Por: Nehomaris Sucre
La “Casa de los sueños” es un área ubicada en el sótano 3 de la Dgcim. Las celdas de castigo que la conforman han sido descritas por la abogada Tamara Sujú como habitaciones de 2×2 en las que permanecen bajo condiciones de hacinamiento hasta 4 presos políticos, utilizando dos camas de cemento, un lavamanos y poceta. Además, en estas celdas las personas son expuestas al monóxido de carbono proveniente del estacionamiento.
El teniente coronel (Tcnel.) del ejército Igbert Marín Chaparro, detenido en ese lugar, inició una huelga de hambre el 21 de diciembre solicitando, entre otras cosas, la visita in situ de organismos internacionales y la eliminación de la “Casa de los sueños”, considerada por él como un “depósito de seres humanos” y centro de violación de derechos fundamentales.
El Tcnel. Marín Chaparro, ex comandante del Batallón Ayala, fue aprehendido en 2018. El juicio en su contra se basó en la acusación de una persona y conversaciones sobre la situación del país en las que participó el oficial superior, elementos que bastaron para que lo condenaran a 7 años de prisión.
En este contexto es propicio recordar a modo de comparación las declaraciones que dio a la BBC el ex ministro de Defensa de Carlos Andrés Pérez, general de división (GD) Fernando Ochoa Antich, 25 años después del golpe de Estado fallido que lideró Hugo Chávez. El general comenta que en enero de 1992 había indicios de una conspiración dirigida por Chávez. El entonces presidente de la República Pérez pidió que no se tomaran medidas, pero el GD. Ochoa citó en su despacho a Chávez, quien negó los hechos y continuó en libertad con la única amenaza de ser removido de su cargo.
Chávez, una vez perpetrado su alzamiento, fue aprehendido y enjuiciado respetándose el debido proceso y la garantía de sus derechos humanos. Los dos años de presidio los vivió en la cárcel de Yare, un centro de reclusión que, contrariamente a los actuales calabozos de la Dgcim, cumplía con las medidas necesarias para la permanencia de los reos. No denunció tortura ni malos tratos, tuvo acceso a visitas y libros e incluso portaba su uniforme militar dentro de las instalaciones penitenciarias.
Hoy la situación es distinta y está marcada por acusaciones de tortura, desapariciones forzadas, expedientes sobre violaciones de derechos humanos y un caso abierto ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Existen en la actualidad 244 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal, de los cuales más de la mitad son militares. Es una cifra grotesca y al mismo tiempo nos habla del “legado” de quien salió libre de Yare con la posibilidad de optar a un cargo de elección popular, bajo las garantías ofrecidas por el Estado de derecho fracturado años después por él y sus seguidores.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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