Caracas.- El fin de semana se conoció la noticia de que los dueños de varias estaciones de servicio del país que mantenían un esquema de concesión con Pdvsa recibieron una carta firmada por el gerente de Mercadeo de Pdvsa, Marino José Lugo, en la que se les comunicaba que se les rescindían los contratos y tenían un plazo de 72 horas para desalojarlas.
Un plazo que no se cumplió, puesto que varios debieron desocupar las instalaciones, en las que habían trabajado incluso por más de 20 años.
La medida, que se tomó sin que hasta el momento haya una explicación oficial, «es claramente arbitraria» para el diputado José Guerra.
El argumento utilizado con algunos es que no cumplieron con la orden de trabajar las 24 horas y, por ello, rescindían unilateralmente el contrato de servicio.
Pero para Guerra, ese no es el problema. «El problema es que antes las bombas eran una carga y ahora son un negocio«, dice, y explica que antes, como la gasolina se regalaba, Pdvsa le pagaba al dueño de las estaciones para que la vendieran, ya que los surtidores son de Pdvsa y lo que es privado es la tienda de conveniencia y el terreno, en algunos casos.
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“Ahora que es un negocio sí la quiere tomar Pdvsa. Yo tengo la impresión de que es probable que la tome también gente vinculada al gobierno de Irán, ¿por qué ? Porque la gasolina hay que pagarla y con una bomba cobrando en dólares se asegura que el efectivo que entre ayudará a recuperar la inversión”, señala el diputado.
Guerra calculó que en las primeras semanas de aplicación del esquema de aumento de la gasolina, el gobierno de Maduro obtuvo alrededor de un millón de dólares diarios y en efectivo.
La otra tesis que maneja Guerra es que se las entreguen a empresarios privados vinculados a Maduro y a Tareck El Aissami, en sociedad con Irán, y que administren las bombas y traspasen una parte de la utilidad al gobierno iraní como pago por la venta de la gasolina. Esa, para él, sería la explicación de fondo.
El diputado Elías Matta (Zulia- UNT), presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, sostiene que con el gobierno de Maduro es muy difícil saber si la medida se va a extender a todas las estaciones de servicio que funcionan bajo este esquema y que se calculan en unas 180 a nivel nacional.
“Habría que ver cuál es el objetivo de este proceso de retoma de las estaciones por parte del Ejecutivo, además de una manera tan abrupta. Uno pudiese pensar que se trata de un probable acuerdo con los iraníes a objeto de que éstos puedan recuperar las refinerías, pero habría que pagarles de alguna forma y esa forma puede ser que ellos vendan sus productos al precio internacional”, dice Matta, coincidiendo con lo planteado por el diputado Guerra.
Ambos también coinciden en las consecuencias que puedan derivar de esta decisión.
“Como señal es pésima, porque nadie se va a meter en Venezuela ni va a invertir por el miedo a la expropiación. Esto le causa un daño terrible a las expectativas de la gente que quiere invertir, porque de un día para otro te pueden expropiar sin compensación. Básicamente, una confiscación sin indemnización de ningún tipo y así nadie invierte en un país”, asegura Guerra.
En la misma linea, Matta expresa: “Lo que sí es cierto es que esto genera una desconfianza en la inversión privada terrible. Esta inseguridad jurídica le hace un daño al país”.
Otra consecuencia para Matta es que todo lo que ha nacionalizado, tanto el gobierno de Chávez en su momento como el gobierno de Maduro, ha terminado “muy mal”, por lo que no augura sino un pésimo servicio en esta rama de servicios como, de hecho, ya se registra.
