Por: Nehomaris Sucre
¡Es un hecho! La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal sobre los posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo que modifica el escenario político y resta un margen de acción a Nicolás Maduro y a su alto mando militar. Ahora, deben poner en una balanza cada jugada antes de actuar en detrimento de los derechos humanos de la población.
Después de la decisión de la CPI se ha transformado el escenario para los efectivos de la Fanb, pues a fin de cumplir las exigencias de esta corte, las instituciones de justicia venezolana tendrán que determinar la responsabilidad individual y procesar a los funcionarios por cometer, inducir, colaborar, encubrir y conocer crímenes contra la humanidad, tal como lo establece la Constitución Nacional y el artículo 25 del Estatuto de Roma.
Otro elemento que cobra importancia es la cadena de mando, ya que se trata de la estructura en la que superiores dan órdenes a subalternos. En este sentido, una aplicación de justicia que satisfaga los criterios de la CPI requiere que los crímenes sean investigados hasta detectar cada eslabón de esta cadena que tenga responsabilidad sobre los hechos punibles.
Esto puede involucrar a las jerarquías más bajas, donde se ubican quienes dispararon durante las manifestaciones, por ejemplo, hasta los grados más altos, donde podrían situarse los funcionarios que ordenaron la represión.
En cuanto a la omisión de estos crímenes, son responsables los superiores (abarcando incluso a civiles), quienes al tener conocimiento sobre delitos de lesa humanidad no hayan tomado las medidas necesarias para impedir estos hechos o lograr que las autoridades competentes investigaran y sancionaran a los culpables, como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma.
Bajo esta dinámica se generan más divisiones a lo interno de la Fanb, donde coexisten tanto funcionarios que han vulnerado derechos humanos de forma directa o indirecta, como militares que están a tiempo para retirarse de la Fuerza Armada y así quedar libres de futuras responsabilidades penales.
Jefes de Estado y militares alcanzados por la justicia internacional
Carmel Agius, quien fue presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), afirmó que esa institución demostró “el poder de la justicia internacional en unos territorios donde había desaparecido la ley y el orden”.
El TPIY juzgó a los principales responsables del genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos durante las guerras de los Balcanes (1991-2001). Recordemos que estas guerras constituyeron un conflicto de carácter regional que terminó convirtiéndose en una amenaza para la comunidad internacional.
Uno de los procesos judiciales más sonados en el Tribunal Penal Internacional fue el de Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, también conocido como el carnicero de los Balcanes, quien murió a consecuencia de un infarto en la cárcel de La Haya, donde permaneció acusado por delitos de lesa humanidad.
El TPIY cerró en 2017, teniendo un registro de 161 acusaciones, 83 sentencias y 19 absoluciones, lo que favoreció la aplicación de la justicia humanitaria internacional.
Cadena perpetua para un exgeneral serbobosnio
Aunque el juicio de Milosevic es el más recordado, también fue importante la actuación de esta institución para detener a militares responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de los Balcanes, tal es el caso del exgeneral serbobosnio Ratko Mladic quien fue sentenciado a cadena perpetua por genocidio.
Otro militar procesado por el TPIY fue el exgeneral bosniocroata Slobodan Praljak, quien se suicidó tomando cianuro durante su juicio en La Haya después de escuchar que el tribunal le ratificó la condena de 20 años de cárcel por crímenes de guerra.
En este tribunal igualmente fueron sentenciados militares de menor rango, como el soldado del ejército serbobosnio Zoran Vuković, condenado a 12 años de prisión por violación y tortura.
En otras latitudes, la justicia internacional también se hizo valer. Por ejemplo, en 2003 el expresidente liberiano Charles Taylor fue inculpado por crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la guerra civil de Sierra Leona. El hombre fue detenido en 2006 en Nigeria y posteriormente enjuiciado en La Haya donde recibió una condena de 50 años.
Otro ex jefe de Estado procesado por la justicia internacional fue Khieu Samphan, expresidente de Kampuchea Democrática, actual Reino de Camboya. El sujeto fue detenido en 2007 por acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad y de guerra. En 2018 la corte especial patrocinada por la ONU en Camboya lo sentenció a cadena perpetua.
En este sentido, la historia demuestra que la justicia internacional no es un juego y aunque sus procesos pueden ser relativamente lentos, resultan muy efectivos para establecer penas y responsabilidades sobre quienes han podido burlar el sistema judicial de sus países.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga, militar retirada y cursante de la Maestría en Literatura Venezolana (UCV).
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