Ya son 19 navidades en prisión, pero ahora tras los barrotes de una cárcel común. En el Centro Penitenciario Fénix, en Barquisimeto, alejados de sus familiares y entre privados de libertad por diferentes delitos, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina ven pasar lentamente los días, que en sus respectivos casos, suman horas de injusticia e impotencia, los mismos sentimientos que tuvieron cuando fueron sentenciados a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Hasta el 22 de octubre de 2021, Rovaín, Bolívar y Molina estuvieron recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, la conocida cárcel de Ramo Verde. Allí, al menos, tenían acceso a los alimentos que les enviaban sus familiares y podían recibir visita en épocas especiales, como la de Navidad. Pese a lo doloroso de ver cerrar tras de sí las rejas cada 24 o cada 31 de diciembre, eso era preferible a la soledad que experimentan en la cárcel de Barquisimeto, hasta donde sus familiares no pueden ir.
Incomunicados, sin más alimentos que el arroz con agua que sirven en el reclusorio, los tres policías metropolitanos que aún siguen tras las rejas por los sucesos de Puente Llaguno, viven entre la impotencia y la desesperación.
También sus familiares. María Bolívar, la tía del agente Erasmo Bolívar, llora hoy por el hecho de no poder acompañar a su sobrino en estas navidades. «Viajar hasta Barquisimeto y llevarle alimentos es prácticamente imposible para nosotros. Los costos no podemos asumirlos», relata.
Las condenas
El agente Erasmo Bolívar nunca disparó su arma. Una foto lo condenó, pudo más que la criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que lo exoneró de responsabilidades. Hoy enfrenta una condena de 30 años de prisión. También a 30 años de prisión fue condenado el inspector Héctor Rovaín. Pero las balas de su arma de reglamento no coincidían con las encontradas en los cuerpos. El Cicpc lo exoneró, la jueza lo mandó a la cárcel. Tampoco disparó el cabo primero Luis Enrique Molina. Hoy también enfrenta una pena de 30 años de prisión.
Todas las armas pertenecientes al parque general de la Policía Metropolitana (PM) sometidas a experticias y los funcionarios que actuaron el 11 de abril no guardan relación con ninguna de las muertes ocurridas el 11 de abril, atestiguó en el juicio el comisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Marcos Chávez, quien fue designado por el Ministerio Público como jefe de la comisión multidisciplinaria que investigó esos sucesos.
María Bolívar reclamó, una vez más, el otorgamiento de medidas alternativas al cumplimiento de la pena de las que los tres PM pueden disfrutar, pues así la ley lo estipula desde el año 2011.
Los tres funcionarios son beneficiarios de los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp). El destacamento de trabajo permite al recluso salir a trabajar y regresar al centro de reclusión cada noche. Puede recibir este beneficio cuando tenga la mitad de la pena cumplida. Bolívar, Molina y Rovaín, ahora presos en el Centro Penitenciario Fénix, tienen derecho a recibirlo.
En el régimen abierto se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga a partir de los dos tercios de la pena impuesta.
La libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. El confinamiento permite al recluso vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. En la última reforma del Copp se eliminó el confinamiento, pero los PM fueron juzgados con el código anterior; por lo tanto, preservan sus derechos.
Los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de esta.
La denegación de justicia en el caso de los policías metropolitanos ha sido evidente. «Ya es tiempo de que nos permitan tenerlos en casa, ya son 19 navidades alejados de ellos. ¿Hasta cuándo les harán pagar por algo que no hicieron?», se pregunta María Bolívar.
Carolina González |
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