Caracas.- La recuperación del sector energético de Venezuela, cuyo declive estructural mantiene al país bajo continua zozobra ante los apagones que se registran a diario en diferentes regiones, requerirá inversiones de entre 10 y 15 mil millones dólares por las próximas dos décadas aproximadamente.
Esta fue la principal conclusión del seminario “Políticas Públicas para Incentivar la Inversión Privada de Energía”, organizado este 22 de octubre por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). El evento contó con la participación del economista y ex miembro del Directorio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Toro Hardy y el ingeniero industrial David Morán.
Ambos expertos coincidieron en que para ejecutar la tarea de restablecer la generación eléctrica primero se necesitará reactivar a todos los sectores de la economía, en especial el petrolero, todo esto condicionado a un cambio de modelo económico de “180 grados”.
Toro Hardy advirtió que el estado actual de Pdvsa es dramático, tomando en consideración que hasta hace una década aportaba el 95% de todas las divisas que le ingresaban al país y que eran las que hacían funcionar el andamiaje de la economía venezolana.
LEE TAMBIÉN
Especialista advierte sobre caída de línea de 765 kv que afectaría el sistema eléctrico
Pero hoy en día las condiciones son diferentes. La producción petrolera ha caído a mínimos históricos. De acuerdo con cifras de la Opep, entre los años 1998 a 2020 pasó de 3,3 millones de barriles de crudo diarios (b/d) a cerca de 350 mil b/d, con una tendencia a seguir decreciendo, señaló Toro Hardy.
“Si no se realizan inversiones entonces no vamos a contar con las divisas necesarias para reactivar los demás sectores”, insistió.
Inseguridad energética
En su intervención, Morán expuso que actualmente Venezuela atraviesa una crisis energética descomunal, derivada por el fracaso del modelo socialista que impusieron los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. “El venezolano está llegando a su consumo de energía más bajo de la historia. La paradoja es que no es por falta de recursos. Establecieron dos monopolios: Corpoelec y Pdvsa”, pero “ambos fracasaron, están destruidos y en quiebra”, señaló.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufre por la paralización de 70% de las unidades de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, líneas de transmisión en franco deterioro y un sistema de distribución colapsado por sobrecarga.
Bajo estas condiciones, recalcó el ingeniero, no hay posibilidad alguna de satisfacer la demanda eléctrica, cercana a los 14.000 megavatios (MW).
“Todavía no se ha entendido la inseguridad eléctrica que tiene este país. Pensábamos que esto sería muy superable en el corto plazo y la realidad es muy dolorosa. Va a ser bastante más complejo. Necesitamos hacer muchas cosas”, dijo Morán.
Para el experto, el reto de la sociedad venezolana en los próximos años es obtener un índice de seguridad energética de “baja a moderada” en un lapso de dos años. “En cinco años, una seguridad mediana y de ahí a los próximos 100 años tener una altísima seguridad energética”, estimó.
LEE TAMBIÉN
#12Oct: venezolanos comparan fallas del servicio eléctrico con era colonial
Reducir el riesgo país
Toro Hardy considera que, si el país es capaz de crear las condiciones para atraer las inversiones extranjeras, respetando la propiedad privada, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el país podría comenzar a recuperar la confianza de mercados internacionales y podría obtener un flujo de divisas para atender la recuperación de toda la red de servicios públicos.
“El problema es que estamos contra reloj, la Agencia Internacional de Energía ha dicho que la demanda de energía podría crecer, pero a partir del 2020 en adelante comenzará a estabilizarse y después a caer al ser sustituido el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes, de allí que muchas grandes empresas petroleros en el mundo se están dirigiendo hacia esa vía. De manera que eso hace que sea urgente que en Venezuela tomemos las medidas necesarias y las decisiones imprescindibles para poder atraer esos capitales que vamos a requerir”, explicó.
Entre tanto, Morán dijo que otro ángulo a tomar en consideración para favorecer futuras inversiones será la reducción del riesgo país de Venezuela, marcador que en 2020 batió récord negativo, según el índice EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés) que elabora la empresa financiera JP Morgan.
“Venezuela recientemente estuvo rozando los 35.000 puntos de riesgo, cuando los países latinoamericanos tienen un riesgo entre 200 o 300 puntos”, alertó el ingeniero.
LEE TAMBIÉN
Venezuela ha recibido 20 inversiones mediante Ley Antibloqueo, según Maduro
En este contexto, la inversión privada en los últimos años ha sido casi inexistente en el país. El Estado no sólo aumentó su presencia en la economía, sino que también incrementó la regulación e intervención de la actividad privada. A medida que esto ocurría, la inversión privada cayó sustancialmente, pasando del 15,9% del PIB en 1998 a un estimado del 2,1% en 2018, indicó Morán.
“El riesgo país impide la llegada de inversión privada”, insistió el ingeniero, quien apuntó que aplacar este indicador pasa, en primer lugar, por recuperar la economía nacional, atacar la inflación, reducir la deuda externa (alrededor de 155,9 billones de dólares) y garantizar estabilidad gubernamental.
En este sentido, Toro Hardy planteó que, de llegarse a concretar modificaciones al marco legal, este debe pasar por cambiar la mentalidad estatista de los venezolanos a favor de una menor participación del Estado en el PIB, para enfocarse en sus funciones fundamentales como es la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la defensa territorial. “El peso relativo del sector privado va a ser mucho mayor, porque de otra manera no será posible que el país salga de esta crisis profunda en la que estamos sumidos”, aseguró.
Proyectó que en un futuro, a partir de un cambio político, también deberá ser mayor la participación del sector privado en los demás servicios públicos, como electricidad, agua potable, telefonía, por lo que se mostró convencido que de existir mejor calidad servicios el venezolano estaría dispuesto a pagar mayores tarifas.
