaz de presentar pruebas que lo certifiquen; por el contrario, los somete a un retardo procesal y a una situación de incertidumbre que trastoca su círculo familiar.
Según Foro Penal, de los 528 presos políticos, 483 son hombres. El Pitazo cuenta la historia de cuatro de ellos, dos civiles y dos militares, a quienes el Estado les ha negado la atención médica, el derecho a la defensa y la visita familiar.
Poco más de cinco meses en libertad tenía Vasco Da Costa cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin orden de allanamiento ni de aprehensión, entraron a la fuerza a la vivienda de Da Costa el 16 de abril de 2018, lo golpearon y lo trasladaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte, donde fue torturado durante 10 días.
Su hermana, Ana María Da Costa, recuerda que estuvo desaparecido hasta el 20 de abril del año pasado, cuando fue presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control de Caracas y le imputaron los delitos de instigación a la rebelión y ultraje al centinela. Seis días después fue enviado a la cárcel de Santa Ana, ubicada en el estado Táchira. Y entre los días 16 y 18 de mayo de 2018, los mismos funcionarios de la Dgcim que lo habían maltratado en abril viajaron al Táchira y lo torturaron nuevamente.
Golpes en los oídos que lo aturdían fueron los primeros tratos crueles e inhumanos que recibió. Según el relato de su hermana, lo mandaron a desnudarse y lo patearon en el abdomen para obligarlo a evacuar y luego ensuciarle el rostro con sus propias heces. Lo colgaron hasta que se desmayara y, posteriormente, lo despertaron a patadas. También golpearon su cabeza contra el piso, le colocaron agujas en el tórax y lo conectaron a cables para darle corriente. Este ciclo lo repitieron una y otra vez.
Como consecuencia de las torturas, relata su familiar, el líder del Movimiento Nacionalista presentó un enrojecimiento en el ojo izquierdo, y en mayo de este año le diagnosticaron un tumor que, al momento de ser operado, el 10 de julio, medía 12 centímetros y estaba muy pegado al globo ocular. En el Hospital Militar, donde fue intervenido, le solicitaron un examen médico para determinar si el cáncer había afectado el globo ocular, pero los militares de Ramo Verde se negaban a trasladarlo, porque supuestamente no tenían transporte. Después de la denuncia de su hermana, quien lo visita todas las semanas, las autoridades accedieron y Da Costa inició su ciclo de quimioterapias.
El dirigente político tuvo su audiencia preliminar en octubre del año pasado y el juez Maikel Amezquita Pionner le recomendó admitir los delitos, pero él se negó y el tribunal ordenó su pase a juicio, el cual, hasta agosto de este año, no ha iniciado, porque el juez militar que se encargaría del caso, Ramón Alí Peñalver Vásquez, fue privado de libertad por estar supuestamente relacionado con el alzamiento militar fallido del 30 de abril.
A Yorfran Quintero le quitaron seis dientes con un alicate en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Está detenido desde el 15 de abril de 2018 y fue acusado de instigación a la rebelión y ultraje al centinela, los mismos delitos que le imputaron a Vasco Da Costa, a quien conoció estando en la cárcel.
Sus familiares aún no identifican qué cuerpo de seguridad lo apresó, solo afirman que fue a visitar a su pareja, quien se encontraba detenida desde el 27 de febrero en el Comando de la Guardia Nacional, ubicado en Altamira, por protestar. A Quintero solo le pidieron la cédula de identidad y se lo llevaron de forma arbitraria a la Dgcim. El 18 de abril, sus familiares supieron de la detención, porque el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, lo señaló públicamente de llevar adelante un “plan desestabilizador en el territorio nacional” y de manejar explosivos que serían puestos en sedes del Poder Público.
Antes de ser presentado ante el juez Maikel Amezquita Pionner, del Tribunal Militar 3° de Control de Caracas, el 20 de abril de 2018, lo obligaron a caminar desnudo por la sede de la Dgcim, le colocaron corriente y metieron su cabeza en un recipiente de agua. La Fiscalía Militar le imputó el delito de ultraje al centinela e instigación a la rebelión.
