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En vísperas de la toma de posesión para un segundo mandato el próximo
10 de enero, la comunidad internacional ya lo desconoce como presidente legítimamente electo.
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Desconocimiento internacional de los resultados del 20 de mayo de 2017
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46 países del mundo desconocieron los resultados de los comicios del 20 de mayo de 2018, donde se escogió al presidente de la República y consejos legislativos a nivel nacional.
El rechazo fue casi unánime en el continente americano, a excepción de Cuba, Haití, República Dominicana, Suriname, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, países que aplaudieron el cuestionado proceso electoral. Uruguay y Ecuador no fijaron postura sobre lo sucedido en Venezuela el 20 de mayo.
Desde agosto de 2017, 14 naciones americanas conformaron el Grupo de Lima, organismo que emitió una declaración en la que consideraban urgentemente “que se llevase a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos”. Su conformación se hizo en vísperas de un proceso electoral en Venezuela con el que se elegiría al Primer Mandatario para un próximo período, históricamente pautado para diciembre del último año de mandato presidencial.
El Grupo de Lima mantuvo su postura en 2018, después de que el proceso de diálogo entre enviados del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana fracasara en febrero de ese año y se llamara a las urnas para el 20 de mayo. A través de un comunicado conjunto, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía establecieron que no reconocerían los resultados electorales por “no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.
Estados Unidos calificó los comicios como un ataque al orden constitucional y la democracia en Venezuela. Países de la Unión Europea y de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, también rechazaron el proceso, mientras que países asiáticos, del Medio Oriente y de África, como Rusia, China, Irán, Turquía, Egipto, celebraron los resultados..
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Tensión limítrofe con los países vecinos
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El gobierno de Nicolás Maduro cerró en repetidas ocasiones las fronteras venezolanas con Colombia y Brasil durante su primer mandato. Las razones fueron diversas: contrabando, paramilitarismo, “bachaquerismo” con el papel moneda venezolano, secuestro, narcotráfico. Incluso, el Gobierno de Maduro anunció un cierre de frontera con Colombia en octubre de 2018 por lo que denominaron una emergencia epidemiológica por fiebre aftosa, de modo que pudiese ponerse un freno a la venta ilegal de animales y productos cárnicos entre ambas naciones.
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A medida que se tensaban las relaciones entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, las zonas limítrofes fueron los puntos volubles entre ambas naciones. Después de un ataque de desconocidos que dejó tres militares heridos y un civil venezolano heridos de bala, Maduro autorizó un estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira en agosto de 2015. Se permitió a las autoridades realizar allanamientos e interferir comunicaciones privadas sin orden judicial. La medida se extendió a Zulia, Apure y Amazonas por orden del Tribunal
Supremo de Justicia.
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Desde entonces, el éxodo venezolano se ha incrementado por tierra. Cúcuta, en Táchira, y Paraguachón, en Zulia, se convirtieron en pasos fronterizos para quienes buscan escapar de la crisis económica, política y social que se vive en Venezuela, pese a las restricciones en el paso.
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Reconocimiento de las Naciones Unidas sobre las violaciones a derechos humanos con
Maduro en la Presidencia del país
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El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución sobre la crisis humanitaria que se vive en Venezuela con 23 países miembros a favor. Burundi, China, Cuba, la República Democrática del Congo, Egipto, Pakistán y Venezuela fueron las siete naciones que votaron en contra, mientras que se registraron 17 abstenciones.
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En el documento se estableció una “profunda preocupación” por las violaciones de derechos humanos que se documentaron en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en la materia, publicado en junio de ese año y que se centró en las protestas antigubernamentales ocurridas entre abril y agosto de 2017.
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Tal como se lee en la resolución, se exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a “aceptar la ayuda humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”.
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Las críticas a la gestión de Maduro monopolizaron el debate los primeros dos días de Asamblea General. El mandatario venezolano huyó de los periodistas para evitar preguntas incómodas, según reportó el medio independiente Efecto Cocuyo.
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Organización regional para oponerse al Gobierno de Maduro
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Después de los resultados del 20 de mayo de 2017, el Grupo de Lima estableció en diciembre de 2018 que ninguno de sus miembros reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Días después de que se emitieran los resultados de los comicios del 20 de mayo de 2017, 14 países de la región rechazaron el proceso electoral por no cumplir con los estándares internacionales propios de una elección presidencial. Además, instaron a realizar unas nuevas elecciones con observación internacional y la participación de todas las figuras políticas venezolanas.
