Especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes aseguran que el retraso procesal ocurre debido a la poca sensibilidad de los funcionarios con estos casos y a la falta de personal calificado en las instituciones. Expertos destacan que en la mayoría de los casos se pone en tela de juicio al denunciante, por lo que representantes prefieren desistir para que los infantes no sufran esta violencia institucional
Silvana tenía 15 años cuando fue víctima de abuso sexual. Un día, mientras su mamá estaba fuera de la casa, su padrastro llegó a la casa en estado de ebriedad y la forzó a tener relaciones sexuales con él.
De inmediato, la madre de Silvana fue hasta el Ministerio Público y puso la denuncia. Ha pasado un año y el caso sigue estancado en los tribunales, sin conocerse avances.
En Venezuela, según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), se entiende por niño a toda persona con menos de 12 años y por adolescente a toda persona entre los 12 y los 18 años. Pero cuando se trata de abuso, las distinciones no se limitan solo a la edad. Hay otros factores que entran en consideración: la diferencia de edades, la relación de poder y la manipulación psicológica.
El abuso sexual es tipificado como delito en la Lopnna, específicamente en el artículo 259, donde se habla de pena de dos a seis años de prisión para quien realice o participe en actos sexuales con niños; si implica penetración genital, anal u oral será de 15 a 20 años, y si el culpable ejerce autoridad o vigilancia sobre la víctima la pena se aumenta en una cuarta parte.
La madre de Silvana ha pensado en desistir de la denuncia para evitar que la joven se desestabilice emocionalmente. “Pero no, me he sacado esa idea de la cabeza. Ella me dice que lo deje, que no vale la pena seguir pensando en eso. Creo que lo importante y necesario es que haya justicia”, dice.
EL RETRASO PROCESAL OCURRE EN TODOS LOS NIVELES: LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS TRIBUNALES
Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, explica que es razonable que alguien que pasa por un proceso doloroso, largo y sobre el que no ve resultados pueda sentirse impulsado a abandonarlo. “Existen graves retrasos procesales, en condiciones que no son idóneas, con procedimientos de escucha que no son adecuados, en condiciones no ideales que se pueden traducir en que las familias dejen de buscar justicia y que, por el contrario, terminan por invisibilizar el proceso y no necesariamente porque no deseen que se haga justicia, sino porque no están dispuestos a enfrentar la violencia institucional que representa esto”.
El retraso procesal ocurre en los distintos niveles: los cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Público y los tribunales, así lo asegura José Sánchez, abogado especialista en protección de niños, niñas y adolescentes.
“Ningún organismo es ajeno a lo que ocurre. Por eso podemos hablar de un problema estructural, que va desde la deshumanización de los funcionarios que atienden los casos hasta la falta de personal y recursos dentro de las instituciones”.
Agrega que no se puede determinar un tiempo para el proceso de justicia, ya que está condicionado al tipo de pruebas, a la cantidad de implicados y si se cuenta con la capacidad para dar respuesta a los casos.
Por lo general la mayor cantidad de casos son recibidos en el Ministerio Público y cuerpos de seguridad | Cortesía @mppre
Primera traba: cuerpos de seguridad
Las instituciones habilitadas para recibir las denuncias son el Ministerio Público, los Consejos de Protección, el Cicpc, policías, los juzgados de Paz, la Defensoría Nacional de la Mujer y los comandos fronterizos de la Guardia Nacional.
Las leyes venezolanas aclaran que la denuncia de abuso sexual infantil se puede realizar en cualquiera de los organismos facultados para ello, sin orden alguno. Sin embargo, los abogados consultados para este trabajo comentan que los principales organismos donde se denuncia son el Cicpc, las policías y el Ministerio Público. A los Consejos de Protección también llegan denuncias, pero no es lo más usual, sino que más bien su papel es imponer medidas de protección y hacerle seguimiento al caso.