El 26 de abril fue enviado a la cárcel de Santa Ana, junto a Da Costa y cinco hombres más, donde fue torturado por los funcionarios de la Dgcim que lo habían hecho anteriormente. Lo golpearon, le quitaron la comida y la poca ropa que llevaba. Allí estuvo hasta finales de septiembre del año pasado, cuando lo trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde sin ninguna explicación. Al mes siguiente, se realizó la audiencia preliminar en la que la Fiscalía Militar ratificó los cargos y el juez Amezquita ordenó el pase a juicio.
Aunque Quintero no ha sido torturado físicamente en Ramo Verde y le permiten visitas regulares, su caso está paralizado, porque no tiene un tribunal militar de juicio y no ha recibido atención médica para tratar una úlcera. Sus familiares aseguran que desde hace varias semanas Quintero evacúa y vomita sangre.
Los casos de corrupción no pueden ser denunciados en Venezuela y el caso del capitán de navío de la Armada Luis Humberto De La Sotta Quiroga lo demuestra. Desde hace 14 meses está encerrado en el sótano de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por supuestamente preparar un golpe de Estado, junto a María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela.
No obstante, previo a la detención arbitraria, De La Sotta denunció que el vicealmirante Edward Ojeda Sojo, segundo comandante de la Infantería de la Marina, utilizaba los vehículos de la Unidad de Acción de Fuerzas Especiales de la Armada para trasladar materiales con los que construía una vivienda. Además, se estaba quedando con el alimento destinado para la tropa y con los recursos para reparar unos equipos de la unidad.
El 18 de mayo de 2018, Ojeda Sojo le comunicó a De La Sotta, quien es el segundo comandante de la 8va Brigada de Comandos del Mar, que sería interrogado por una comisión de la Dgcim en la sede de la unidad, en la Bahía de Turiamo, estado Aragua. Pero ocho funcionarios fuertemente armados llegaron en helicóptero y se llevaron al militar hasta la sede de la Dgcim en Boleíta. Su hermana, Molly De La Sotta, denunció que los primeros cuatro días estuvo en una celda de castigo, llamada «El Tigrito», donde le aplicaron asfixia mecánica, lo amarraron, golpearon sus oídos y rompieron las muñecas.
Antes de ser presentado en el Tribunal Militar 1° de Control de Caracas, que está a cargo de la jueza Claudia Pérez de Mogollón, el médico forense José Manuel Lugo Pinto elaboró un informe en el que aseguraba que el oficial se encontraba en buen estado físico, sin dejar constancia que tenía las manos llenas de sangre producto de las torturas. Aun así, De La Sotta denunció ante la jueza los malos tratos que había recibido, pero ella solo respondió que no era su competencia atender el reclamo y procedió con la juramentación de un defensor público.
Los fiscales militares Keila Ríos e Israel Echenique López le imputaron cuatro delitos: traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra el decoro militar. Y la juez ordenó como sitio de reclusión la sede de la Dgcim. Hasta ese momento, sus familiares desconocían su paradero y que estaba acusado de participar en un golpe de Estado denominado Operación Armagedón.
«El cuarto de los locos», otra celda oscura en la que ni siquiera podía verse las manos ni hacer sus necesidades fisiológicas, fue su destino al salir del tribunal. Los golpes, la asfixia mecánica y el aislamiento continuaron hasta el día 36 de detención, cuando su madre pudo verlo y notar que había perdido la audición en un oído, tras las golpizas. Sus familiares ya habían denunciado ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público la desaparición forzada y solicitaron al defensor público impuesto, Enrique Simeone, que pidiera a la Dgcim una fe de vida, la cual nunca se obtuvo.
A partir de allí hasta octubre, De La Sotta estuvo en otra celda que tenía dos camas de concreto y luz artificial permanente. Justo en ese mes, la juez cedió a juramentar al defensor privado, pero no autorizó el traslado a un hospital para atender su hipertensión ni acogió las medidas de protección que dictó en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de octubre de 2018.
Transcurrieron siete meses para que se celebrara la audiencia preliminar, después de diferirla en seis oportunidades. De los cuatro delitos que le habían imputado los fiscales, solo mantuvieron instigación a la rebelión y contra el decoro militar, basados en el testimonio del teniente de fragata Argenis Rodríguez Corona, quien había sido detenido junto a De La Sotta. En la declaración, el teniente señaló que un grupo de militares preparaba un golpe de Estado. Pocos días después, Rodríguez Corona fue liberado y se conoció por una notificación de la Armada que había desertado, lo cual fue desestimado por la jueza.
