El clientelismo político se comió los fondos para atender a niños y adolescentes | Ronald E. Peña
Manuel* nació en 2005, dos años antes de la reforma de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, instrumento legal de avanzada en los derechos de la infancia. Sin embargo, en 12 años, el Estado venezolano no ha podido garantizar que a Manuel se le cumplan sus derechos.
Ya tiene 15 años y su historia se levanta entre dos pilares: la necesidad y el maltrato. Nació en el Materno de Petare, en la ciudad de Caracas, en situación de pobreza extrema. Fue presentado cuando tenía cuatro años de edad. Dice no saber dónde está su papá. Vivió en la calle durante casi tres años y no fue escolarizado hasta que cumplió 12 años, aunque en esa oportunidad no completó el año escolar. La frustración y el hambre lo empujaron de nuevo a la calle.
En más de una década y con cuatro programas estatales que tienen como objetivo garantizar los derechos y proveer de oportunidades a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, Manuel no se ha visto beneficiado por ninguno de ellos. El sistema de protección de niños y adolescentes no ha garantizado siquiera que su familia de origen u otra lo abrigue y lo proteja.
Según cálculos de El Pitazo, el Estado venezolano ha presupuestado entre 2008 y 2019 al menos 14.000 millones de dólares a las instituciones y programas encargados de velar por la protección de la infancia venezolana. Las cuentas se sostienen en los datos publicados en las leyes de presupuestos, créditos adicionales y memorias y cuentas.
EN 12 AÑOS, EL ESTADO VENEZOLANO NO HA PODIDO GARANTIZAR QUE A MANUEL SE LE CUMPLAN SUS DERECHOS
El monto no es cualquier cosa. Superó en más de 1.000 millones de dólares los recursos enviados a Cuba durante una década para generar electricidad en la isla. Es incluso superior a los presupuestos anuales de la República aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente en 2019 y 2020, un poco más de 5.400 millones de dólares y 8.100 millones de dólares, respectivamente.
La opacidad en la información oficial no permite conocer si el dinero presupuestado al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (Idenna), al Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y Adolescente, a la Gran Misión Hijos de Venezuela, a la Fundación Misión Niños Jesús y a la Fundación Nacional Niño Simón fue ejecutado en su totalidad ni tampoco cómo fue gestionado.
Sin embargo, el análisis de las leyes presupuestos de 2008 hasta 2017 y de los pocos datos disponibles en las memorias y cuenta revelan que entre 2011 y 2015 se ejecutaron más recursos de los que se presupuestaron, el incremento fue entre 40% y 3.900%. Además, el sistema de protección paralelo recibió la mayor parte de los recursos. Solo 33% de este dinero se destinó al sistema nacional de protección a la infancia que contempla la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, (Lopnna).
Carlos Trapani, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), ONG que vela por los derechos humanos de la infancia, frente a este hallazgo concluye: “Se aprovecharon de la necesidad de los niños para instalar un aparataje donde la gente cobraba y no había inversión real”.
Anita* tiene 12 años y vive con sus cinco hermanos y su madre en un apartamento de la Misión Vivienda, en los Valles del Tuy. En casa, la nevera está mala, no hay teléfonos ni TV o camas en buen estado. No hay trabajo y tampoco comida.
En la crisis, ella ha sido la principal acompañante de su madre cuando le toca salir a pedir limosna, cuando debe buscar a sus hermanos mayores que se quedan en la calle cazando alimentos o cuando son detenidos por hurgar en algún basurero. Anita es la que debe cuidar a sus hermanos de 7, 5 y 4 años cuando su mamá debe irse a Caracas para trabajar. Es la que recoge el agua en un sector ubicado a 45 minutos de su casa, a pie, es la que deja de estudiar cuando no hay internet y la que perdió un año escolar por ocuparse de sus hermanos.
Anita y sus hermanos, todos menores de edad, viven en el seno de una familia dentro del 64,8% de los hogares pobres, que la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) contabilizó al cierre de 2019.
El hogar de Anita también alberga al menos a dos de los 639.000 niños menores de 5 años que, de acuerdo con este estudio de catedráticos de la Universidad Católica Ándres Bello, tienen desnutrición crónica o talla baja.
Carlos Trapani, coordinador general del Cecodap
El instituto creado para velar por los derechos de los niños, una misión, dos fundaciones más el fondo perteneciente al Idenna recibieron desde su creación 14.895.242.527 dólares. Pero estos recursos no garantizaron la protección integral de Anita, de Manuel, ni la de miles de niños que viven en condición de extrema vulnerabilidad.
