Por Sairam Rivas
La historia contemporánea de Venezuela está llena de irrespeto y violaciones a los derechos humanos. Si vemos objetivamente la realidad, la verdad histórica, cuando se ha hablado de “democracia”, en su acepción de garantía para el ejercicio de los derechos humanos, ha sido mayoritariamente como parte de una fraseología, muy distante del deber ser en el sentido del logro que sinceramente se desea conquistar.
No solo en la era chavista y recientemente madurista es cuando se conoce de violaciones a los derechos humanos. En la época del llamado bipartidismo también fueron muchos los presos, torturados, desaparecidos o muertos por disentir del régimen de turno. En una época se persiguió en nombre de la democracia, en esta otra en nombre del “socialismo del siglo XXI”, frase altisonante que resultó ser solo un disfraz, una parodia de discurso para un Gobierno que en realidad destruyó el futuro de una nación y de sus trabajadores. Se ampararon en esa frase para adelantar un capitalismo incluso más salvaje que los provenientes de los ultraliberalistas o neoliberales.
Son varios los casos emblemáticos en la historia del bipartidismo -luego de la década de los sesenta en que se vivió un proceso de lucha armada- y destacan, entre otros, las masacres de Cantaura y sus 23 asesinados, de Yumare y de El Amparo, las desapariciones y asesinatos de Noel Rodríguez y Jorge Rodríguez, o el caso de Belinda Álvarez, asesinada en una lucha de calle a las puertas de la UCV mientras ejercía la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de dicha universidad. Este es un caso muy emblemático para nosotros los jóvenes. Reluce el caso de Jorge Rodríguez, por ser el padre de quienes ahora resultan cómplices y ejecutores intelectuales al servicio de un régimen que viola los derechos humanos de forma despiadada y sin contemplaciones.
La historia continúa, pero aún más cruenta y terrible, a través de un régimen que ha sometido a la población a un nivel de crisis humanitaria compleja, en condiciones infrahumanas de vida. Por ello no somos pocos los que nos hemos organizado, civiles y militares, para acabar con esta afrenta al pueblo. Cientos de jóvenes asesinados, cientos de militares presos y torturados con métodos nunca vistos en los últimos años. Actualmente buena parte de los diputados a la Asamblea Nacional se encuentran en el exilio, en las embajadas, encarcelados y amenazados constantemente con allanamiento de su inmunidad.
Justo este mes, el 7 de agosto, específicamente, se cumplió un año de la detención de nuestro compañero y joven diputado Juan Requesens, quien fue víctima de torturas y sometido a tratos crueles en sus primeros días de prisión, cuestión que nuevamente evidencia ante el mundo la verdadera cara de este régimen.
A estas abiertas violaciones de los derechos civiles y políticos se les suman múltiples violaciones de derechos sociales y económicos, como la dificultad para acceder a alimentos y medicinas, sueldos míseros, mecanismos de chantaje y de control social mediante cajas Clap y bonos mediante el carnet de la patria, aparte de la destrucción de todos los servicios públicos más básicos, del sistema hospitalario y de la educación pública y gratuita.
Las relaciones de dominación y dependencia que encadenan a Venezuela hacen que la violencia y la violación de derechos elementales se agudicen. La violencia política en Venezuela sin duda es aún más cruenta. Es resultado de que nuestro país forma parte de una de las zonas en disputa más codiciadas por los tres bloques imperialistas más importantes del planeta. El bloque europeo, el estadounidense y el chino-ruso. En este último se apoya el régimen y afianza ahora su carácter rentista, dependiente y semicolonial. Este imperialismo se torna hoy como uno de los más fuertes y competitivos en diferentes áreas. Esto, en cierta forma, explica el nivel de violencia como una necesidad para mantener esa forma de dominación, que más allá del mantenimiento de las mafias en el poder, es una dominación con intereses fuera de nuestras fronteras, de lo que podría ser un proyecto internacional.
Esta historia continuada de violaciones de derechos humanos nos debe llevar a una profunda reflexión sobre lo que ha sido su presencia en buena parte de la historia de Venezuela, para no seguir sucumbiendo en lo mismo y deslastrarlo de nuestra cultura política. Es tan grande el número de torturados, apresados, perseguidos, tantas injusticias que se han cometido, que cuando conquistemos el cambio político se debe tener la conciencia y la madurez política suficientes para no volver a tener como guía el odio, el resentimiento y la creación de un sentido de revancha social en los sectores más desposeídos, como lo hizo este régimen al llegar al poder, o de arrebato plutocrático, como lo hizo Carmona en 2002.
Para hacer conciencia de ello, como dirigencia llamada a reconstruir el país, no basta solo con pensar en el restablecimiento de la democracia de forma abstracta, sino en comprender lo que ha sido el petróleo y el rentismo como base del despotismo y la necesidad de dar fin a ello en nuestra estructura económica. Durante años, el petróleo y la renta de ella proveniente han sido el sustento del despotismo en Venezuela. Si se quiere que en Venezuela haya garantías a los derechos humanos necesitamos entender, definitivamente, que debemos usar el petróleo para construir una economía independiente, desarrollada, armónica y diversificada. Debemos deslastrar su uso para el control social, lo cual se expresa actualmente de forma clara en Pdvsa, con aquello de que es del “pueblo”, ligando sus funciones a las cadenas de distribución de alimentos y programas sociales que no se sustentan en una economía fuerte, productiva.
Es tarea principal de un nuevo gobierno aprovechar con un sentido estratégico y de conservación del medioambiente todos los minerales que yacen sobre nuestros suelos, que van mucho más allá del petróleo, el oro o el diamante, sino que comprende otros minerales, como el coltán, el torio, el rodio y ahora las “tierras raras”, todo lo cual puede ser usado, si se tiene un sentido nacional, para la reconstrucción de nuestro país y el avance de nuestras fuerzas productivas de manera creciente y sostenida.
Debemos deslastrarnos por completo de lo que ha sido Venezuela en los últimos dos lustros, cuya base material es el petróleo y su base social, el lumpen proletariado. Se trata de crear una sociedad basada en la mística, la ética y el mérito por trabajo. Y no una en la cual se siga alimentando la cultura de la flojera, la corrupción, la “viveza criolla”, propia de los desclasados.
La garantía de los derechos humanos, políticos y sociales solo se logrará con un cambio político que se comprometa con una sociedad más justa y de beneficio para las grandes mayorías. Si un cambio no se produce en esta dirección, si no se acaba con el rentismo, nos dirigiremos a un régimen que para mantenerse en el poder, para sobrevivir, apelará a la tortura, porque siempre existirá la subversión: de los excluidos, de los desposeídos y de los segregados.
Un nuevo gobierno debe propiciar un sistema de justicia que condene todo trato criminal, el uso de armas de fuego en manifestaciones y violaciones de derechos humanos en situación de detención. Quienes se propongan asumir la conducción de un cambio real deben hacer efectivos los mecanismos reales y jurídicos para garantizarlo. La garantía de los derechos humanos, del respeto a la disidencia, después de esta oscura mancha en nuestra historia, no puede volver a convertirse en una promesa más.