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A días de que se realice la juramentación de Maduro como presidente el próximo 10 de enero, los cancilleres de las naciones se reunirán este 4 de enero de 2019 para tomar acciones conjuntas frente a su ilegitimidad de origen y de desempeño, así como la creciente ola migratoria de venezolanos en la región.
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Los ministros de Relaciones Exteriores y delegados del Grupo de Lima lo instaron este 4 de enero a no asumir su nuevo mandato presidencial, cuya legitimidad no reconocerán.
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Maduro investigado en la Corte Penal Internacional
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Seis países del continente solicitaron en septiembre de 2018 ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que se investigue a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 12 de abril de 2014 bajo su mandato. Tanto en 2014 como en 2017 se generaron protestas antigubernamentales que las autoridades reprimieron haciendo uso excesivo de la fuerza al extremo de ocasionar muertes.
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La acción de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá se fundamentó en tres informes sobre violaciones a los derechos humanos en ese país elaborados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En agosto de ese mismo año, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, aseguró que la denuncia es una medida de presión contra Maduro apoyada por países firmantes del Estatuto de Roma, lo cual permitía adelantar el proceso preliminar.
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De acuerdo con el jefe de la diplomacia peruana, la iniciativa no hace parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma.
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Una denuncia como la que se hizo a Maduro a finales de 2018 no tiene precedentes en el mundo desde que el tribunal comenzó sus funciones en 2002 en La Haya, Holanda. Los casos anteriores responden a denuncias que han elevado organizaciones no gubernamentales, nunca jefes de Estado, como sucedió con Maduro.
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Aunque se nombra puntualmente al mandatario venezolano, la investigación involucra a toda la cadena de mando que efectuó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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Sanciones internacionales a Maduro y su gabinete
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Las continuadas violaciones a los derechos humanos, la ruptura del orden constitucional y el deslinde con los principios democráticos del Gobierno de Nicolás Maduro generaron reacciones internacionales que sobrepasaron las declaraciones de rechazo a su gestión. Países de la región como Estados Unidos, Canadá y Panamá emitieron sanciones económicas a funcionarios del gabinete de Maduro, al igual que los países de la Unión Europea.
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Son más de cien funcionarios venezolanos que tienen sanciones, incluidos Maduro, su esposa y “Primera Combatiente”, Cilia Flores. Un día después de que Maduro resultara electo el 20 de mayo de 2017 en unos comicios altamente cuestionados por la oposición venezolana y la comunidad internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió más sanciones económicas para el Gobierno venezolano que se centraron en incrementar las restricciones al momento de establecer negocios con empresas relacionadas con la administración de Maduro.
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Maduro figura en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros –Ofac por sus siglas en inglés– del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su aparición implica la confiscación de propiedades en el país norteamericano, la inhabilitación de su entrada a suelo gringo y la suspensión de su visa. Además, tiene prohibido relacionarse comercialmente con personas o empresas estadounidenses.
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La sanción a Maduro sucedió el 31 de julio de 2017, un día después de las elecciones para la aprobación de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Una semana antes, Estados Unidos había anunciado otra serie de sanciones contra 13 funcionarios del gabinete de Maduro por su relación con la instalación de la ANC, la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y las políticas económicas tomadas en áreas clave.
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El ente supraconstitucional es ilegítimo e inconstitucional y, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, “aspiraba a usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela”.
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Rusia y China, dos grandes aliados de Maduro
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Los lazos entre Venezuela y Rusia se estrecharon con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y se han reforzado con la gestión de Nicolás Maduro. A finales del primer mandato de Maduro, se evidenció aún más la unión entre ambas naciones con la presencia de una flota rusa en territorio venezolano. Dos bombarderos pesados TU-160, un avión AN-14 de transporte y carga militar y otro avión de pasajeros Il-62 llegaron a Venezuela el 14 de diciembre de 2018 con el beneplácito del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
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“Somos constructores de la paz, no de la guerra”, dijo Padrino López entonces ante la presencia militar rusa, que incluía los aviones de guerra más grandes de su tipo, incluso usados en Siria. Apenas 10 días antes, Maduro y Vladímir Putin se reunieron en Moscú, Rusia, y afirmaron la cooperación entre ambas naciones en materia económica y militar que data desde 2001, cuando se firmó un acuerdo bilateral de cooperación técnico-militar en mayo de ese año.
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Así como Rusia, China pasó a convertirse en uno de los nuevos aliados estratégicos de Venezuela que cultivó Chávez durante su mandato y que mantuvo Maduro. La alianza con el país asiático se sustenta en préstamos que dan gasolina al Gobierno a cambio de crudo. Desde 2008, China comenzó un préstamo de fondos para proyectos de infraestructura y petróleo en Venezuela. El pago, en su mayoría, recaía en recibir crudo criollo. La deuda total del Estado venezolano es de 23 mil millones de dólares, según la firma Ecoanalítica.
