Barquisimeto.- Un estudio realizado por el Observatorio de Universidades (OBU) en 21 instituciones públicas de educación superior de Venezuela revela que 83% de los estudiantes no tienen acceso a ningún tipo de providencias o servicios universitarios desde hace tres años, lo cual pone en riesgo su permanencia en las facultades. OBU es un proyecto de la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano (Fundaladeshu), de la ciudad de Barquisimeto.
9 de cada 10 estudiantes aseguran que no tiene comedor en sus instituciones desde 2018 en adelante. La cifra no varía en el resto de los programas o ayudantías.
«Al desglosar cada una de las providencias: beca, asistencia médica, servicio odontológico, transporte universitario y comedor, encontramos que más del 90% no las recibe, y no es un asunto de la pandemia [del COVID-19]», declaró el coordinador de la organización, sociólogo Carlos Meléndez, el 19 de octubre, durante la presentación de los resultados de la Encuesta sobre participación de derechos estudiantiles en Venezuela 2021.
El Observatorio de Universidades (OBU) consultó a 1.157 estudiantes de 21 instituciones públicas y 15 privadas en las 24 entidades del país para analizar el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos y civiles. Meléndez señaló que las condiciones de la juventud universitaria están definidas por 3 D: desprotección, desinformación y despolitización.
«La primera es la desprotección por el hecho de que el Gobierno incumple con la asignación de recursos. La segunda corresponde a la desinformación; nuestros estudiantes no tienen conocimiento sobre los asuntos universitarios», sostuvo Meléndez.
La tercera D que define a la juventud universitaria en el país —de acuerdo con Carlos Meléndez— es la despolitización: 79% de los estudiantes no participan en ningún club o movimiento extracátedra por el contexto de asfixia presupuestaria, crisis salarial y migración, que llevaron a la desaparición de estos espacios.
Exclusión y ausencia gubernamental
El coordinador del OBU indicó que 97% de los estudiantes no cuentan con servicio de orientación, pese a que está contemplando en la Ley Orgánica de Educación.
Esa situación planteda les genera privaciones a grupos vulnerables: 91% de los estudiantes que pertenecen a poblaciones indígenas no tienen transporte para ir a estudiar; 97% de los estudiantes con discapacidad no cuentan con programas de atención especial y 78% de los estudiantes de la comunidad LGBT desconocen si en sus facultades hay actividades de inclusión de género.
El acceso a programas sociales fuera de lo académico también es limitado. 7 de cada 10 estudiantes no han sido incluidos en los programas sociales y solo 2 de cada 10 estudiantes universitarios en Venezuela afirmaron que reciben bolsas Clap.
En la región capital hay un mayor porcentaje de beneficiarios de este programa que en el resto del país, añadió Meléndez tras referirse a la desigualdad territorial, lo que pone en evidencia la ausencia del Gobierno en el interior.
Escenario de privaciones
Por otra parte, el estudio demuestra que el movimiento estudiantil actúa en un escenario con privaciones nunca vistas en los últimos 60 años y mantiene más comunicación con sus representados que las propias autoridades universitarias, reiteró el sociólogo.
«Sin comedor, transporte, recursos materiales, servicios y medios para la creación de actividades, el trabajo de los líderes y lideresas estudiantiles es reconocido por la mayoría de los estudiantes», dice el informe del OBU.
Para Meléndez, lo más destacado de la encuesta es la importancia del movimiento estudiantil para mantener las universidades en pie. Este grupo es protagonista del 80% de las protestas que se han registrado en el país desde enero de 2020.
«Pese a las condiciones adversas en el ejercicio de los derechos humanos de los estudiantes, ellos siguen estando allí. El Estado debe responder con providencias, con libertades, sin persecución y sin aprehensiones», agregó el coordinador del OBU tras hacer un llamado a la sociedad civil para que respalden a los universitarios en el rescate de sus facultades y decanatos.
 consultó a 1.157 estudiantes de 21 instituciones públicas y 15 privadas en las 24 entidades del país para analizar el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos y civiles. El estudio revela que la juventud universitaria se enfrenta a un escenario de desprotección, desinformación y politización){kind=link}