Caracas.- En un ejercicio legislativo que tenía algún tiempo sin ocurrir, dado los problemas de reconocimiento entre instituciones del Estado, este miércoles 29 de julio, parlamentarios de las Comisiones de Energía y Petróleo, Finanzas y Contraloría escucharon e interpelaron a las vicepresidentas de las juntas ad hoc de Monómeros y Pequiven, Carmen Elisa Hernández y Diana Bracho, respectivamente.
La vicepresidenta de la junta ad hoc de esta empresa, ubicada actualmente en Barranquilla, Colombia, Carmen Elisa Hernández, habló de las irregularidades que encontraron cuando tomaron control de la empresa en 2019.
Entre ellas, el alquiler de tres aeronaves a una empresa constituida cuatro días antes del contrato. Otra irregularidad es que las anteriores autoridades de la empresa suscribieron contratos que prevén cláusulas de penalización de hasta 1.200 millones de dólares. Además, hay litigios por contrataciones de unos servidores destinados a Pequiven.
Una de las que más llamó la atención fue la concentración del 70 % de los contratos de la empresa en manos de un solo grupo financiero, del cual Hernández no dio el nombre, alegando que estaban en trámites legales que se lo impedían. Se trataría de los seis contratos más importantes de Monómeros que estaban en manos de este grupo. También refirió que han contratado a bufetes de abogados para hacer frente a estos casos y nombró a Moncada abogados, Chapman Asociados y Brigard Urrutia.
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En cuanto a los logros, se refirió al plan de inversión para este 2020 que llega a 27 mil millones de pesos. Fue enfática en señalar que serán los accionistas (AN) los que decidan qué hacer cuando haya dividendos.
Además, explica que, aunque ya tienen licencias de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (Ofac por sus siglas en inglés), lo cual considera uno de los logros, el financiamiento ha sido muy difícil. Han logrado comprar materia prima a 90 días de plazo. Otro logro es que que la Superintendencia de Sociedades de Colombia liberó del control a la empresa.
También aseguró que se estabilizó y normalizaron los procesos administrativos a través del sistema de información interna con el software SAP 4/HANA. Esto, luego que el gobierno de Maduro desconectara el servidor central, ubicado en Pequiven, al perder el control de la empresa.
Hernández señaló que en el primer semestre de 2020, Monómeros registró una utilidad de 10.351 millones de dólares, un incremento de 221 % con respecto al mismo período del año anterior.
En cuanto a Pequiven, Diana Bracho indicó que buscan construir “un sistema de transparencia” y resaltó cuatro logros, uno de ellos el control y recuperación de Monómeros S.A.
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Otro fue que la Junta administradora ad hoc de Pequiven autorizó, en la asamblea de accionistas de Monómeros, el reverso de la utilidad decretada en el ejercicio 2018, ya que la administración anterior pretendía pagar a los accionistas la cantidad de 20 millones de dólares que no existían en el balance general. «Y así, seguir desfalcando las arcas de la empresa», según dice Bracho.
También se logró la distribución de utilidades decretada en el cierre de balance de ejercicio de 2019, aportados en la reserva de Monómeros colombo-venezolanos. La compañía registró pérdidas por un valor de 25.792.704.000 pesos; sin embargo, la compañía presentaba saldos por concepto de reserva ocasionales distribuibles.
Específicamente, reservas para inversión en equipos por 30.694.250.000 pesos y, además, 6.000.000.983 de resultados acumulados distribuibles provenientes de años anteriores. Bracho explica que la junta tomó la decisión de conjugar con la pérdida en el ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre de 2019 con el total de las reservas distribuibles acumuladas que presentaba la sociedad a esa fecha y mantener un saldo como reserva financiera por un valor de 11.000.884.702 pesos, lo que aportaría a la empresa la recuperación del balance.
Además se aprobaron acciones penales y administrativas contra Pedro Lugo, exgerente general de Monómeros entre septiembre de 2013 y junio de 2019. Bracho señaló que Lugo suscribió contratos que resultaron ser adversos y causaron graves perjuicios a la empresa. Se interpuso también una demanda ante la Superintendencia de Sociedades en Colombia y ante la Fiscalía de ese país.
