Caracas.- “Sea cual sea la suerte política de Venezuela, la realidad es que la migración de venezolanos va a ser parte del futuro de Colombia, lo que implica hacer políticas de más largo plazo”. El planteamiento lo hace Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá.
Hay varias razones que explican a la migración venezolana como una corriente sin proyecciones a corto y mediano plazo de retorno masivo, señala Rodríguez a El Pitazo: por un lado, la cercanía con Colombia y las características de una frontera de 2.219 kilómetros que limita con cuatro de los 23 estados venezolanos: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
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También apunta que la magnitud de la crisis humanitaria que vive Venezuela, cuya reconstrucción vislumbra muy compleja, es otra razón que consolida a Colombia como un gran receptor regional de población venezolana migrante.
La respuesta no puede ser transitoria
Abarcar todos los ámbitos de ese fenómeno migratorio venezolano requiere entonces, indica Rodríguez, superar el carácter transitorio de la respuesta del Gobierno de Colombia e implementar una política migratoria de protección social y de derechos que quede plasmada dentro de un marco legal.
“Lo más importante es que se entienda que el fenómeno migratorio venezolano es de largo plazo; que el reto es integrar a esta población a la sociedad colombiana y hacerla parte de ella”, recalca el politólogo e internacionalista.
Pero su tradición de país expulsor de población no facilita ese proceso de integración social entre los migrantes y las comunidades colombianas. Estas han pasado a recibir en los últimos cuatro años a más de 1,7 millones de venezolanos.
Tampoco se la pone fácil la población venezolana migrante, que tiene otra manera de vivir, de perseguir fortuna. Y resultan también distintas sus políticas públicas en materia social y el comportamiento de sus clases sociales aquí y allá, así como el peso de un pasado histórico marcado por el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia, que dejaron huellas profundas en sus protagonistas, destaca Rodríguez.
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“Los migrantes muchas veces creen que Colombia funciona igual como funciona Venezuela, y es todo lo contrario”, precisa. Es por ello que considera necesaria la implementación de un proceso de alfabetización migratoria de la comunidad receptora y de la migrante; este permitirá además luchar contra la discriminación y la xenofobia.
También, sostiene Rodríguez, “para que puedan entender qué es Colombia y las complejidades de una sociedad que es muchísimo más dura, más agresiva y muchísimo más desconfiada que la venezolana”.
Por una ley migratoria integral
“Colombia no tiene una ley migratoria que sea clara y establezca cuáles son los parámetros de atención de la población en condición de movilidad humana que llega; ni siquiera para sus propios retornados”, expresa el investigador de la Universidad del Rosario.
Sobre estos retornados, estimados en más de 500.000 colombianos que han salido de Venezuela para regresar a su país, Rodríguez recuerda que Colombia cuenta con algunos proyectos de ley del retorno, “pero diseñados para una población de alto perfil que se busca para impulsar el desarrollo económico y no para una población que se encuentra en condición de necesidad y regresa con las manos vacías”.
Señala que Colombia es el país de la región que más ha regularizado a la migración venezolana. Son 754.085 personas con algún tipo de documentación para poder acceder a servicios sociales y ofertas laborales y estar de forma regular en ese territorio.
Sin embargo, hoy son más los venezolanos que permanecen en una situación administrativa irregular (1.017.152), de acuerdo con cifras de Migración Colombia al 31 de diciembre de 2019. Esto no les permite normalizar su vida en ese país.
Es por ello que considera necesario retomar el Registro Administrativo de la Migración Venezolana. Se trata de un proceso iniciado en 2018 para establecer las peculiaridades de esta población migrante, a fin de avanzar hacia su integración social.
“Uno de los grandes problemas es que no hay una adecuada sociocaracterización de la comunidad migrante (…). El reto es bastante grande, porque se empiezan a sentir las dinámicas de xenofobia y aporofobia (miedo o rechazo a las personas pobres)”, subraya.
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Sobre estos sentimientos de discriminación y xenofobia, Ronal Rodríguez teme que sean alimentados por algunos políticos colombianos para sacar rédito político, al instrumentalizar discursivamente al migrante como culpable de los problemas del país o como una amenaza a sus nacionales, sobre todo durante la reconstrucción socioeconómica que deberá iniciar Colombia cuando finalice la pandemia por el COVID-19.
Retos y obstáculos de la integración social
Si bien considera que el Gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo en la recepción de la población venezolana migrante, Rodríguez dice que este ha sido insuficiente, sobre todo para atender a la más reciente oleada, de gran magnitud y con enormes necesidades.
Cree que el costo solo en vacunación “ha sido bastante alto” y los procesos de nivelación académica de un conjunto de estudiantes venezolanos que, afirma, ha realizado Colombia han representado un esfuerzo adicional en materia de educación.
“Colombia no cuenta con el músculo financiero ni muchas veces ni siquiera con la voluntad política para atender a las poblaciones que están en riesgo de vulnerabilidad (…); nosotros prácticamente metimos debajo de la alfombra a todo lo que fue la crisis del desplazamiento interno y ahora tenemos la crisis de la migración venezolana”, indica.
