Caracas.- Luego de que este martes, 24 de marzo, se publicara en Gaceta Oficial el paquete de medidas que según Nicolás Maduro contrarrestará la crisis económica que se cierne sobre el país con la llegada del coronavirus al país, economistas y gremios aseguraron que las decisiones son insuficientes.
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El analista de riesgo bancario Leonardo Buniak opinó que “es fácil notar que el grueso de las medidas se centra una vez más en propuestas populistas de expansión de gasto público con fines clientelares. Una vez más el carnet de la patria, mecanismo de control político y social, vuelve a ser el epicentro de la estrategia de política económica de Nicolás Maduro”.
Explicó que la resolución más relevante y donde existían mayores expectativas pudiera ser la de mayor preocupación para el sector productivo, y muy especialmente para la industria bancaria nacional.
El economista Buniak dijo a El Pitazo que “la decisión de Maduro de ordenar la suspensión de los pagos de capital e intereses a todos los créditos otorgados supone un golpe directo al corazón del sistema bancario».
A su juicio, la principal fuente de rentabilidad y de solvencia de una institución financiera es la contabilización de ingresos por créditos otorgados. «No hacerlo durante un semestre en medio de un proceso de hiperinflación que multiplica al alza los gastos administrativos, en un contexto donde la colocación de créditos está extinguida, supone casi decretar la inviabilidad e insostenibilidad del sector”.
Aseguró que en estos momentos se requiere con urgencia «un plan de estímulos monetarios y fiscales en línea con lo que estamos viendo internacionalmente, que permita dinamizar una economía que viene de una contracción acumulada de casi 70% en los últimos 24 trimestres. La política monetaria y fiscal debe estar al servicio de este propósito”.
El economista Buniak coincidió con representes de gremios que señalan que hay que flexibilizar el régimen tributario. “Esto debe incluir los diferimientos de los pagos del Impuesto Sobre la Renta (Islr) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), además del otorgamiento de subsidios directos a los estratos de la población de menores recursos. Resulta imperativo y necesario que el gobierno de Nicolás Maduro dé marcha atrás en su empeño de asfixiar con nuevos y mayores impuestos, multas y sanciones al frágil sector privado”.
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Consecomercio: dudosa legalidad
La comisión de economía de Consecomercio emitió un comunicado el 24 de marzo en el que analizó el alcance de las medidas anunciadas por el Ejecutivo. El equipo de la entidad gremial señaló que representan un retroceso para el desarrollo de la actividad económica en el país.
Si bien se reconoce el hecho de que el Ejecutivo Nacional esté desarrollando medidas proclives a paliar la compleja coyuntura derivada del COVID-19, no deja de ser cierto que cualquier tipo de decisión relativa al tema económico debe ser cónsona con la naturaleza del mercado y de la propia dinámica productiva y comercial de Venezuela.
En el tema de la suspensión del pago de intereses y capital a los créditos comerciales, la comisión advirtió que “la suspensión profundizará las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación financiera. Si bien es cierto que en el corto plazo esta medida pudiera significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para las mismas”.
Recomendaron al gabinete de Maduro “unir esfuerzos con el sector privado de forma tal que este se convierta en un aliado para mitigar y paliar las circunstancias que estamos atravesando. La experiencia mundial sugiere que el sector privado puede convertirse en un pivote para optimizar el manejo de la crisis”.