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Además de préstamos, China ha dado asesoría técnica y apoyo económico para desarrollar la carnetización estatal del Gobierno a través del carnet de la patria. El Pitazo confirmó que el Gobierno de Maduro apunta a predecir hábitos de consumo del venezolano con el plástico y el sistema patria, tal como sucede en China, donde se premia y castiga a la población con base en una lista negra.
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El viraje de la OEA sobre las políticas tomadas por el Ejecutivo
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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, así como las instituciones que están al servicio del Ejecutivo en Venezuela. En agosto de 2018, la OEA emitió un comunicado donde estableció que Venezuela “vive en dictadura” y que solo reconoce a la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia –estos últimos en el exilio– como los únicos entes constitucionales y democráticos del país.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha mostrado crítico con el mandatario criollo en sus declaraciones. Ha responsabilizado a Maduro por el creciente éxodo de venezolanos por la región que, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, superó los 3 millones de personas.
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En vista de la represión a las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en el país entre abril y agosto de 2017, el secretario de la OEA responsabilizó a Maduro por las más de cien muertes que se generaron. Aseguró en un informe dedicado a Venezuela, publicado en julio de ese año, que el régimen venezolano seguía violando de forma sistemática la Constitución del país y condenó el uso de la fuerza para mantenerse en el poder.
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El documento refleja la existencia de más de 1.300 presos políticos en el país para entonces y evidencia el uso recurrente de las torturas. Almagro recomendó en el texto activar los mecanismos del Estatuto de Roma para abrir una investigación a Maduro en la Corte Penal Internacional sobre los asesinatos y las detenciones arbitrarias cometidos durante su gobierno.
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La postura de Almagro contrasta con la de su predecesor José Miguel Insulza, quien fue criticado por no mostrarse activamente en contra de las políticas del fallecido presidente Hugo Chávez.
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Crisis migratoria venezolana ascendió como consecuencia de las políticas de Maduro
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La creciente ola migratoria de venezolanos en el mundo ha prendido las alarmas en la región. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la cifra de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo alcanzó los 3 millones. De acuerdo con las dos agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el continente americano acumula 2,4 millones del total. El resto está distribuido en otras latitudes.
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Son números que comenzaron a ascender a finales del segundo periodo del fallecido Hugo Chávez, cerca de 2010. Venezuela cambió su perfil migratorio y en lugar de recibir migrantes, comenzó a exportarlos. La cifra se incrementó con Nicolás Maduro a la cabeza del Ejecutivo. Sus políticas generaron escasez de productos de la cesta básica y de insumos médicos y una hiperinflación de 1.000.000 % para el cierre de 2018, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Con la agudización de la crisis, se disparó la fuga de venezolanos por el mundo. En apenas dos años, la ONU estimó un crecimiento de 110 %, entre 2015 y 2017. De 700.000 migrantes subió a un millón y medio. Pero en 2017 se registró un pico que alertó a la región, de acuerdo con la OIM, que lo calificó como “significativo”. La migración criolla alcanzó cifras récord en países americanos y el mundo. La organización explicó en su reporte migratorio de 2017 que se intensificó la llegada de venezolanos a destinos considerados tradicionales, como Colombia, Estados Unidos y España.
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Además, se dio una diversificación de destinos a países no limítrofes como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Las rutas migratorias cambiaron. En el caso de las fronteras con Colombia y Brasil, las rutas terrestres fueron las predilectas. Incluso, una cifra indeterminada de venezolanos salió de su país con sus pertenencias a cuestas y emprendió viajes de miles de kilómetros a pie para establecerse en Colombia, Perú y Ecuador.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017, elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, 8 % de los hogares venezolanos reporta al menos un miembro que migró del país en los últimos cinco años. Se reportaron 1,3 emigrantes por núcleo, lo que equivale a más de 815.000 personas entre 2012 y 2017.
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Para el Gobierno de Nicolás Maduro, la migración de venezolanos por el mundo es producto de propaganda. En abril de 2018, el mandatario denigró de quienes “limpiaban pocetas en Miami” y los invitó a regresar al país y “trabajar por la patria” con el Plan Vuelta a la Patria. Aunque el desconocimiento del éxodo criollo es institucional dentro de las fronteras venezolanas, fuera es tema de discusión. La Organización de Estados Americanos discutirá el tema de Venezuela el próximo 10 de enero –mismo día en que Maduro tomaría nuevamente posesión de la Presidencia– durante una sesión extraordinaria en Washington.
