Los Teques.- María Grimán es una interna del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) diagnosticada con cáncer de seno -con lesiones evidentes desde hace un año- que aún no recibe atención médica. La causa: la negativa de la directiva del reclusorio ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda, de trasladarla para recibir tratamiento en un centro de salud.
La dolencia de María comenzó en septiembre de 2019. Una pequeña protuberancia en su mama izquierda creció hasta convertirse en una hendidura con signos de infección, que posteriormente se transformó en un absceso que supuraba una secreción amarillenta.
Con el paso de los meses, esa lesión se extendió por el seno de la reclusa hasta presentar otras 15, acompañadas de enrojecimiento del tejido, secreciones constantes y pus.
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La anterior directiva del reclusorio, destituida en el mes de junio de 2020, desestimó la afección bajo el argumento de que se trataba de un tema estético y no de salud, puesto que María tiene prótesis mamarias. Sin embargo, la lesión derivó en la aparición de células malignas.
En este reclusorio, donde están privadas de libertad al menos 500 mujeres, tienen más de dos años sin servicio médico, pese a que la estructura cuenta con un espacio para enfermería que por muchos años funcionó.
El Inof era una cárcel modelo. Las reclusas eran formadas en oficios y tenían atención médica integral, un área para madres, jardín de infancia y comedor. Hoy la realidad es otra.
Pese a que el estatuto internacional establece normas para estos casos, en el reclusorio femenino altomirandino no se cumplen. Lo ocurrido con María es una muestra de ello. A pesar de tener un informe médico, la dolencia de la interna no se atendió a tiempo. “La directora solo me decía que esto era un tema estético y que las presas no teníamos derecho”, relató.
Familiares de la reclusa hicieron llegar a El Pitazo los informes médicos de María, quien necesita atención médica urgente. No obstante, conseguir una cita en centros de salud pública ha sido cuesta arriba. Las dos veces que lo lograron, la interna no fue trasladada a los controles, pautados para los meses de marzo y junio de este año. “Solo me llevaron a una consulta médica en el mes de septiembre, cuando llevaba meses con el seno sangrando y con pus” , dijo María.
De acuerdo con lo dicho por María, transcurrieron 11 meses desde la aparición de la primera lesión para que la directiva accediera a llevarla a consulta en el Centro Médico La Paz en Los Teques. Ese día le practicaron una biopsia que un mes después arrojó la presencia de tejido y células malignas en el seno. “Necesito ayuda, que la gente vea el estado en que me encuentro”, suplica.
Amerita hospitalización inmediata
A simple vista un cirujano plástico consultado por El Pitazo, vía online, detectó un proceso infeccioso de piel y tejido mamario, producto de sustancia presente por rotura de prótesis mamaria, lo que amerita hospitalización inmediata, ya que la infección podría expandirse al torrente sanguíneo de María y a sus órganos.
María está al tanto de su gravedad y por ello envió su testimonio en video donde clama ser atendida por un médico especialista y ser trasladada a un centro asistencial para recibir tratamiento. “No me quiero morir aquí encerrada, mis hijos me están esperando afuera. Solo quiero que la gente sepa lo que me pasa”, dijo en el material audiovisual, donde también destaca que no tiene buena alimentación y que por esta razón corre peligro de no soportar un tratamiento agresivo que necesita para tratar las células cancerígenas presentes en su seno.
De acuerdo con lo que señalan los familiares de María, la médico oncóloga que la atendió en la única consulta que le ha permitido la directiva, les informó que para someterla a una intervención quirúrgica para remover la prótesis mamaria deben pasar ocho meses y un intenso tratamiento de quimioterapias.
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Al 15 de octubre aún los familiares no habían logrado conseguirle un cupo a María en un centro asistencial. “La directiva se lavó las manos y nos mandó a nosotros a encontrarle la cita médica”, sentenciaron.
Una cuñada de María dejó entrever que la actual directiva del Inof considera que con los llamados de auxilio la presa solo busca su libertad. “Eso es falso, ella solo quiere ser atendida y no morir dentro de esas rejas sin haber luchado por su vida”, reiteró.
“El Estado debe proveer condiciones de salud a los privados”
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece varios artículos donde se contempla el derecho a la salud, entre ellos, el 19, 21 (Ordinal 2), 33, 46, 55, 83, 85 y 272. También señala que nadie está excluido de este derecho.
El artículo 83 establece textualmente lo siguiente: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bien colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
“Los detenidos, tanto en calabozos policiales como en cárceles venezolanas, están bajo la tutela del Estado y este debe preservarles el derecho a la salud y sus condiciones de vida”. Carlos Nieto Palma, director de la ONG Ventana a la Libertad
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), encargada de la defensa de los DD. HH. de los reclusos, señaló que los detenidos, tanto en calabozos policiales como en cárceles venezolanas, están bajo la tutela del Estado y este debe preservarles el derecho a la salud y sus condiciones de vida.
Asimismo, agregó que el Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que el Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, debe garantizar a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
“Según este instrumento, la persona privada de libertad goza de una serie de derechos, entre ellos: que su salud sea preservada bajo medida sanitaria y social relativa a la alimentación, residencia, régimen satisfactorio de higiene, asistencia sanitaria, psicológica y atención médica integral, oportuna y gratuita”, refirió el abogado especialista en Derechos Humanos.
Nieto reiteró que el privado o privada de libertad tiene derecho “a recibir de manera ininterrumpida el tratamiento médico necesario durante su permanencia en el sistema penitenciario, cuando padezca alguna enfermedad infectocontagiosa, aguda o crónica”.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, en el décimo fundamento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, señala que “las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole(…)”.
María y sus familiares esperan que estos preceptos legales no queden solo en el papel y se cumplan, pues la vida de la reclusa está en peligro.
