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Antes de fallecer Hugo Chávez en 2013, la salud pública en Venezuela ya mostraba síntomas de deterioro que, a juicio de diferentes organizaciones científicas médicas, obedecían a inadecuadas decisiones en materia sanitaria, la ausencia de planificación, la desinversión y la corrupción. El ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de la República coincidió con la recesión económica que el país comenzó a experimentar desde el año 2008 y que, a todas luces, fue el catalizador que hizo mermar la situación de salud, que ya organismos internacionales como la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) describen como emergencia humanitaria y que el Gobierno de Venezuela se ha negado en reiteradas oportunidades a reconocer.
Durante la gestión de Maduro se profundizó una crisis hospitalaria que se caracterizó por serios desabastecimientos de medicinas, insumos, alimentos y reactivos, fallas en equipos médicos, problemas de infraestructura y migración acentuada de especialistas. En otros aspectos, los indicadores que miden la eficiencia del sistema de salud encendieron alarmas: un gasto de salud minimizado, reducción de camas, aumento de la mortalidad materna e infantil, incremento en la desnutrición por la crisis alimentaria, bajas coberturas de vacunación que se tradujeron en el resurgimiento de enfermedades erradicadas como la difteria y el sarampión, además del abandono de programas de prevención y control, estimularon la explosión sin precedentes de la malaria.
Los indicadores se agravaban en medio de la opacidad: el Ministerio de Salud se encargó de restringir la información epidemiológica y otras publicaciones sanitarias; incluso desde 2016 no están disponibles a los ciudadanos las Memorias y Cuentas del despacho de Salud. Bajo las limitaciones en el acceso a información, las protestas de pacientes y sus familiares se acentuaban para denunciar las muertes por falta de medicinas, especialmente de personas que padecían de enfermedades como cáncer, renales y VIH/ Sida. Diferentes ONG que velan por el derecho a la salud y la vida solicitan al Gobierno que active los canales de cooperación internacional para atender lo que llegan incluso a considerar una “emergencia humanitaria compleja”. Sin embargo, el Ejecutivo niega la crisis y asegura que una posible ayuda del exterior implicaría una intervención extranjera. La crisis de salud y alimentaria y sus consecuencias provocaron la migración de cerca de 2 millones de venezolanos, según los datos manejados por la Naciones Unidas? Estos migrantes llegaron a países fronterizos, como Brasil y Colombia, en busca de la asistencia que aún no llega a Venezuela, pero que ha sido aceptada por los países receptores de los migrantes venezolanos. A continuación, El Pitazo presenta las claves de los hitos que caracterizaron la situación del sector salud en Venezuela durante los seis años de la gestión de Nicolás Maduro.
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La escasez de medicinas, que comenzó a registrarse en algunos fármacos desde 2011, se agudizó con la crisis económica. La recesión dificultó, en principio, que el Estado cumpliera con la cancelación de divisas a los laboratorios privados, que reclamaban al Gobierno que facilitara el acceso a los dólares, sujeto a un estricto control cambiario. Los retrasos produjeron un desabastecimiento que se ubicó en 80 %, según la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven). Las últimas mediciones de la ONG Convite, hasta octubre de 2018, apuntaban que la escasez alcanzaba a 90 % en algunos fármacos. La falta de inversión también afectó al Ministerio de Salud, hasta el punto de que la red hospitalaria quedó desprovista de medicinas. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) comenzó a presentar retrasos en la entrega de esquemas de alto costo para patologías crónicas no transmisibles, como el cáncer, por ejemplo.
En medio de innumerables protestas, el Gobierno truncaba la posibilidad de que ingresara ayuda humanitaria de otras naciones y atribuía la escasez a la denominada “guerra económica” y, luego, a las sanciones impuestas por Estados Unidos y países europeos a funcionarios del alto Gobierno venezolano. Para hacer frente a las fallas, el Gobierno creó dos mecanismos para controlar el acceso y la distribución de las medicinas: el Sistema Integral para el Acceso a los Medicamentos (Siamed), que nació el 23 de abril de 2015, que no logró dar frutos: la Memoria y Cuenta del despacho de ese año reflejó que el plan solo expendió medicinas en 120 de las 6.700 farmacias certificadas. Luego, el 25 de febrero de 2016, se creó una línea telefónica denominada 0800 Salud ya que, a los meses, el presidente Maduro reconoció fallas en la entrega de medicamentos. En medio de las carencias y el elevado costo de algunas medicinas que se expenden en algunas farmacias, el Gobierno señaló recientemente que, desde el mes de mayo de 2018, entregó medicinas a 1.703.326 personas en el país a través de la línea telefónica, sin ofrecer más detalles..
