La Procuraduría Especial del gobierno interino de Juan Guaidó emitió un comunicado este miércoles 3 de junio, en el que aclara que el nuevo refinanciamiento de deuda de Citgo Petroleum Corporation no requiere de la autorización y control por parte de la Asamblea Nacional, como está establecido en el artículo 187 de la Constitución, ya que no se trata de una empresa constituida en Venezuela.
Citgo, filial de Pdvsa domiciliada en Estados Unidos, anunció el martes 2 de junio una oferta de pagarés con vencimiento a 5 años hasta por $750 millones, ajustada a la Ley de Valores de 1933 de ese país.
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De acuerdo con la Procuraduría Especial del gobierno interino, las facultades de control de la Asamblea Nacional se extienden a los contratos suscritos por órganos y entes de la Administración Pública de Venezuela definidos en la ley regulatoria respectiva, no en el caso de la filial de la estatal petrolera domiciliada en el exterior.
“Esas facultades de control no pueden ejercerse extraterritorialmente respecto de filiales de PDVSA constituidas en el exterior, ni respecto de contratos ejecutados en el exterior no relacionados con el giro o tráfico de PDVSA”, precisó la instancia del gobierno interino en el comunicado.
La operación de refinanciamiento tiene su basamento en contratos suscritos en el extranjero y no tienen relación con el giro o tráfico de Pdvsa, advirtió la Procuraduría Especial.
“En concreto, este es el caso del refinanciamiento del Bono Citgo 2020, que fue emitido en 2016 como una deuda asegurada. Cabe acotar que la operación de refinanciamiento versa sobre la obligación original, contraída en 2016, y no sobre la garantía otorgada en su momento”, precisó la instancia en el comunicado.
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La Procuraduría Especial del gobierno interino enfatizó que el argumento relacionado con la autorización de la Asamblea, necesaria en casos en los que se usan activos de la nación como garantía, fue expuesto en lo relacionado con el Bono PDVSA 2020.
“En efecto, ese Bono fue emitido por PDVSA, para supuestamente financiar operaciones propias de su giro o tráfico, pero otorgando en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. Esa garantía fue otorgada en beneficio del giro o tráfico de PDVSA. Por consiguiente, los contratos del Bono PDVSA 2020 sí se someten al control previo de la Asamblea, al ser contratos de interés público nacional suscritos por un ente de la Administración Publica Nacional domiciliado en Venezuela”, especificó la instancia.
Citgo, cuya junta directiva fue designada por el Parlamento, especificó que tiene la intención de usar los ingresos netos de los pagarés para el pago de $614 millones pendientes del préstamo con vencimiento en 2021 y los intereses acumulados, además del pago de honorarios y gastos relacionados con oferta, capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
