Caracas.- Al menos 20 invasiones se han registrado durante los 109 días de cuarentena en los municipios Libertador, Chacao y Baruta, en Caracas, cifras comparables con las 25 invasiones ocurridas entre octubre y diciembre de 2019, durante el Censo Nacional de Viviendas.
La cifra, levantada por El Pitazo con datos del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de policías municipales, revela que los grupos invasores aprovechan oportunidades de desestabilización para cometer estas incursiones ilegales en propiedad privada, indicó Carlos Julio Rojas, coordinador del la mencionada organización.
Rojas, quien puntualizó a El Pitazo que su organización registra 15 hechos de este tipo en la capital, acusa a autoridades metropolitanas y específicamente a Erika Farías de respaldar a los colectivos armados seguidores del chavismo quienes realizan estas invasiones amparándose en la figura de damnificados para justificar sus acciones.
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“En estos últimos tres meses se han multiplicado las violaciones a la propiedad privada, a inicios de la cuarentena, el 6 de mayo, invasores tomaron por la fuerza el Edificio Padrón, en la parroquia San Pedro, donde funcionan cuatro industrias con más de 40 años de fundadas y más de 60 empleados. Los tomistas alegaron tener apoyo de la Síndico Procuradora del municipio Libertador Cristina Fazzini”, dijo Rojas.
En el caso de Baruta, Manuel Tangir, director de seguridad ciudadana de la policía de este municipio, informó a El Pitazo que en los últimos meses se han presentado conatos de invasión en La Bonita, Piedra Azul y en un terreno que se encuentra en litigio en la urbanización Manzanares, pero todos han sido controlados a tiempo.
Casos similares han ocurrido en Chacao, donde recientemente detuvieron a dos hombres que intentaron ocupar una residencia ubicada en la avenida principal del Country. El hecho dejó dos detenidos, y se les incautó un arma de fuego. Igualmente, este 30 de abril, funcionarios de la Policía de Chacao detuvieron a cuatro ciudadanos por tratar de apropiarse a la fuerza de inmuebles ubicados en la urbanización Altamira.
Guerra entre propietarios e invasores
Ciro Guevara, es dueño de una oficina en el edificio General Páez, en el centro de Caracas, y el 16 de junio debió pasar la noche en vela y “dispuesto a todo” frente a estas instalaciones que fueron tomadas alrededor de las 7:00 pm por un grupo de 40 personas que se denominaron damnificados.
El propietario relató a El Pitazo que fueron 10 horas de mediación entre los dueños, cuerpos de seguridad y los invasores para lograr que estos últimos abandonaran el edificio que se rige bajos las normas de la propiedad horizontal.
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“Fueron 10 horas seguidas en momentos de zozobra porque a mí las cosas no me las han regalado y muchos estábamos dispuestos a todo al ver que estos maleantes usan la estrategia de que entren los vándalos y cuando logran perpetrar el hecho llegan las mujeres con niños”, relató Guevara.
Este ciudadano manifestó la preocupación de que los intentos de invasión, que han sido varios en el caso del edificio General Páez, se conviertan en una guerra entre propietarios y ciudadanos que en muchos casos no tienen real necesidad, de acuerdo con su criterio. “No nos importa perder la vida, pero no vamos a perder el inmueble. Fueron 30 años de ejercicio profesional en el que me sude eso y no me lo van a quitar unos delincuentes”, refirió.
Aunque en el caso de Guevara los propietarios lograron recuperar el inmueble gracias a la presión vecinal, no todos los dueños han corrido con la misma suerte. Eduardo Martucci, de Industrias Power Line C.A., aún hoy no recibe respuesta del Ministerio Público sobre la toma de su local en el edificio Padrón, también ubicado en el municipio Libertador, específicamente en la parroquia San Pedro.
En este caso, el dueño reportó al Frente de Defensa del Norte de Caracas que la invasión se concretó el pasado 6 de mayo en horas de la noche y que, aunque llamaron a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (Faes) para solicitar su actuación y el desalojo de los invasores, estos aseguraron que actuaban por órdenes de la Síndico Procuradora, Cristina Fazzainni.
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“En cuanto los funcionarios policiales procedían a ingresar al inmueble recibieron una llamada por radio indicando que se retiraran del lugar, y quien estaba al mando nos dijo que teníamos que dirigirnos al Ministerio Público, cosa que efectivamente hicimos, la Fiscalía 73 está llevando el caso, fuimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República pero vemos que no hemos recibido mucho apoyo y no dan una respuesta efectiva”, relató Martucci, quien asegura que sus pérdidas están cerca del millón de dólares.
Este comerciante asegura que tenía 40 años como fabricante de equipos electrónicos y que con esta invasión mueren cuatro empresas productivas y quedan 50 trabajadores sin empleo. “Hago un llamado a los funcionarios del gobierno para que restituya la legalidad, porque se está violentando el estado de derecho, se está violentando el derecho humano al trabajo, nosotros que le estamos haciendo un aporte al país. Es terrible la frustración de ver que llega la policía y dice que no pueden hacer absolutamente nada porque tienen órdenes superiores de no actuar”, solicitó Martucci.
Ante esta realidad, Rojas alertó sobre el intento de legalizar estas acciones ejecutadas con planificación y por colectivos y miembros de comunas. Además, insistió en que las mismas generan violencia y mayor inseguridad en las zonas en las que se consolidan con la anuencia de las autoridades que ven como son alquiladas por estos tomistas a otras personas en dólares.
Solo en enero de 2020 ocurrieron 20 intentos de invasión en Caracas. Rojas refirió que en toda la ciudad hay más de 130 invasiones consolidadas y que la mayoría ocurren en Libertador. En esta cuenta, de acuerdo con el Frente de Defensa liderado por Rojas, existen unos 20 inmuebles invadidos en San Bernardino, unos 40 en El Recreo, 35 en Candelaria y más de 50 entre San José y Altagracia.
Con información de Daisy Galaviz