Para el cálculo de los montos asignados a cada fundación, El Pitazo revisó las leyes presupuestos correspondientes a cada año para determinar el presupuesto asignado a cada programa desde que fueron creados.
Asimismo, totalizó los créditos adicionales –dinero aprobado para cubrir gastos o insuficiencias no previstas en la ley presupuesto– asignados durante cada año a las distintas instituciones para determinar la cantidad de dinero recibido por esta vía.
Los cálculos revelaron que apenas 26,84% de los recursos se utilizaron para la atención de los niños y adolescentes. Especialistas en la materia señalan que el objetivo final de cada una de estas fundaciones es velar por la protección de los niños y, por lo tanto, la mayoría de sus recursos deberían ir destinados a cumplir con su finalidad, con su razón de ser, y no para gastos operativos de los entes.
Christi Rangel, economista y coordinadora regional de Transparencia Venezuela; Daniel Rosas, abogado y profesor de Derecho Administrativo, Contratación Pública y Anticorrupción; y Silvia Salvato, economista experta en presupuesto, coinciden en que para determinar el alcance de los casi 15 mil millones de dólares (si realmente esa cantidad de dinero se gastó o si era lo requerido para satisfacer las necesidades de la población atendida) es preciso tomar en cuenta la información plasmada en las Memoria y Cuenta, donde se ofrece la información sobre el dinero que realmente se gastó durante el año y aparece exactamente la cantidad de niños atendidos en cada programa.
El Pitazo hizo una revisión de las Memoria y Cuenta publicadas por Transparencia Venezuela. Sin embargo, no se pudieron encontrar las memorias de todos los años y, en algunos casos, la información divulgada en los documentos no estaba completa: no se encontraron todos los montos ejecutados ni la cantidad de población atendida. Para intentar completar esta información faltante se revisaron páginas oficiales en las cuales estos indicadores sociales deberían ser públicos, según expertos consultados. Sin tener éxito se chequearon los indicadores publicados por el Ministerio de Planificación, los del Instituto Nacional de Estadística y los informes de Gestión Social y Ambiental de Pdvsa. El vacío de información imposibilitó determinar la cantidad exacta de dinero que se gastó y si el dinero asignado en las leyes presupuesto llegó a los niños.
En Venezuela, desde 2016, el Gobierno no presenta la Memoria y Cuenta ni ha sometido la Ley Presupuesto a la aprobación por la Asamblea Nacional, ente competente en la materia. Rangel y Rosas concuerdan que el Poder Ejecutivo dejó de presentar esta información amparándose en los decretos de emergencia económica que se empezaron a aprobar en enero de ese año y por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojó a la Asamblea Nacional de su legitimidad.
Rangel continúa diciendo que al no haber acceso a la información, hay oportunidad de abuso de poder. “En general, la política de este gobierno, así como ha tenido una deriva autoritaria y represiva, también se ha volcado al secreto como política de estado”.
Por su parte, Rosas indica que la cantidad de dinero asignado en la ley presupuesto debería ser la misma cantidad reflejada en la Memoria y Cuenta. Sin embargo, de los años que se pudo conseguir información en la memoria se observó que los montos eran mayores a los señalados en la Ley Presupuesto. Solo en 2014 de la Fundación Nacional El Niño Simón y en 2014 de la Gran Misión Hijos de Venezuela, los montos de la ley presupuesto y de la memoria fueron iguales.
Rangel y Rosas coinciden en que el aumento del dinero asignado reflejado en las Memorias y Cuentas es gracias a los créditos adicionales que se aprobaron durante esos años. Para Rosas, que el presupuesto asignado sea diferente al plasmado en la ley se debe a una mala planificación. “Si bien el presupuesto es una estimación, pues debería ser la mejor estimación. Si estás pidiendo más de lo que presupuestaste por créditos adicionales, pues algo está pasando. Se supone que los créditos se utilizan para situaciones extraordinarias”.
No obstante, El Pitazo encontró que 88,78% del dinero recibido a través de créditos adicionales era para pagar sueldos y salarios, jubilaciones y cestatickets. “Los presupuestos deben responder a la planificación. Cada vez que un gobierno va a llevar adelante su misión tiene que haber planificado lo que hará y prever los recursos de acuerdo con esta planificación. Que se den esos créditos para sueldos y salarios es un exabrupto, porque ya se sabe que debes pagar sueldos y salarios y debería estar incluido en la planificación”, señala Rangel.
