Caracas.- El crimen ocurrió el viernes 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander, y pone sobre la mesa dos realidades desestimadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela: la creciente migración de venezolanos exhaustos de una crisis sin precedentes y la ausencia por décadas del Estado colombiano en la región del Catatumbo.
A continuación, El Pitazo ofrece tres claves sobre el asesinato de los dos jóvenes venezolanos en Colombia.
1.- ¿Quiénes son las víctimas del crimen?
Alexander José Fernández tenía 15 años de edad, y no 12 como se afirmó inicialmente, cuando fue asesinado el viernes 8 de octubre, en una vía rural de Tibú. Es un adolescente wayúu que emigró a Colombia para ayudar a su madre enferma. “Él aquí estaba trabajando en el campo para girarnos plata a nosotros; tenía a la mamita enferma. Tiene un tumor en el ovario, entonces él estaba trabajando para ayudarla y no es justo lo que pasó”, confirmó Nohelí Rodríguez, tía del menor de edad, citada por Publímetro.
El defensor regional de Norte de Santander, Jaime Marthey, dijo a El Colombiano que en agosto de 2020 el menor de edad llegó a Tibú desde una comunidad indígena wayúu ubicada en Maracaibo, Venezuela, en busca de una mejor vida.
Marthey señaló que Alexander José encontró trabajo como raspachín (trabajador que corta las hojas de la mata de coca con sus manos) en esa zona cocalera, uno de los municipios que componen el Catatumbo y que tiene 40.116 hectáreas de coca sembradas, según el censo de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Pero desde hace unas semanas se había instalado en el casco urbano de Tibú, luego de entablar amistad con el otro joven venezolano que también fue asesinado, identificado como Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23 años, y no de 18, como se afirmó inicialmente.
El joven es oriundo de Los Teques, estado Miranda, y vivió gran parte de su vida con su madre en la localidad de Las Virtudes, municipio Tulio Febres Cordero, en Mérida, desde donde decidió emigrar a Colombia en busca de mejores oportunidades, indicaron familiares de Jackson Enrique, citados por medios locales.
Arriaga deja una hija de tres años de edad. Familiares de los dos jóvenes venezolanos llegaron a la sede de Medicina Legal en Cúcuta para retirar sus cuerpos. La noche del miércoles 13 de octubre fue trasladado el cuerpo del adolescente wayúu a La Concepción, una localidad del municipio Jesús Enrique Lossada en el estado Zulia.
2.- ¿Qué sucedió?
Alexander José Fernández y Jackson Enrique Arriaga Parra fueron retenidos el viernes 8 de octubre en una tienda por comerciantes de Tibú, después de ser acusados de robar en el establecimiento de ropa y artículos alimenticios. Los jóvenes fueron maniatados con cinta adhesiva y, con aire afligido, se les puede ver en una grabación difundida en Twitter en la que una persona, fuera de cámara, los acusa de “ladroncitos”.
“Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestra responsabilidad están y entonces se los vamos a entregar a las autoridades”, dice otro hombre en la grabación.
Medios locales señalan que el plan era llevarlos por todo el pueblo para darles un escarmiento. Los comerciantes afirman que estaban a la espera de la policía cuando llegaron hombres armados en moto que se los llevaron.
Aseguran, además, que llamaron un sinnúmero de veces a los funcionarios para entregar a los jóvenes, sin conseguir respuesta. La estación de Policía de Tibú está a tres cuadras del lugar de los hechos, señala el diario El Colombiano.
Lo cierto es que unas horas más tarde aparecieron los cuerpos baleados de los dos jóvenes venezolanos. Ambos con las manos atadas. El cuerpo del más pequeño fue hallado con un disparo en la cabeza y sobre un charco de sangre. El niño aún llevaba su mochila roja y colgado al cuello le fue colocado un cartel con la palabra “Ladrones”.
Nohelí Rodríguez, tía del menor de edad, dijo a Publímetro que no entiende por qué le amarraron las manos a los dos jóvenes si estaban desarmados y no pusieron resistencia. La policía ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables del crimen y acusó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Anunció también una investigación interna para establecer si hubo negligencia de los uniformados de la estación, mientras la Fiscalía designó a un grupo de investigadores.
El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó el crimen y afirmó que en el Catatumbo hay presencia de grupos ilegales como Los Puntilleros, Los Caparros, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales, aseguró, quieren tomar el poder de la zona.
“Sin embargo, la fuerza pública está dispuesta a combatir la violencia que quieren infundir con este tipo de hechos. Y esto duele, duelen mucho estos actos fratricidas”, aseguró desde Washington, donde se encontraba cuando sucedió el doble homicidio.
Pero su declaración no hace más que confirmar la idea de que en el Catatumbo no manda el Estado colombiano. «El Catatumbo tiene el coctel explosivo perfecto: está literalmente ‘nadando’ en coca, el abandono del Estado es histórico, está en la frontera con Venezuela. Uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno será atender su situación», apuntó Ricardo Ospina, periodista y director de los Servicios Informativos de Bluradio, a propósito del crimen, el miércoles 13 de octubre.
3.- De la condena y el cruce de acusaciones
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el doble homicidio en Tibú. También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), diversas organizaciones y figuras políticas como las de los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Gustavo Petro rechazaron el crimen que consideraron favorecido por la ausencia del Estado y una comunidad que se toma la justicia por su propia mano.
A las condenas le siguieron un cruce de acusaciones entre ambos gobiernos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro denunciará al presidente colombiano, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional en La Haya por la «persecución» y el «exterminio» de migrantes venezolanos, una población que, curiosamente, ha sido desestimada en el discurso que ha mantenido el propio Gobierno durante los últimos años.
Ante la acusación, la Cancillería colombiana aseguró que el gobierno de Duque hace esfuerzos para atender a toda la población venezolana que huye de la «crisis social, económica, política y de la vulneración constante de sus derechos humanos, generada por un régimen dictatorial que violenta las libertades y que destruyó la democracia de esa nación».
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza y desmiente las recientes declaraciones infundadas hechas por distintos voceros de la dictadura de Nicolás Maduro en donde denuncian una supuesta política de agresión, discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana», dijo la Cancillería colombiana mediante un comunicado.
Con información de El Colombiano, WRadio, Bluradio, El Tiempo, Publímetro y El País
