Andrea Garofalo
Caracas.- Propietarios de las distintas empresas que funcionan en los tres edificios de las residencias Domus, ubicadas en la avenida Victoria de Caracas, denuncian que la infraestructura fue tomada ilegalmente por hombres y mujeres pertenecientes al Movimiento Ezequiel Zamora, la madrugada del domingo 17 de mayo.
Alrededor de 15 negocios, entre ellos de manufactura textil y venta de utensilios para restaurantes y hoteles, y 120 trabajadores, se vieron afectados por la invasión de estos espacios que estaban operativos.
Los empleadores argumentan que quienes ingresaron a las instalaciones abrieron un hueco en las paredes, las cuales conectan con la Gran Misión Vivienda que comparte su parte trasera, puesto que las cerraduras en ningún momento fueron forzadas. Asimismo, los cilindros fueron cambiados, las ventanas las cubrieron con telas y cerraron las puertas.
A pesar de la medida existente de aislamiento social preventivo por COVID-19, establecida por el Gobierno nacional, la cual prohíbe la acumulación de personas en espacios reducidos, los invasores que irrumpieron en la estructura alegan que quieren viviendas dignas y no están dispuestos a negociar su salida. Además, emplearon distintas consignas con el propósito de captar la atención y el apoyo de la comunidad, que está en total desacuerdo.
Una llamada
Vecinos de la zona, que prefirieron resguardar sus identidades por temor a represalias, explicaron que alertaron a los comerciantes del edificio Domus, pues horas antes se registraron detonaciones de armas frente a los edificios. En la mañana del domingo 17 de mayo, cercanos a los dueños de los establecimientos los llamaron para notificarles que un grupo de personas había ingresado a los espacios. Relataron cómo habían visto a los ocupantes sacar material de las instalaciones dentro de grandes maletas durante la madrugada, situación que les causó sospechas.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) mediaron palabras con los invasores, pero las acciones no pasaron a mayores. Luego se presentó una representante de la Alcaldía de Caracas, Cristina Fazzina, quien abogó por los ocupantes afirmando que ellos tienen derecho a vivienda y que su reclamo en »legal», según las declaraciones de los agraviados.
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»No entendemos por qué reclaman ese derecho a la propiedad privada, estas son empresas 100 por 100 operativas», lamentó uno de los arrendados. De acuerdo con la alcaldía, está vigente un decreto para apropiarse de áreas ociosas, pero los empresarios argumentan que tienen a la mano los pagos tributarios y la nómina al día.
Hasta el momento, ninguna autoridad les ha dado garantía de que recuperarán el acceso a sus espacios; es más, Fazzina les recomendó sacar todo los equipos de las fábricas para »acelerar el proceso», alternativa que no ven viable.
Sentimientos encontrados
»Tenemos todo nuestro patrimonio allí, mercancía que debíamos entregar, prendas que estamos fabricando a empresas que trabajan con el Estado. Casi todas son empresas manufactureras (…) Estamos atados de manos», sostuvo el representante de uno de los tres edificios tomados en la avenida Victoria.
Entre las tantas interrogantes que tienen los afectados está el ¿por qué si es una ocupación entraron a todos los locales?. Manifestaron que si fuera una ocupación se habrían quedado en un solo espacio, al contrario de lo que hicieron. ‘‘Pareciera que quisieran observar qué tenemos, qué se pueden llevar… esto causa suspicacia’’, dijo uno de los comerciantes que no quiso dar su nombre por seguridad.
Uno de los afectados explicó -con mucho dolor- que tiene bajo su cargo a 20 mujeres de diversas ocupaciones, que son el sustento del hogar, y expresó que la preocupación que le genera no encontrar solución a este conflicto lo hace sentir »enfermo».
Con más de 20 años laborando en la avenida Victoria, esperan que los vecinos se sumen a la denuncia y los ayuden a retomar sus espacios pacíficamente.
Control social
Habitantes de la zona coinciden en que estas acciones tienen un objetivo: control social. Un miembro de un grupo organizado, cuyo nombre no especificaron, presuntamente informó que serán confiscados distintos espacios para vigilar y observar las actividades que se lleven a cabo en las comunidades, con el propósito de detectar reuniones que no favorezcan al Gobierno de Nicolás Maduro.
