Por: Andrea V. González G.
Evaluna, venezolana de 21 años, migró a Colombia con el fin de hacer valer su derecho al aborto y darle una vida mejor a sus hijos. Sin papeles ni recursos necesarios para una migración regular, el embarazo representaba un riesgo para su salud física y psicológica. La joven presentó una solicitud a las autoridades para el servicio médico, que pronto fue negada, reseñó el diario El Espectador.
Bajo la premisa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), establecida en las leyes de Colombia, la venezolana asistió al Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, asesorada por la organización Women’s Link Worldwide y la Defensoría del Pueblo. El centro se negó a realizar el procedimiento y alegó que debía trasladarse a un hospital de mayor nivel en Bogotá o Medellín.
“Todo muy doloroso, duro, muy duro. No tenía cómo, estaba en un estado de depresión terrible”, relató Evaluna a El Espectador. La joven fue remitida al Instituto Departamental de Salud, que pronto rechazó su traslado. El ente declaró que la venezolana no podía optar por el procedimiento abortivo debido a su estatus de migrante irregular y la falta de registro en la base de datos del Sistema de Salud Subsidiadio por el Estado (Sisben).
Evaluna presentó una tutela contra el Instituto Departamental de Salud para exigir el servicio médico, más la protección de su vida, dignidad y salud. El único requisito exigido por la ley colombiana para optar por esta medida es presentar el certificado médico expedido. A pesar de contar con el documento, el juez no concedió la tutela a la joven luego de pasar quince días hospitalizada.
La venezolana fue privada de su derecho y dio a luz en Hospital Erasmo Meoz, sin recibir ayuda prenatal y bajo condiciones no aptas. “Ese día sufrí mucho y a los cinco días de parir ya me tocó trabajar. No pude cuidarme en casa ni diez días”, afirmó la venezolana, quien a su vez aseguró haber escuchado comentarios despectivos de las enfermeras, y recibió un documento para dar a su hijo en adopción, a lo que ella se negó.
La joven no cuenta con papeles necesarios para trabajar de forma regular, ni afiliarse al sistema de salud colombiano. Además del recién nacido debe mantener a sus tres hijos y a su madre. Su situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de ser reparada por el estado colombiano. Evaluna espera que su historia sea un antecedente jurídico, que proteja a las migrantes venezolanas que se encuentren en la misma situación.
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