Caracas.- Nicolás Maduro planteó, el domingo 23 de agosto, retomar las clases de forma semipresencial durante el mes de octubre y aseguró que, antes de tomar una decisión, lo sometería a consulta popular. Sin embargo, representantes del sector educativo rechazan la propuesta y se niegan a reincorporarse a las actividades en aulas hasta tanto el ministro Aristóbulo Istúriz no responda a los reclamos de mejoras laborales.
Desde 2018, el gremio insiste en el colapso del sistema educativo venezolano generado, sobre todo, por la gestión de Nicolás Maduro. En septiembre de 2019, con el inicio del período escolar, se intensificaron las protestas en varias ciudades del país para exigir dolarización de los salarios, renovación del contrato colectivo, reestructuración de las escuelas y liceos y la renuncia del ministro. Aunque hasta ahora ninguna petición ha sido respondida.
Frente a la posibilidad de comenzar el año escolar 2020-2021 en medio de una pandemia en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja, Griselda Sánchez, vocera de la Coalición Sindical Nacional de Educación, afirma que volver a las aulas sería aumentar la situación de vulnerabilidad de estudiantes, docentes, personal obrero y administrativo.
“No tenemos las condiciones para retomar las clases ni presencial ni online”, dice. A finales del período 2019-2020, Sánchez había denunciado que solo 20% de los educadores pudo cumplir con el trabajo a distancia. Actualmente, un docente que tiene estudios de postgrado y especializaciones devenga un salario quincenal de 1,9 dólares de acuerdo con la tasa de cambio oficial, frente a una canasta básica calculada en 267 dólares por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).
Sin escuelas no hay educación
Una de las razones por las que el gremio se niega a comenzar el nuevo año escolar es por el deterioro en el que se encuentra la mayoría de los colegios y liceos del país. Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo (Udse), precisó que, de 24.000 planteles adscritos al ministerio, solo 20% fueron beneficiados por el programa estatal Una Gota de Amor para mi Escuela, autorizado por Istúriz en septiembre pasado.
Como ejemplo del detrimento, Figueroa mencionó al centro piloto Unidad Educativa Gran Colombia, ubicado en la parroquia Santa Rosalía, que en 2005 contaba con laboratorios de computación y equipos tecnológicos, pero, a la fecha, el 90% ha sido robado y lo que queda no cuenta con Internet. Por eso la representante no toma en serio la promesa que hizo Maduro al asegurar que Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) mejoraría las conexiones en escuelas y liceos.
Figueroa considera que en Venezuela no hay condiciones ni para retomar las clases presenciales ni a distancia. Insiste en que la planificación que hace el Estado no toma en cuenta la realidad de las familias venezolanas que, de acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 79% de los hogares está en situación de pobreza.
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No hay garantías de seguridad
La docente también califica como una irresponsabilidad del Estado llamar a retomar las clases presenciales ante el aumento de los casos de personas con COVID-19. “No hay una planificación. No la ha habido desde que comenzó la cuarentena”, dice. Además, es enfática al manifestar que los planteles no tienen condiciones para las clases normales y, mucho menos, para enfrentar una pandemia que implica medidas de limpieza e higiene estrictas.
Noelbis Aquilar, Directora Nacional de Escuelas Fe y Alegría, coincide y asegura que, aunque desde la red de colegios consideraron una modalidad mixta al finalizar el período 2019-2020 y ahora están en proceso de evaluación, están en juego la vida y la seguridad de 105.789 estudiantes y más de 6.000 docentes que hacen vida académica en 176 escuelas que, según Aguilar, no cuentan con el presupuesto necesario para garantizar las medidas de bioseguridad.
Sabe que no se podrá retornar a las aulas mientras no se mejoren las condiciones de vida de las familias venezolanas ni las condiciones laborales del personal docente.
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Cada colegio, una metodología
Desde el sector privado, Fausto Romeo, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), expone que cada colegio debería crear su propia estrategia y metodología de trabajo de acuerdo con sus posibilidades, recursos y limitaciones. También cree que debe ser una tarea en la que participen estudiantes, representantes, docentes, miembros directivos y personal obrero y administrativo. Incluso, debe llevarse conjuntamente con autoridades municipales y estadales.
Romeo entiende que son muchos los factores que pueden afectar el regreso a clases: fallas del transporte público, escasez de gasolina, incapacidad para asumir costos de escolaridad. Aun así, sabe que el sector público está en mayor desventaja.
Con respecto a los costos que implica garantizar las medidas de seguridad, Romeo asegura que aún no tienen certeza acerca de cuánto deberán aumentarse los costos de escolaridad, pero sí sabe que la pandemia ha implicado un mayor gasto de productos de limpieza como cloro y jabón. A pesar de las dificultades, sí admite que le parece positivo comenzar a pensar y diseñar modelos de educación a distancia, aunque, por ahora, las condiciones de vida en Venezuela impiden el acceso total a este derecho.