Ahora, añade las enormes dificultades que en plena emergencia por el COVID-19 tiene un conjunto de la población venezolana migrante para continuar su vida, al quedarse sin una entrada económica, lo que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Tenemos problemas para atender a nuestra propia población vulnerable. Mientras no haya una ley migratoria ni un proceso legal de inserción de la migración a largo plazo, será muy difícil su integración en Colombia; pero eso también es responsabilidad de la sociedad venezolana y, en particular, de la oposición, que repite al Estado colombiano que tan pronto caiga el dictador todos los venezolanos van a regresar. Eso es mentira, porque los procesos migratorios son mucho más complejos”, argumenta.
De la educación y la vivienda
Es precisamente en la educación donde Rodríguez considera que debe sortearse uno de los mayores obstáculos de la integración social, producto del “deterioro de la calidad educativa en Venezuela”. Un deterioro que se refleja, según estudios de la Universidad del Rosario, en niños y adolescentes migrantes que ingresan al sistema educativo colombiano con grandes carencias en algunas áreas que deben abordarse para evitar que se queden atrás.
Y, a diferencia de Venezuela, el sistema educativo en Colombia es altamente costoso; es visto como una inversión necesaria e indispensable para mejorar las condiciones de vida de la población, refiere el politólogo e internacionalista.
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También destaca los obstáculos para la convalidación de títulos profesionales y de postgrado de venezolanos migrantes. Recuerda que el caso más notorio es el del gremio médico, que se opone a la convalidación de títulos venezolanos. “Eso impide a los venezolanos competir en condiciones de igualdad con los colombianos”.
Pero es quizás en el acceso a la vivienda donde los venezolanos migrantes encuentran el mayor obstáculo para avanzar en un proceso de integración en la sociedad de Colombia, declara Rodríguez a El Pitazo.
“En Colombia el proceso de arrendamiento y alquiler de vivienda es muy complejo, lleno de trabas técnicas. Eso genera que la población venezolana no pueda establecerse con tranquilidad; que una persona de estrato popular tenga muchas dificultades para adquirir una vivienda que le permita vivir de forma razonable, lo que los ha llevado a vivir en zonas de alto nivel de peligrosidad o en ambientes hostiles”, puntualiza.
Por consiguiente, considera inaplazable generar instrumentos de alquiler para la población venezolana migrante que faciliten y flexibilicen la posibilidad de acceder a una vivienda y generar un proceso de arraigo al territorio colombiano.
“Sin vivienda es muy difícil adelantar un proceso de acercamiento, inclusive de inclusión (…). Y sin regularización y acceso a derechos ningún proceso de integración se puede consolidar”, recalca el investigador del Observatorio de Venezuela.
Migración sin planificación
Ronal Rodríguez identifica en los últimos dos años a una población venezolana que ha hecho un proceso migratorio “sin inteligencia migratoria”.
“Es decir, (emigran) sin mayor planificación, llevados por la contingencia, van de una ciudad a otra. Las medidas temporales tampoco les permiten establecerse claramente; se dejan llevar demasiado por los rumores, por lo que circula en redes sociales. Su capacidad de análisis y toma de decisiones está mediada muchas veces por el hambre, por las necesidades”, señala.
Por consiguiente, indica que son personas sin suficiente información para conocer cuáles son las capacidades del país receptor en la atención de la emergencia humanitaria. Por ejemplo, expresa que, en el caso de Colombia, “desconocen que el trato que se les dará en el manejo de una enfermedad será el mismo que se dará a cualquier colombiano, independientemente de su condición migratoria”.
Rodríguez manifiesta además que las organizaciones de la sociedad civil en Colombia han cargado sobre sus hombros con el mayor peso de la respuesta hacia la migración venezolana.
Y advierte dificultades para obtener recursos que permitan atender el fenómeno migratorio venezolano. “Sobre todo porque no se ve como uno de los casos críticos en materia de migración, en comparación con el de los Rohingyas o el de los sirio-libaneses, que incluyen variables culturales y lingüísticas importantes”, dice.
Nicolás Maduro y el uso deshumanizado del COVID-19
Al evaluar la respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos que emprendieron el regreso forzoso a su país en plena pandemia, Rodríguez considera que se ha hecho un “uso deshumanizado de la enfermedad”.
“Someter a los venezolanos a pasar por un captahuella, como refleja un video de Freddy Bernal, demuestra un desconocimiento de los niveles de contagio de esa enfermedad. Además, los señalamientos que se hacen a una persona con COVID-19 son muy peligrosos y alentan dinámicas de estigmatización y violencia”, expresa.
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En esta coyuntura, el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario enfatiza en la necesidad de establecer un diálogo entre los dos Estados, independientemente de su signo político, para atender a los migrantes.
“Hay responsabilidad del régimen de Maduro en el maltrato de los venezolanos que están llegando a su territorio, pero también del Estado colombiano en la medida en que están saliendo estas personas marcadas por una dificultad de movilidad que es muy grande, producto del cierre de la frontera. Y esas dos cosas se suman en contra de esa población, que en este momento es vulnerable”, apunta Ronal Rodríguez.
