Por Angeyeimar Gil
Venezuela vive en dictadura. No cabe duda que quienes gobiernan lo hacen sin legalidad ni legitimidad, haciendo uso de la fuerza militar, de colectivos armados y grupos policiales, algunos de reciente creación, como soporte para mantenerlos en el poder a partir de la represión y el terror. Su mala gestión, la corrupción y decisiones políticas con intereses absolutamente individuales han devenido en una emergencia humanitaria compleja (EHC) que ha sido de instalación lenta pero prolongada, cobrando la vida de muchos venezolanos.
La emergencia obligó a venir al país a varios organismos internacionales que ofrecen ayuda humanitaria y que se han aliado con organizaciones de la sociedad civil para lograr el impacto que buscan en las poblaciones vulnerables. En el marco de la presencia de estas instituciones, aparece la discusión sobre sus aportes para solventar los problemas del pueblo venezolano o si en cambio terminan intensificándolos.
Leímos hace unos días una denuncia de la Red Venezolana de Gente Positiva –que atiende a personas con VIH y que veían en la ayuda humanitaria la solución temporal del acceso a antirretrovirales– acerca de una oferta que no fue cumplida y que mantiene en vilo a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que requieren esos medicamentos, en la que aseguran que el Estado venezolano no los garantiza aunque es su responsabilidad, y que ahora es asumida por la ayuda humanitaria. Es decir, el organismo internacional viene a tomar una responsabilidad del Estado.
Ahora bien, entre los principios que rigen el funcionamiento de las organizaciones humanitarias destacan la neutralidad y la imparcialidad. Esto les permite –en el marco de la acción humanitaria– no tener que establecer una posición política, religiosa o de otra índole que contravenga su objetivo humanitario. En este mismo sentido, en el desarrollo de sus actividades, tampoco debe haber aprovechamiento político de ningún grupo dentro del país donde se hagan presentes. Recordemos que el desarrollo de la acción humanitaria en la mayoría de los casos se relaciona con desastres naturales y con países en guerra.
El detalle está en que nuestra emergencia no deviene ni de un desastre natural ni de un conflicto bélico: tiene su raíz en una forma de ejercer el poder político nada democrático, unido a niveles elevados de corrupción y saqueo del erario público. En este sentido, nuestra crisis es particular y la atención debería ser igualmente particular. Pretender darle solución a la crisis sin señalar a los responsables es cuando menos un insulto al pueblo venezolano y abono para el problema.
Aunque no comulgo con esto de la neutralidad de los organismos internacionales en situaciones como las de Venezuela, puedo asumirlo como un tema de principios que no vamos a discutir porque es perder el tiempo. Sin embargo, estos organismos trabajan de la mano de ONG venezolanas y éstas no pueden ni deben asumir este principio de neutralidad.
La idea de escribir estas líneas surge de un comentario sobre el papel de la sociedad civil devenida en ONG defensoras de Derechos Humanos (DD. HH.) como actores “no políticos”. Y uno entra en shock al leer esto. La sociedad civil de la era moderna es, en cualquier caso y desde cualquier teoría, un mecanismo de control para el Estado. Una posibilidad de límite para el poder que hemos cedido al Estado y que hemos convertido en monstruo. En este sentido, no es posible caracterizarse como sociedad civil sin ser contraparte del poder. Y mucho menos si esa sociedad civil se organiza para la defensa de los DD. HH. En este caso, debe ser más fehaciente su contraposición y contraloría frente al Estado. Más aún cuando es un Estado transformado, sin la básica división de poderes.
La política es la relación que existe entre los distintos espacios de realización de la vida humana en este sistema. Es decir, entre el gobierno y la sociedad. Es el proceso mediante el cual se toman decisiones de la vida en común, es la vía para darle forma a nuestra organización. Porque lo político es lo público y lo público lo común, lo que nos concierne a todos. La política en este sentido debe buscar –siempre– el bien común. Pretender no ser políticos es un exabrupto. En la Grecia antigua, cuna de la democracia, a quienes asumían una posición “apolítica” se les llamaba idiotas, término que viene de griego ιδιωτης (idiotez) para referir a quien no se involucra en política, en lo público y se dedica a los asuntos privados o personales.
La polarización que existe en Venezuela luego de terminarse la época puntofijista ha generado la idea del apoliticismo como una forma de protegerse de la diatriba partidista. Esto ha hecho un daño irreparable a la democracia. Y al sentido genuino de la política. Promoviendo una democracia desvirtuada, en la cual la sociedad no tiene cabida, no es importante y es preferible que no se involucre. Así la definición de la vida queda en manos de unos pocos y poderosos. Seguimos alimentando al monstruo Estado para que haga lo que quiera con nuestro presente y futuro.
En una Venezuela como la nuestra, antes, ahora y siempre, la política determina si mañana tendremos algo que comer, si hay políticas públicas para atender a los menos favorecidos y que tan grande es la cuota de ganancia de los más favorecidos. Así que de la política depende nuestra vida y nuestro futuro y los seres humanos, queriéndolo o no, somos seres sociales, ergo, seres políticos. Es antinatura definirse como “apolítico”. Peor aún si quienes lo plantean son defensores de DD. HH., derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Frente a una emergencia humanitaria compleja, provocada por quienes están en el poder, pensar una acción social sin plantarse frente a quienes deben atender lo social es un nuevo problema. No denunciar, no exigir, no contrarrestar es un problema. En tanto la actuación de ayuda y auxilio a los vulnerables por parte de ONG y organizaciones internacionales se traduce en economías para el gobierno en materia de gasto social. Como pasó a finales del año pasado, cuando el gobierno y el ministerio de Salud publican como logro suyo la cobertura de 95% del país en vacunación, y buena parte de esas vacunas fueron traídas como ayuda humanitaria, para colocar un ejemplo.
Eso que supone la ayuda humanitaria es ahorro para el gobierno, que usa a su conveniencia, es decir, armamentos y corrupción, más poder económico para ellos y más poder de fuego para enfrentarse a nosotros, al pueblo llano… Lo peor de todo es que aunque se autidefinan como “apolíticos”, “neutrales”, su posición se enmarca en una ideología política, es política que termina enquistando a la dictadura en el país. Analizando así la cuestión, no hay forma de dejar de ver estas acciones humanitarias –que efectivamente salvan vidas– como un problema mayor para Venezuela como país, a fin de cuentas.
Angeyeimar Gil es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja como investigadora en Cecodap y en la Redhnna. @angeyeimar_gil.