La especialista dice que, desde 2007, el Gobierno utiliza de forma desmedida la figura de los créditos adicionales. “En general, en un país los créditos representan entre 5% y 8%. Aquí, desde 2007, empezaron a representar más del 20%, después 30% hasta que llegamos al 2014-2015 y ya eran 80 %. Los dos últimos años ha sido 99%, es decir, el presupuesto que se aprobó en 2018 y 2019 representaron solo 1% del gasto y 99% restante fue a través de créditos”.
A través de créditos adicionales, la Fundación Nacional El Niño Simón, la Misión Niño Jesús, la Gran Misión Hijos de Venezuela, el Idenna y su fondo recibieron 62,44% del dinero recibido durante aproximadamente 10 años.
El 14 de enero del año en curso, El Pitazo envió una solicitud de entrevista a la Fundación Nacional El Niño Simón y al Idenna –únicos programas que se mantienen activos actualmente– para saber cómo ha sido el manejo de los recursos por parte de los entes. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido respuestas.
Adrián*, de 15 años, quiere un futuro bonito. Se imagina como un doctor, ayudando y mejorando la vida de la gente con VIH, en una casa cómoda y siendo próspero. Pero solo. Siempre solo, porque eso de tener una familia no cree que sea para él.
Tal vez la respuesta a la decisión de vivir en soledad se encuentre en los 11 años de su vida que ha pasado dentro de una casa hogar, una entidad de atención en la que lo recibieron cuando solo tenía 4 años y donde le permitirán estar hasta que pueda superar el bachillerato y valerse por sí mismo. Adrián no sabe lo que es una familia y por eso no quiere una.
De sus progenitores solo recibió el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que lo acompaña desde el nacimiento. El resto fueron carencias e imposibilidades que derivaron en que el Estado tomara la custodia de Adrián y lo trajera a la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta, en Caracas, en 2008, un año en el que el precio del crudo cerró en 94,45 dólares y la bonanza petrolera aún tocaba a Venezuela.
Cuando Adrián ingresó al sistema de protección del Estado, la Lopnna tenía exactamente 10 años en vigencia y uno de haber sido reformada para centralizar y concentrar sus competencias. Adrián llegó a esta institución que, aunque privada, forma parte del universo de las entidades de atención del Estado y resiente, como todas, la falta de recursos y la ayuda que nunca llega y que con dificultad recibe en el Hospital de Niños J.M de los Ríos, donde la casa hogar retira los antirretrovirales para él y para el restos de sus compañeros en el hogar.
ADRIÁN NO SABE LO QUE ES UNA FAMILIA Y POR ESO NO QUIERE UNA
Adrian creció entonces junto con los sistemas de protección de la infancia, oficial y paralelo, creados en Venezuela para hacer valer la letra en la Lopnna. Fue justamente en 2008 cuando se creó el Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y Adolescentes para administrar los recursos destinados a la infancia venezolana; de allí se comenzaron a diversificar las funciones en espacios como el Idenna para formular, integrar y coordinar políticas públicas que beneficien a los niños, a la par de otros planes paralelos como la Fundación Niño Simón.
Su condición emocional y estabilidad están en manos de un sistema de justicia que no revisa su caso desde hace al menos cinco años y que lo mantiene en una casa hogar en la que solo debió estar hasta los 12 años, cuatro años atrás.
Trapani lo resume bien al decir que los más de 14 mil millones de dólares entregados para los niños venezolanos solo sirvieron para financiar un aparato burocrático. El director de Cecodap opina que, incluso con reformas para descentralizar la aplicación de la Lopnna: “los derechos de los niños fueron la gran mampara para financiar otras cosas. Porque fue un presupuesto e inversión inconsistente de la que no tenemos claridad”. A saber, se trató entonces de instituciones que fueron comiéndose el presupuesto de otras a medida que se crearon y que contravienen el artículo 333 de la Ley de Protección a los Niños.
“Los recursos del Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes solo pueden ser utilizados para financiar entidades de atención y programas de protección sin fines de lucro, debidamente inscritos o inscritas en el registro llevado a tal efecto”, reza el artículo que se quedó en el papel de una ley que no es tal y que se erosiona con cada niño venezolano en situación de riesgo.
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