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Durante la gestión de Maduro, los hospitales comenzaron a registrar una crisis sin precedentes. La ausencia de medicamentos e insumos influyó en que la calidad de la atención bajara, e incluso se suspendieran intervenciones quirúrgicas, que con el agravamiento de la crisis, se limitaron aún más al añadirse la ausencia médicos. En 2017, la ONG Provea registró en su informe 9.622 denuncias sobre vulneraciones al derecho a la salud, lo que representó un aumento de 98 % con respecto al año 2016. Las carencias quedaron registradas por la organización Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales, que para el mes de marzo de 2018 ya reflejaba, por ejemplo, que de los 104 centros de salud monitoreados, 100 % de los laboratorios estaban cerrados por falta de reactivos; 50 % de los quirófanos no realizaban procesos quirúrgicos por fallas en insumos; 88 % registraba fallas en la dotación de medicinas; 79 % carecía de insumos básicos y 66 % de los servicios de pediatría no contaban con fórmulas lácteas para alimentar a niños con desnutrición. Pese a este registro, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la última versión del documento informativo sobre la situación sanitaria de Venezuela, presentado durante el 56° Consejo Directivo de la OPS y elaborado con miras a garantizar una cooperación técnica eficaz para apoyar a la nación, detalla que el país dispone de una infraestructura hospitalaria de una “capacidad significativa” aunque, resalta, la necesidad de “apoyo para ejecutar medidas correctivas inmediatas”.
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La política de salud del Gobierno de Maduro siguió centrada en “perfeccionar” el sistema de Barrio Adentro, coordinado por la Misión Médica Cubana que nació en 2003 con Hugo Chávez, y que, a juicio de médicos congregados en sociedades científicas médicas, representó un sistema paralelo que estimuló la fragmentación del sistema consagrado al Ministerio de Salud en la Constitución. Durante la presidencia de Maduro continuó la opacidad sobre el impacto de esta política pública, porque los informes de gestión no se conocen desde 2016. Lo que se sabe es lo dicho en alocuciones públicas de Maduro y lo reseñado en notas de prensa oficiales. En abril de 2018, en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno indicó que a través de esta red, que en 2005 se amplió a Barrio Adentro II, se realizaron 132 millones de atenciones entre 2017 y 2018, sin dar más detalles. Maduro, una vez que el programa cumplió 13 años de su implementación, aseguró que se garantizaría una cobertura 100 % en todos los estados, pero aún no se conocen detalles sobre la meta real alcanzada. Especialistas denuncian que, por ejemplo, el primer nivel (Barrio Adentro I) no está cumpliendo con los objetivos básicos de actividades de prevención, como la ejecución permanente de jornadas de vacunación y control prenatal, y argumentan sus conclusiones al mencionar el resurgimiento de enfermedades erradicadas como la difteria, el sarampión y el aumento de los índices por mortalidad materna.
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El desempeño del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud comenzó a presentar fallas desde 2009, cuando especialistas advirtieron que las bajas coberturas podrían provocar el resurgimiento de enfermedades. Tal pronóstico se concretó en el Gobierno de Maduro: en 2016 resurgió la difteria, eliminada 24 años atrás, y en 2017 el sarampión, controlado hace 10 años. Pese al acompañamiento que ofreció la OPS al Ministerio de Salud en cuanto a acciones de vacunación, el número de casos por ambas enfermedades, incluso las muertes, aumentó. En el caso de la difteria, el país acumuló, desde que reapareció la infección bacteriana hasta noviembre de 2018, un total de 2.360 casos confirmados y 118 muertes, mientras que el sarampión afectó a 5.643 venezolanos y segó la vida de 75. La OPS admitió que las bajas coberturas de vacunación influyeron en la expansión de la difteria y el sarampión en todo el país. La migración masiva de venezolanos, que se acentuó en los últimos dos años, produjo que el virus se propagara hacia los países como Colombia, Brasil y Ecuador.
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En los últimos seis años, en Venezuela no solo resurgieron enfermedades erradicadas; también recrudeció la malaria, hasta el punto en que para el año 2017 el país lideró la lista de países de América que registraron mayor transmisión del padecimiento. Cuando Maduro llegó al poder, en 2013, se registraron 78.633 casos y esa cifra se elevó a 411.586 en 2017. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que Venezuela concentró 53 % de todos los casos estimados notificados en el continente americano en 2017; incluso el país está en la lista de las primeras 10 naciones que registraron más de 100.000 casos de paludismo en el mundo para ese año. La incidencia de malaria causó la muerte, extraoficialmente, de 312 venezolanos en 2017. Se estima que el año 2018 cerró con un millón de nuevos casos, al incluir recrudescencia, recaída y datos no reportados en los sistemas de vigilancia. El descuido en la vigilancia epidemiológica, la no ejecución de planes de control vectorial, el bajo presupuesto destinado a actividades de prevención y la escasez de tratamientos para la malaria influyeron en el aumento de la epidemia
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Desde la eliminación del programa de atención materno infantil se advertía sobre el impacto que esa acción tendría en las muertes de mujeres embarazadas y niños menores de un año. La crisis de salud disparó los indicadores. La OPS informó que entre 2017 y 2018 el país registró un incremento en la mortalidad materna e infantil, aunque aún no hay cifras. Los últimos datos conocidos descansan en el Boletín Epidemiológico de 2016, que se divulgó en mayo de 2017 y que le costó la permanencia en el cargo a Antonieta Caporale, ministra de Salud en aquel entonces, en él se reflejó que la mortalidad materna aumentó 64% y la infantil en 30 % en solo un año.