El defensor público le recomendó a De La Sotta declararse culpable en la audiencia, pero él juró su inocencia; la jueza ordenó su pase a juicio y ratificó el lugar de reclusión. Desde diciembre, el expediente debió salir del tribunal de control a uno de juicio. Pero desde el 25 de febrero de este año, la jueza Pérez de Mogollón no despacha en el tribunal, por lo que el caso de De La Sotta ha quedado en un limbo jurídico.
Sus familiares han solicitado que sea trasladado a Ramo Verde, donde al menos podrá recibir aire libre y luz natural, a diferencia del sótano de Boleíta, donde para recibir sol es llevado al techo del edificio, una vez a la semana, por 10 minutos. “Los derechos humanos están de vacaciones en Venezuela”, destacó su hermana, Molly De La Sotta.
La última vez que vieron al militar fue el 6 de julio de este año, cuando los presos políticos exigían que la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encontraba en el país visitara el recinto y verificara las condiciones de reclusión.
Veinte kilos ha perdido el teniente coronel del Ejército Ígbert Marín Chaparro durante 17 meses. Desde el 2 de marzo de 2018 se encuentra recluido en el sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Su delito fue decirle al entonces comandante del Ejército, Jesús Suárez Chourio, y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que la crisis económica estaba alcanzando a la tropa del 312 Grupo de Caballería Motorizada General de Brigada Juan Pablo Ayala, la cual comandaba. No hubo respuestas, simplemente fue llevado, junto a otros ocho militares, a uno de los calabozos improvisados de la Dgcim donde lo mantuvieron aislado por siete días.
Ante el juez Maikel Amezquita Pionner, del Tribunal Militar 3° de Control, el fiscal le imputó, el 9 de marzo, los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Su esposa Yocelyn de Marín argumenta que al Estado le incomodaba la aceptación que tenía el teniente coronel en las filas de la Fuerza Armada Nacional y por ello lo han torturado durante un año y cinco meses. Desconoce si Nicolás Maduro le está cobrando haber ocupado un cargo de confianza en el gobierno de Hugo Chávez.
En los primeros 67 días de detención arbitraria, Marín Chaparro estuvo encerrado en una celda con sus manos esposadas y sin la posibilidad de que sus familiares pudieran conversar con él o conocieran cómo se encontraba su salud. Fue sometido a asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes en la cabeza y a torturas psicológicas, que posteriormente le provocaron un temblor en sus manos. De acuerdo con el testimonio de su esposa, el oficial no puede respirar bien y tiene la piel grisácea, y aunque no ha podido verlo ni hablarle desde el 28 de abril de este año, se atreve a asegurar que Marín Chaparro no recibe luz natural desde diciembre de 2018.
El oficial no sabe si es de noche o de día. Ha pasado meses en completa oscuridad y sin recibir los medicamentos que le controlan la tensión. Comparte celda de 2×2 con otros reclusos y sus custodios no le permiten ir al baño.
En 2018, el tribunal ordenó en tres oportunidades el traslado de Marín Chaparro a la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y a la cárcel de Ramo Verde en Miranda, pero las autoridades de la Dgcim desobedecieron. También esquivaron su mirada el 4 de marzo de 2019, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió proteger la integridad del militar y garantizar que las condiciones de reclusión cumpliesen con las normas internacionales.
Los familiares han denunciado enseñamiento en el caso de Marín Chaparro, quien ocupó el primer lugar de su promoción en 1999, cuando Hugo Chávez recién llegaba a Miraflores. En una carta publicada en el mes de junio, Yocelyn pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se encontraba en Venezuela, abogar por la libertad de su esposo y le manifestó su angustia por no saber si estaba vivo o muerto.
Las visitas familiares y de los abogados están suspendidas para el teniente coronel, así como el juicio que debió iniciar el año pasado, tras la audiencia preliminar del 26 de julio, en la que el juez aceptó los cargos de la fiscalía y ordenó el pase a juicio.
