El acceso al agua es un derecho humano desde 2010, cuando la ONU lo reconoció como parte fundamental para el desarrollo de la persona. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y este 2019, los caraqueños lo hacen esperando, por lo menos, una respuesta de Hidrocapital. Luego de la falla eléctrica que dejó a oscuras a todo el país, se recrudeció la crisis del servicio, como solución, Nicolás Maduro anunció la creación del Plan Tanque Azul
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Aura Sarmiento tiene un año y tres meses sin agua. Diariamente, dispone de 20 litros del líquido, 80 menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar condiciones óptimas de higiene. Con esa cantidad, Aura se baña, aunque no todos los días -dentro de una ponchera para reutilizar el agua-, lava los platos, cocina para ella y su esposo, mantiene limpia la casa y, además, hierve dos o tres litros para poder hidratarse. Hace un año y tres meses que su lavadora está apagada; lava una o dos veces por mes las prendas que utiliza siempre, es importante que sean las de colores oscuros, que son las que matizan las manchas ocasionadas por el agua sucia.
Aura vive en Altos de Lídice, en la parroquia La Pastora, y no es la única. El Pitazo recibió reportes de 50 sectores de los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas y la constante fue el suministro de agua una o dos veces por semana por períodos menores a ocho horas.
El apagón que tuvo al país a oscuras durante tres noches y cuatro días luego del jueves 7 de marzo, agudizó la crisis de los servicios básicos. En Caracas, como en el resto del territorio nacional, la falta de agua sucedió a la de electricidad. Nicolás Maduro invitaba a tener calma y cordura, Jorge Rodríguez pedía tener paciencia y Vladimir Padrino López aseguraba que se lograría alcanzar la victoria en contra del sabotaje cibernético orquestado por Estados Unidos y Juan Guaidó; mientras tanto, las familias caraqueñas comenzaban a buscar agua desesperadamente.
El lunes 11 de marzo se registraron dos protestas por agua en la capital, ambas en el municipio Libertador. La primera, en la parroquia San Agustín, cuyos habitantes se acercaron hasta el Río Guaire, conocido por su color marrón oscuro y sus niveles de contaminación, luego de una semana sin agua; la segunda, en la avenida Sucre de Catia, a tres cuadras del Palacio de Miraflores. En ambos sectores, los consejos comunales coordinaron la dotación de camiones cisternas, con la alcaldía, lo que calmó las manifestaciones. Sin embargo, en otros sectores, familias enteras acudían a tomas de agua improvisadas, quebradas y pozos para poder surtirse del líquido.
Aunque la falla eléctrica que afectó a 22 de los 23 estados venezolanos solo agravó las deficiencias de los servicios públicos. En 2018, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos de la Asociación Civil Esda, el servicio del agua potable fue el peor valorado por los encuestados en las principales ciudades del país, entre ellas, Caracas.
En los años 90, más de 80% de la población de la Gran Caracas recibía agua potable continua; ahora la proporción es de 20%
No hay cifras oficiales ni datos segregados por entidad, pero el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) registró 10.139 denuncias por las fallas del servicio del agua a nivel nacional en febrero de 2018, para igual mes de este año, el total fue de 24.300; 55% de estos reportes estuvieron concentrados en las parroquias Sucre, del municipio Libertador, y Catia La Mar, estado Vargas.
Si bien los problemas con la electricidad han recrudecido la escasez de agua, Norberto Bausson, ingeniero civil egresado de la Universidad Santa María, asegura que no es una coyuntura, es un problema que ya suma varios años.
Bausson, quien fuera director de Hidrocapital entre 1992 y 1999, explicó que la debacle de la compañía se debe principalmente a tres factores: encargar la gestión del servicio a personas no capacitadas; presupuestos multimillonarios aprobados para obras que nunca se terminaron y el deterioro de lo que ya existía. Hidrocapital está encargada de generar 20.000 litros de agua por segundo para surtir a los cinco municipios de la Gran Caracas, además, los Valles del Tuy, Barlovento, Altos Mirandinos, el Litoral Central, y para la década de los años 90, más de 80% de la población, según estimaciones de Bausson, recibía agua potable continua; ahora, la proporción es de 20%.