Una exfuncionaria de la oficina de Protección de la Familia y la Mujer del Ministerio Público, que pidió que su identidad se mantuviera en reserva por temor a represalias, explicó a El Pitazo el retraso que ocurre con aquellos denunciantes que primero van a la policía o al Cicpc.
“Hay un retraso en el Cicpc cuando abre el expediente. Se debe a una falta de preparación de los funcionarios. En Venezuela siempre se pone en tela de juicio al denunciante. Aquí cualquier persona puede ser funcionario de seguridad, pero hace falta preparación a nivel psicológico sobre el comportamiento de la víctima. No hay empatía de los funcionarios con las víctimas”.
Agrega que los funcionarios de los cuerpos de seguridad tienen prejuicios y falsas creencias que obstaculizan la detección de los casos, no tienen sensibilidad ante estas situaciones y tienen poca o nula formación o herramientas para la detección del abuso sexual.
A esto se le añade, como ocurre en las instituciones venezolanas, la restricción a datos o cifras desde hace años, por lo que se hace difícil obtener información acerca del delito y la violencia en general, más aún en materia de abuso sexual infantil y adolescente.
EL PSICÓLOGO ABEL SARAIBA SEÑALA QUE LAS FALLAS EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS PASAN POR MITO, PREJUICIOS, DESCONOCIMIENTO, DESPROFESIONALIZACIÓN Y CONDICIONES INADECUADAS DE TRABAJO
A principios de 2020, en enero, el fiscal general Tarek William Saab informó que durante su gestión, desde 2017, había recibido 8.966 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Precisó que, desde agosto de 2017, se habían solicitado 837 órdenes de aprehensión, fueron acusadas 3.289 personas y 1.340 recibieron sentencias condenatorias.
El abogado penalista Luis Alfredo Pérez advierte que esas son solo las denuncias del Ministerio Público. “No sabemos cuántas denuncias se hacen realmente. El universo de las personas que denuncian no representa la totalidad de casos. De hecho, muchas personas no denuncian porque piensan que no va a pasar nada a nivel penal”.
El caso de Silvana estuvo tres semanas en el Ministerio Público y luego pasó a los tribunales, donde la audiencia ha sido pospuesta 11 veces. La mamá de Silvana explica que se aplazaron las audiencias porque la defensa pedía más tiempo para revisar las pruebas, el juez no se presentaba y había salas que no estaban disponibles. Aún se encuentran a la espera de sentencia.
Saraiba coincide con la exfuncionaria del Ministerio Público. Indica que las fallas en la atención a las víctimas pasan por mitos, prejuicios, desconocimiento, desprofesionalización y condiciones inadecuadas de los profesionales que laboran en estas instituciones.
“Las condiciones en las que trabajan estos profesionales no son idóneas en materia de ingresos, de infraestructura, de condiciones para el ejercicio profesional que conduce a que estos funcionarios puedan estar realizando sus labores con rabia, cansancio y hastío. Esto impacta notablemente en la capacidad de atención”.
Los funcionarios del Cicpc no tienen empatía con las víctimas, indican los especialistas | Cortesía Revista Cicpc
Sin personal suficiente
Al igual que Silvana, Raúl, de 12 años de edad y cursante del primer año de bachillerato, pasó por un capítulo similar. Después de terminar sus clases lo iba a buscar Luis, un chofer de transporte escolar, quien desde hacía seis meses era el encargado de llevarlo a su casa.
Durante un mes, Luis obligaba al joven a sentarse de copiloto y cuando se quedaban solos le decía que le metiera su mano dentro del pantalón. El hombre de 45 años le insistió que no dijera nada, que lo guardara como un secreto, y que si llegaba a hablar le diría a su mamá que se estaba portando mal y, por ende, sería expulsado del colegio.
De acuerdo con la Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes creado por la Asociación Venezolana para Educación Sexual Alternativa (Avesa), los organismos competentes reciben la denuncia, transfieren el caso al Ministerio Público, quienes se encargan de recabar las pruebas y determinar si la persona es culpable o no, y luego manda las pruebas a los tribunales para que dicten sentencia.