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La gestión de Maduro también estuvo opacada por el hambre. En los últimos años, el Gobierno tampoco ha publicado datos sobre el estado nutricional de la población ni de los patrones de alimentación de los venezolanos, a pesar de la crisis alimentaria producida por la escasez y la carestía de productos; aunque los últimos registros de Caritas Venezuela indicaban que 65 % de los niños menores de 5 años presentaban algún grado de desnutrición o estaban en riesgo de padecerla. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que había premiado al país por su lucha contra el hambre en dos oportunidades, señaló que Venezuela era el primer país de la región de América con casos de desnutrición y apuntó, en su informe de seguridad alimentaria, que 600.000 venezolanos estuvieron malnutridos entre 2014 y 2017 y algunos de ellos habrían fallecido.
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Durante el Gobierno de Maduro, el Ministerio de Salud decidió callar a pesar de la profundización de la crisis sanitaria. Desde el año 2008, el despacho comenzó a publicar irregularmente los Boletines Epidemiológicos Semanales, que contienen información sobre el comportamiento de las enfermedades de notificación obligatoria. Durante la gestión de Maduro, el país no supo oportunamente sobre el repunte de casos de gripe AH1N1 que se registró en 2013. Tampoco, entre 2014 y 2018, el despacho dio detalles sobre el número de casos de chikungunya, zika, malaria, dengue, difteria o sarampión, incluso sobre la notificación de un caso de parálisis fláccida aguda asociado a poliomielitis en Delta Amacuro. En 2017, el Ministerio de Salud publicó los últimos boletines epidemiológicos de 2015 y 2016 y, desde allí, no volvió a divulgar más información. En 2014, el Gobierno decidió dejar de publicar el Anuario de Morbilidad y los boletines integrales de Salud Ambiental y desde el año 2016 no se conocen detalles de la gestión del despacho porque no hay disponibilidad de las Memorias y Cuentas del Ministerio de Salud de 2016 y 2017. Los datos sobre el repunte de enfermedades como sarampión y difteria se conocen solo por las actualizaciones epidemiológicas que divulga la OPS, con la información oficial que el Ministerio de Salud envía a la organización, pero que no presenta a los venezolanos. A pesar de que la OPS instó en 2018 a Venezuela a mejorar el acceso a la información de salud, hasta noviembre de 2018, el país cumplió más de 100 semanas en silencio epidemiológico.
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La crisis hospitalaria se agravó por el déficit de médicos y enfermeras. Las carencias en los centros de salud, que no ofrecían condiciones adecuadas para brindar atención, y los bajos salarios, obligaron a que los especialistas decidieran dejar los hospitales. La Federación Médica Venezolana (FMV) estimó en octubre de 2018 que 26.160 médicos habían marchado del país desde el año 2004, en su mayoría neonatólogos, pediatras, anestesiólogos y traumatólogos. En los últimos dos años, cerca de 23.000 se han ido del país. El presidente Maduro, en una de sus alocuciones, manifestó su preocupación por la diáspora y planteó reforzar los programas de formación de médicos integrales comunitarios. Según datos oficiales, en el país hay unos 23.000 especialistas formados en el marco de este plan. También las enfermeras, que emprendieron una huelga indefinida en junio del año pasado, abandonaron los hospitales. Cifras del gremio que las agrupa apuntan que en 2018 unas 6.000 profesionales renunciaron o emigraron, especialmente por las bajas remuneraciones
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La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras vencer al oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2015, aprobó un acuerdo en el que decretaba la emergencia humanitaria en Venezuela y, además, redactó una ley que obligaba al Gobierno a aceptar ayuda del extranjero para paliar las severas consecuencias y el impacto que tendría la crisis para los venezolanos. El Gobierno, desde el principio, ha negado la crisis y la legislación del parlamento fue denegada por el Tribunal Supremo de Justicia, amparado en el desacato en el que incurrieron los diputados al incorporar a los legisladores de Amazonas, que habían quedado inhabilitados de ocupar sus curules por el Tribunal Supremo de Justicia. Las ONG, como Codevida, comenzaron a denunciar la crisis y la omisión del Gobierno en organismos internacionales luego de las muertes registradas de pacientes que incumplieron sus tratamientos por la escasez, mientras que el presidente Maduro y otros voceros gubernamentales responsabilizaban al “bloqueo económico” impuesto por Estados Unidos y luego a las sanciones a funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, las dos versiones contrapuestas se debaten en la arena, aunque desde organismos internacionales, como OMS y la ONU, ya asomaron que el país atraviesa por una crisis humanitaria y en la OPS se reconoció que la situación sociopolítica y económica del país afectó negativamente sus indicadores de salud y, por ello, se plantearon una agenda de cooperación técnica con otros países de la región americana para asistir a Venezuela y, de esta manera, contrarrestar incluso los efectos que tiene para los sistemas de salud la migración, que algunos especialistas catalogan de forzada, por la crisis económica y alimentaria.
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