Caracas.- En 2014, siete años después de su creación, fue reformada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, mediante el artículo 57, el femicidio se tipificó como delito. El Ministerio Público ofreció datos acerca de los asesinatos únicamente en 2015, cuando estimó 121 víctimas de la violencia de género.
Desde entonces, la tarea de registrar la han asumido las Organizaciones No Gubernamentales. De acuerdo con informes de las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, Venezuela está entre los 15 países con más femicidios en el mundo.
La creación de una ley se volvió papel y tinta sin un reglamento ni protocolos, sin transparencia acerca de los datos y sin capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de atender las denuncias.
Fernando Aranguren, investigador y activista de la Red Naranja de Venezuela, asegura que la violencia contra las mujeres en Venezuela se ha radicalizado durante los último 20 años a través del discurso gubernamental: “Ellos dicen que son feministas, que defienden los derechos de las mujeres, pero realmente las utilizan como mano de obra barata en proyectos sociales y como bandera política. En Venezuela, la violencia es institucional”.
La afirmación de Aranguren no es en vano. Por ejemplo, en enero de 2012, durante un debate de la Asamblea Nacional, la diputada de oposición María Corina Machado interpeló a Hugo Chávez y le dijo que asumiera la escasez de alimentos que ya afectaba a la población y el presidente fallecido respondió que “águila no caza mosca”, para indicar que Machado no estaba a la altura para debatir. Aun así, dos meses después, acompañado por otros líderes políticos de la región, Chávez afirmó ser feminista.
Además, Aranguren explica que el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres venezolanas, lo que las convierte en ciudadanas de segunda clase. El investigador insiste en que la exclusión de espacios públicos, la imposibilidad de participar en lugares de poder, el lenguaje sexista utilizado en discursos políticos y la falta de equidad son formas de violencia impulsadas por el gobierno.
Más que golpes
El femicidio es la forma extrema de violencia de género, de acuerdo con la ley, causada por odio o desprecio hacia la mujer. Sin embargo, la norma establece 21 tipos de violencias, comenzando por las agresiones psicológicas.
Magdymar León, psicóloga y coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), expone que, generalmente, una mujer que es asesinada por razón de su género fue víctima de otros tipos de violencia. Además, en la mayoría de los casos se registra una vinculación afectiva con el agresor o una relación de poder en la que el victimario tiene ventajas.
En el informe Mujeres al Límite 2019, generado por la alianza entre las organizaciones Mujeres en Línea, Avesa, Cepaz y el Centro Hispanoamericano de la Mujer Freya, se determinó que en 58,6% de los casos consultados, los victimarios fueron sus parejas actuales; en 18,7% fueron familiares directos (padres, tíos, abuelos, primos), en 9,5% fueron extraños, en 7,7% las parejas anteriores y en 2,7% restante fue un compañero de trabajo.
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En Venezuela, León identifica las cinco formas de ataques más comunes contra las mujeres: violación, actos lascivos, explotación sexual, acoso sexual y violencia obstétrica: todas tipificadas en el código. Sin embargo, precisa que la ley no cuenta con un reglamento que explique los protocolos para implementarla: “Las instituciones no saben cuáles son los pasos a seguir”.
El Estado tampoco ha promovido ni asomado la posibilidad de desarrollar planes de eliminación de la violencia contra las mujeres. Eso implicaría, además de políticas públicas, programas de educación con perspectiva de género, planificación y presupuesto.
Mujeres en emergencia
Investigadoras y activistas afirman que en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las niñas, adolescentes y mujeres –población estimada en 49% de la ciudadanía según el Instituto Nacional de Estadística- son las más afectadas.
Mujeres al Límite expone que el debilitamiento de las capacidades de las instituciones y organismos del Estado para cumplir sus obligaciones impide promover, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en Constitución.
En el último capítulo del documento se explica: “Tenemos entonces que, a pesar de contar con un marco normativo e institucional en materia de violencia contra la mujer, el acceso a la justicia, así como la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, presenta serias brechas”.
Dorennys Angulo, abogada especialista en género y directora de la ONG Éxodo, dice que la violencia estructural es la más común y es la que refuerza los estereotipos y, por tanto, aumenta las brechas: “Es la violencia que hace que las mujeres seamos excluidas de los espacios, de acuerdo con los roles de género. Porque eres niña puedes o no hacer ciertas cosas”. Insiste en que esas diferencias se traducen en falta de acceso a oportunidades.
La sociedad venezolana ha normalizado la violencia, según Angulo, por eso llega a invisibilizarse. Fernando Aranguren coincide y asegura que los casos de agresiones contra las mujeres y las denuncias no se concretan por los largos procesos burocráticos y la falta de sensibilización del personal de las fiscalías. “Dicen que son asuntos familiares, que ahí nadie se puede meter”, denuncia.
Aranguren considera que la ciudadanía está preparada para discutir sobre los problemas que afectan a las mujeres, pero el Estado no. “Se debe hacer una reforma en la que se discutan cosas como los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. No se puede hablar de la emergencia humanitaria compleja ni de solucionarla sin discutir la transversalización de la visión de género”, explica.
Responsabilidad social
El Estado tiene responsabilidades, pero la sociedad civil también. “Cada hombre y cada mujer en el espacio que esté debe llevar una batalla cultural. Que se empiece a difundir la lucha para evitar la violencia. Los hombres deben comprender la corresponsabilidad de la violencia”, insiste Aranguren.
Además, afirma que la eliminación de todos los tipos de violencia es un asunto que le compete a toda la ciudadanía y se debe trabajar por lograr el ejercicio de todos los derechos. “La mitad de la población debería tener la posibilidad de decidir sobre sus vidas, su participación y sobre sus cuerpos”, sostiene.
Magdymar León cree que la empatía y la sensibilidad frente a las víctimas es una forma de luchar contra las agresiones por razones de género. “No es un problema solo de mujeres. Debemos pensar y reflexionar acerca de si nos ha tocado de cerca. Cuando revisemos nuestras historias nos daremos cuenta de que la violencia está muy cerca”, dice.
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dorennys Angulo invita a acabar con los estereotipos que aumentan las brechas de género. “Debemos educar a la población acerca de los roles establecidos para lograr la equidad”.