Raúl pasó dos años y medio reviviendo ese momento hasta que le dictaron sentencia de ocho años de prisión al victimario. Todo esto debido al retraso procesal en todas las etapas del sistema judicial venezolano. “Hubo lentitud en todas las instancias. Cuando puse la denuncia en el Cicpc se tardaron para remitir el caso al Ministerio Público, luego ahí el fiscal tardó seis meses para recabar las pruebas y acusar, y cuando pasó a los tribunales pasamos año y medio por problemas administrativos como que el juez no iba, se iba la luz o no trasladaban al detenido”, explica la madre de Raúl.
LA RUTA DE ATENCIÓN A UNA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA PRIMERO POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES QUE RECIBEN LA DENUNCIA, TRANSFIEREN EL CASO AL MINISTERIO PÚBLICO Y LUEGO SE ENVÍAN LAS PRUEBAS A LOS TRIBUNALES
La exfuncionaria del Ministerio Público agregó que en el organismo existen trabas a nivel administrativo por falta de personal. “Un solo fiscal puede llegar a estar al frente de cinco o seis fiscalías. Al Ministerio Público le falta personal. No hay médicos forenses ni psicólogos que se den abasto”.
El caso de Raúl pasó seis meses en el Ministerio Público, pero fue en los tribunales donde estuvo estancado un año y medio hasta que logró tener justicia. El chofer fue sentenciado a ocho años de cárcel, pero el retraso en el proceso dejó secuelas en Raúl.
“Cada vez que estaba cerca una audiencia, él perdía el apetito y no quería hablar con nadie. Es increíble que un adolescente que pasó por esa situación deba pasar por todo esto”, recuerda la madre de la víctima.
El también psicoanalista Saraiba explica que la reacción de Raúl es esperable porque es un evento que sobrepasa la capacidad de gestión del niño. “Son síntomas que dan cuenta de niveles de estrés, de sufrimiento, ocasionados por procesos que tienden a ser largos, dolorosos y para los cuales debería haber un proceso de acompañamiento que ayude a afrontar esta experiencia”.
Los especialistas coinciden en que los funcionarios, al momento de tomar sus decisiones, deben estar atentos a que los niños, niñas o adolescentes que estén recibiendo tratamientos con el fin de recuperarse a nivel emocional, no deben ser sometidos a nuevos juicios para recordarles ese momento, lo que afectaría su libre desenvolvimiento a nivel social.
Es un tema de que no hay personal para dar celeridad a los casos. Tanto así que colocan a abogados especializados en derecho mercantil u otras especializaciones y no a expertos en familias
José Sánchez, abogado
“Se busca garantizar los derechos de los niños, es decir, un proceso acorde, basado en la prioridad absoluta de resarcir los daños al niño, un procedimiento que tenga la menor exposición a daños psíquicos, emocionales y psicológicos. La idea es resguardar la situación emocional creada por el abuso sexual. Diría más bien que la revictimización está en los errores que cometen las personas en el proceso de justicia”, indica Sánchez.
Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indica que la declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal puede ser tomada como prueba anticipada, es decir, que la declaración puede ser tomada previamente sin necesidad de que se haga en el juicio.
“A los tribunales llegan muchos casos de niños, niñas y adolescentes. Más allá de que sea por negligencia o que los jueces no se preocupan, es un tema de que no hay personal para dar celeridad a los casos. Tanto así que colocan a jueces y abogados especializados en derecho mercantil u otras especializaciones y no a expertos en familia. Eso no da la sensibilidad que requieren los casos”, explica el abogado Sánchez.
La justicia venezolana ha sometido a Raúl y a Silvana a revivir la situación por meses. Pese a esto, Silvana, con 17 años, se graduó de bachiller este año y quedó seleccionada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para estudiar ingeniería eléctrica, mientras que Raúl, con 23, le falta un año de carrera para convertirse en abogado.
