Caracas.- Desde el 2003 el gobierno de Nicolás Maduro viene desarrollando un sistema de educación superior paralelo al existente. Sin embargo, este proyecto presenta numerosas irregularidades.
Connectas y El Pitazo realizaron una investigación por más de cinco meses sobre el tema, y para conocer dichos hallazgos María Rodríguez y Sheyla Urdaneta, cambas periodistas y coordinadoras del trabajo de investigación “Universidades en Rojo” participaron en “Un Café con El Pitazo”, donde expusieron que, según la investigación, el Estado venezolano asfixia los presupuestos y las acciones en contra de la autonomía de las universidades.
Por su parte, Rodríguez indicó que desde el 2003 el estado creó y transformó más de 85 instituciones. 24 fueron las universidades creadas desde cero por el gobierno, 61 son colegios e institutos tecnológicos existentes, pero que fueron transformados, y además en 2008 este sistema paralelo se acentuó con la creación de la Misión Alma Mater, que amplía los objetivos de la Misión Sucre.
Pese a ser un proyecto diseñado para impulsar la creación de nuevas instituciones de educación superior, los objetivos de la Misión Alma Mater, no se cumplieron.
La periodista Rodríguez explicó que 782 millones de dólares fueron invertidos entre los años 2008 y 2018 para la construcción de 27 universidades, sin embargo, 10 fueron las que se comenzaron a construir y solo una de ellas se inauguró con una estructura inacabada.
No solo no se cumplieron los objetivos, sino que la asfixia al presupuesto y a las acciones en contra a la autonomía universitaria también formó parte de las principales armas de el Estado para atacar a las universidades venezolanas y, desde 2007 se comenzó a reducir el presupuesto asignado a las universidades y, para el 2021 la Universidad Central de Venezuela recibió solo el 2.7% del presupuesto solicitado.
Para finalizar, la periodista Urdaneta acotó que según el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos, se han registrado cuatro casos de discriminación política en las universidades controladas por el gobierno desde 2016.
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