El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes denunció que los tribunales de Mérida impidieron el ingreso a las audiencias de juicios a familiares, abogados y víctimas por extensión de al menos tres casos | Foto: cortesía
Mérida.- Falta de notificación a las partes y prohibición de acceso a las audiencias de juicios a familiares y víctimas por extensión son algunas de las irregularidades que el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció que ocurrieron durante la primera semana de reapertura de tribunales en Mérida, entre el 5 y el 9 de octubre pasados.
«Entre los días 7 y 8 de octubre se reanudaron las audiencias de juicios de los casos sobre el asesinato de German Cohen, el encarcelamiento de Erickvaldo Márquez y el asesinato de Wuilderman Paredes. En ninguno de estos casos el tribunal notificó sobre las fechas y horas de las audiencias, así como impidió la presencia en las mismas de familiares, abogados y víctimas por extensión. No fueron notificadas ni la fiscalía ni la defensa, omisión que constituye un acto de discriminación en contra de las víctimas y falta de imparcialidad, al no preservarse el principio de igualdad de las partes en el debido proceso», detalla el ODH-ULA en nota de prensa publicada el martes, 14 de octubre.
En Venezuela los tribunales permanecieron cerrados desde el 20 de marzo y hasta el pasado 5 de octubre, por decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno de Nicolás Maduro. Mediante la resolución N° 2020-0008 el TSJ anunció la reapertura de los tribunales en el país para tramitar y sentenciar casos nuevos y en curso, procesos que se desarrollarán durante las semanas de flexibilización en el marco de la cuarentena nacional por COVID-19.
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Además de las irregularidades cometidas por los tribunales y denunciadas por el ODH-ULA, este observatorio publicó en agosto pasado un informe que da cuenta de la paralización casi total del sistema de justicia en el país durante la cuarentena. El pasado 20 de marzo, el TSJ resolvió suspender las causas y lapsos procesales, exceptuando únicamente los lapsos en materia de amparo constitucional. Esta decisión fue ratificada el 12 de julio bajo la resolución N° 005-2020. Para el ODH-ULA, dichas resoluciones violaban el principio constitucional de acceso a la justicia.
La inoperatividad de los tribunales, la falta de opciones digitales para realizar trámites y la falta de recursos humanos y materiales en las prefecturas de Mérida fueron algunas de las fallas denunciadas por el ODH-ULA en su informe Venezuela: paralización del acceso a la justicia durante el COVID-19.
Las irregularidades en el funcionamiento de los tribunales durante la semana pasada, denunciadas por el ODH-ULA, constituyen violaciones de los principios de publicidad, imparcialidad y participación ciudadana que rigen en el sistema de justicia en Venezuela para los juicios orales. Estos principios garantizan el cumplimiento del debido proceso a través del control ciudadano para evitar la arbitrariedad judicial y garantizar la transparencia en la toma de decisiones judiciales.
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