Pagar el servicio no les garantiza a los caraqueños la llegada del líquido por las tuberías. Rafael Carta, habitante de la parroquia Sucre, al oeste de la ciudad, paga mensualmente por todos los servicios, no sabe con exactitud el monto, pero estima que es entre 10% y 15% del salario mensual, aun así, solo puede bañarse una o dos veces por semana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) sugiere que el coste del agua no debería superar 3% de los ingresos del hogar.
Antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia, de acuerdo con Bausson, la empresa generaba 200 millones de dólares al año, lo que permitía subsidiar el servicio a los sectores desfavorecidos: “La gente más pobre pagaba 1% de sus salarios por el servicio del agua y la recibía constantemente”.
Otro dato: hasta 1999, las compañías hidrológicas trataban 44% de las aguas servidas del país, ahora, esa proporción es de 2%, lo que genera un impacto negativo en el medio ambiente. En Caracas, Hidrocapital no tiene la capacidad de suministrar agua, ni en cantidad ni en calidad.
Desde principios de 2018, los vecinos del municipio Chacao están denunciando que el agua que llega por las tuberías, cuando llega, no es ni inodora, ni incolora, ni insabora. Infectólogos venezolanos advierten sobre el riesgo de la propagación de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable, como la salmonella y el cólera. La Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas estima que anualmente, en los países en desarrollo, mueren cerca de tres millones de menores de cinco años por diarrea asociada a la mala calidad del agua.
Aunque Venezuela carece de datos. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, explica que hay una percepción de lo que los especialistas ven en las consultas, pero no hay cifras que la respalden. Las muertes por episodios diarreicos ocurren en el país desde hace mucho tiempo, asegura López, sin embargo, es probable que la falta de acceso a agua potable, las condiciones de almacenamiento y el consumo sean factores que puedan incidir en el aumento de fallecidos, sobre todo, en menores.
De acuerdo con un reportaje publicado en el portal Armando.Info, en el mes de febrero, las autoridades estadales de Anzoátegui registraron 6.000 pacientes de un brote de la bacteria del Shigella y el Norovirus. Durante la primera quincena, murieron nueve personas en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, capital de ese estado oriental; según la data de la Dirección de Epidemiología regional.
Hasta 1999, la compañía hidrológica trataba 44% de las aguas servidos, ahora, esa proporción es de 2%
López insiste en la importancia de tomar medidas: hervir el agua que se usa para hidratarse, también con la que se preparan los alimentos y lavarse las manos constantemente. Esto puede ayudar a disminuir los casos de episodios diarreicos.
La falta de acceso al agua significa una violación a los derechos humanos. Desde el 2010, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció explícitamente el derecho humano al acceso del agua como parte fundamental para la realización de todos los derechos humanos. Además, la OMS establece que para que se considere accesible, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y no debería implicar más de 30 minutos de traslado.
Betzimar Seijas vive en la zona 10 de José Félix Ribas de la parroquia Petare, la barriada más grande de Venezuela, y debe caminar hasta la zona 7 para poder cargar agua. No sabe cuántos kilómetros son, pero sí sabe que esa pendiente le exige esfuerzo y resistencia muscular por lo inclinada que es. Se demora, en promedio, 30 minutos.
Frente a la crisis, ha crecido el negocio de los camiones cisternas. Neiro Mendoza, también de la parroquia Petare, denunció que la falta de agua Terrazas de Guaicoco, la zona en la que vive, afecta a 1.500 familias y pueden pasar hasta dos meses sin tener el líquido. Precisó que el servicio de un camión cisterna de 10.000 litros cuesta 100 dólares. A principio de mes, lo que los vecinos pudieron reunir fueron 7.000 bolívares, que les alcanzó para pagar un cilindro de 560 litros.
Mientras las comunidades caraqueñas se las arreglan para pagar, cargar y almacenar agua, Nicolás Maduro anunció el Plan Tanque azul. El 12 de marzo, en cadena de radio y televisión, planteó lo que describió como una previsión a la inestabilidad tras el apagón: “He decidido iniciar un plan llamado el tanque azul para dotar a todos los hogares del país con un tanque. Ya disponemos de 50 mil tanques que se van a vender a través del carnet de la patria”.
El gobierno chavista insiste en asegurar que las compañías que manejan los servicios públicos son de todos, pero desde que María Chacón, de la parroquia Sucre, tiene que comprar agua todos los días siente que cada vez tiene menos, incluso, se atreve a afirmar que le quitaron la vida: “Imagínate, si me quitaron el agua es como si me hubiesen quitado la vida. El agua es la vida”.
