Suspensión de pagos de crédito supone golpe directo al sistema bancario advierten analistas

Caracas.- En medio de la crisis del coronavirus en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha presentado un paquete de medidas económicas para frenar los efectos por la cuarentena total dictada el pasado 16 de marzo. Para expertos financieros, las decisiones que se adoptan desde Miraflores no solo ponen en jaque al sector privado, sino también al sistema bancario y su rentabilidad.

Maduro ordenó suspender por seis meses los pagos de capital e intereses de todos los créditos comerciales del país. Además, indicó que el Estado se convertirá en garante de los préstamos y/o créditos, aunque no especificó cuáles serán los mecanismos para ejecutar estos procesos.

Leonardo Buniak, economista y analista de riesgo bancario, advirtió que en vez de flexibilizar el encaje legal marginal del 100 %, el cual limita la capacidad de préstamos de los bancos, el gobierno mantuvo una medida que “supone un golpe directo al corazón del sistema bancario”, pues la principal fuente de productividad de las instituciones financieras “es la contabilización de ingresos por créditos otorgados”.

“En un contexto donde la colocación de créditos está extinguida, dada el encaje marginal del 100%, supone casi decretar la inviabilidad e insostenibilidad del sector”, aseguró.

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Sostuvo que al anular la capacidad de intermediación bancaria (préstamos), necesarios para reavivar al sector productivo privado, se conecta un duro golpe a un flujo de caja que promete estar diezmado por el proceso de paralización casi total que implica la cuarentena social implementada por la administración socialista.

Para el economista y director de la firma Econanalítica, Asdrúbal Oliveros, la presión que genera sobre la banca no aliviar el encaje es “peligrosa” por las pérdidas de sus ingresos que implica la medida.

“Es imposible incrementar los créditos con la actual política draconiana del encaje”, señaló.

Pese a la preocupación del sector, el gobierno de Maduro, bajo la vocería del vicepresidente Tareck El Aissami, anunció nuevas medidas que exoneran el pago de impuestos para importaciones agrarias y farmacéuticas, pero no incluyen las principales peticiones de los gremios empresariales y comerciales como Fedecámaras y Conindustria.

“Como era previsible, lo que viene es una inyección brutal de gasto en bolívares y/o petros, que en medio de una aguda restricción externa va a presionar rápidamente la tasa de cambio y la inflación. Sin mejoras sustanciales para la gente, especialmente los sectores más vulnerables”, agrega Oliveros.

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¿Hacia dónde debe apuntar la estrategia?

Buniak considera que para hacer frente a los desafíos que enfrenta Venezuela por el coronavirus se requiere “con urgencia un plan de estímulos monetarios y fiscales” que tengan como norte proveer flujo de caja a empresas del sector productivo y así garantizar su operatividad.

“No es momento para una política monetaria restrictiva con un encaje que hace el crédito
bancario prohibitivo y, por otra parte, una política fiscal regresiva basada en mayores
alícuotas de impuestos, multas y sanciones que reducen al mínimo el flujo de caja de las
empresas y, por ende, su capacidad de maniobra en la actual coyuntura”, explicó.

Actualmente, el sistema bancario venezolano tiene un poco más de 50 billones de bolívares encajados en el Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual constituye un verdadero gravamen al proceso de intermediación financiera en el país.

Buniak advierte que los niveles de intermediación (créditos colocados por cada 100 bolívares captados) han caído en los últimos 12 meses, de 55 % a 11,35 % en la primera parte de 2020.

Por tal motivo, insistió en que la disminución del encaje legal le devolvería a la banca la liquidez para regresar al financiamiento del crédito al consumo, es decir, las tarjetas de crédito, instrumento de préstamos que llegó a representar hace dos años el 20 % de la cartera del sistema.

Otra propuesta formulada por Buniak involucra el diferimiento por parte del Ejecutivo del plazo para la declaración y pago del Impuesto sobre la Renta (Islr), “así como exonerar del pago del Islr a personas naturales con ingresos perjudicados al estar impedidos de asistir a sus puestos trabajos”.

El economista destacó que es vital que el gobierno de Maduro “entienda que hay que garantizar durante esta emergencia la capacidad de la empresa privada venezolana (…) instrumento clave e imprescindible para enfrentar exitosamente a los efectos directos e indirectos del coronavirus”.

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