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viernes, 10 mayo, 2024
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Venezolana solicitante de asilo en EE. UU. demanda al servicio de inmigración

La venezolana Dayana Vera de Aponte, junto con otros cuatro trabajadores en EE. UU. , quiere obligar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) a resolver las demoras y procesar oportunamente las solicitudes de renovación de autorización de empleo para los solicitantes de asilo. Los demandantes señalan que el retraso pone en riesgo sus medios de vida

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Caracas.- La venezolana Dayana Vera de Aponte es una de los cinco trabajadores en Estados Unidos que demandaron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) por las demoras en la renovación de los permisos de empleo de solicitantes de asilo, que consideran extremas e irrazonables.

“En los seis años que he vivido en este país, siempre he tenido mi sustento en mis propias manos, hasta ahora. Debido a la demora del gobierno en procesar la renovación de mi permiso de trabajo, mis pacientes se quedan sin su terapeuta -un cambio que no les ayuda en su condición-, mi familia se queda sin su fuente de apoyo principal y yo me quedo impotente hasta que se renueve mi permiso de trabajo», dijo la venezolana, miembro del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (Asap).

La demanda colectiva fue presentada el jueves 11 de noviembre en la corte de distrito federal, en el Distrito Norte de California, por el American Immigration Council, el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo y Lakin & Wille LLP. ¿El propósito? Obligar al Uscis a resolver las demoras y procesar oportunamente las solicitudes de renovación de autorización de empleo para los solicitantes de asilo que, a veces, demoran 10 meses o más en aprobar.

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Vera de Aponte afirmó, además, que con esta acción judicial espera proteger a todos los solicitantes de asilo de sufrir estos retrasos y perder sus medios de vida, su seguro médico y la capacidad de mantener a sus familias. «Espero que esta injusticia se pueda corregir a través de esta demanda y que ningún otro solicitante de asilo se enfrente a la incertidumbre e inestabilidad que he sentido esperando que se restablezca mi posibilidad de trabajar”, manifestó.

Emma Winger, abogada del American Immigration Council, rechazó lo que considera «la burocracia en su máxima expresión» del Uscis. «A pesar de presentar la documentación a tiempo para renovar su autorización de empleo, Uscis ha engavetado esas solicitudes, mientras la economía de los Estados Unidos desesperadamente necesita trabajadores”, dijo mediante una nota de prensa.

Consecuencias negativas

De acuerdo con la demanda presentada en la corte, “Uscis ya ha determinado que cada uno de estos solicitantes de asilo está autorizado para trabajar (… ) Los demandantes buscan renovar su documento de autorización de empleo para poder mantener o retomar su empleo y mantenerse a sí mismos y a sus familias mientras están esperando una decisión de sus solicitudes de asilo».

Winger alertó, además, sobre las consecuencias negativas de esta demora: “La pérdida de la autorización de empleo no solo limita la capacidad de trabajo de los solicitantes de asilo, sino que es un requisito previo para el seguro médico y ciertas licencias profesionales y para obtener una licencia de conducir en la mayoría de los estados. La autorización de trabajo brinda apoyo y estabilidad que es clave para los solicitantes de asilo que, a menudo, sufren traumas y que pocas veces tienen otros medios de apoyo económico».

Los cinco demandantes son una médica que trata a poblaciones rurales desatendidas, un conductor de camión de larga distancia, un gerente de servicios de alimentos, un trabajador de tecnología y una trabajadora de salud conductual para niños con necesidades especiales. La venezolana, al igual que el resto de los demandantes, busca asilo debido a la persecución en su país de origen, refiere el American Immigration Council mediante la nota de prensa.

“Los miembros de Asap están demandando a Uscis, porque las demoras irrazonables del gobierno les han hecho perder sus trabajos en medio de una pandemia», afirmó Zachary Manfredi, director de litigios del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo.

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