Caracas.- El martes 9 de junio, Aristóbulo Istúriz, ministro para la educación, aseguró que el inicio del año escolar podría suceder en enero de 2021 y no en septiembre de este año, como está planificado de acuerdo con el calendario establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE), si “se agrava” la emergencia por la propagación de COVID-19 en Venezuela.
LEE TAMBIÉN
Istúriz asoma la posibilidad de postergar el inicio del año escolar para enero
Aunque ya desde hace meses, cuando el ministro anunció la suspensión de las clases presenciales, representantes del gremio docente están exigiendo la declaración de la pérdida del período escolar 2019-2020 por las condiciones de vida que impiden a estudiantes y educadores cumplir y garantizar las clases a distancia: fallas con la conexión a Internet, irregularidades en servicios básicos, falta de acceso a dispositivos como celulares inteligentes o computadoras.
Griselda Sánchez, vocera del Sindicato Venezolano de Maestros, explica que académicamente es un año perdido, por lo que proponen que se comience con las clases en enero de 2021 y se aprovechen el lapso entre septiembre y diciembre para nivelar a estudiantes de todos los niveles en todo el país.
Sin embargo, insiste en que no se trata solo de postergar el inicio del programa escolar, sino que el ministerio debe dotar los recursos y herramientas para garantizar el derecho a la educación. Esta exigencia no es nueva, desde septiembre de 2019, docentes comenzaron a protestar en varias ciudades para reclamar, además de la dolarización de los salarios, la reparación y el mantenimiento de escuelas y liceos del sector público.
Sánchez considera que la pandemia evidenció la crisis en la que se encuentra el sistema educativo, sobre todo, desde 2018. Esta emergencia global solo acelera la necesidad de la propuesta de los sindicatos. Lo que le preocupa a la vocera del gremio es que un cambio así, que significaría contar el año escolar entre enero y diciembre, puede ser difícil de aceptar para la ciudadanía.
Vacaciones y presupuesto
José Azuaje, docente con 26 años de ejercicio, expone que la propuesta se está discutiendo desde hace años, pero no es una decisión que se deba tomar solo como respuesta a la pandemia, sino a las necesidades de estudiantes y docentes.
LEE TAMBIÉN
70% de los docentes no cuenta con recursos para la educación a distancia
El plan sería tener tres lapsos o cohortes de evaluaciones en el año (enero a marzo, mayo a julio, septiembre a noviembre) y tres períodos de descanso (abril, agosto y diciembre). Lo que para Azuaje representa una ventaja para los procesos de aprendizaje. “Con unas vacaciones cortar cada tres meses, garantizamos que el estudiante no se agote”, dice.
Además, apunta que con un año escolar que coincida con el lectivo facilitaría la asignación del presupuesto. “Claro, en un país normal, porque aquí no hay presupuesto. Pero con un cronograma así, no habría que esperar por la aprobación de los recursos en septiembre y luego en enero”.
Insiste en la propuesta, pero sabe que generaría un gran impacto en la economía y dinámicas de varios sectores: “Las textileras tendrían que ajustarse. También las empresas que les ofrecen a los representantes convenios para la compra de útiles escolares”. Sin embargo, lo que más le preocupa es la resistencia por parte de las federaciones del Magisterio a renunciar al período vacacional de dos meses consecutivos y a la modificación de la LOE.
Consenso entre las partes
No todas las personas dentro del gremio apoyan esta propuesta, recientemente sugerida por el ministro como respuesta a la propagación del nuevo coronavirus. Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), afirma que no rechaza la idea, pero sí cree que la decisión debe ser tomada luego de un consenso nacional entre las partes involucradas: docentes, representantes, federaciones, sindicatos y estudiantes.
Machado asegura que un cambió así afectaría la LOE y las vacaciones miles de familias, derecho adquirido por las federaciones hace décadas. Además, insiste en que, de tomarse esta medida, el ministerio de garantizar los recursos y el Estado, las condiciones de vida que permitan el disfrute del derecho a la educación.
